La declaración, este 19 de enero, del exdiputado por Segovia, Jesús Merino, en el juicio del caso Gürtel (primera época, 1999-2005) que se sigue en la Audiencia Nacional no ha sorprendido. El segoviano negó haber recibido dinero alguno de la trama corrupta o haber colaborado para que las empresas de la trama lograran contratos de la administración regional, ni haber facilitando que los de Gürtel se hicieran con la campaña de los populares en 2003, sobre la que ha remarcado que “yo no tenía ninguna responsabilidad en la ejecución de campañas de PP. No participé en esa campaña porque estaba haciendo la de Segovia. No entiendo como puede decir [el cabecilla de la trama, Francisco Correa] que me ha gratificado por una campaña que no puedo contratar, ni ejecutar, ni pagar”.
En su negación de cualquier vinculación con la trama, el exvicepresidente de la Junta tiró de ironía para preguntarse “qué relación tan intensa es esa que me atribuyen cuando no estoy en las listas de regalos o de viajes y ni aparece mi nombre. No he recibido ninguna cantidad”, insistió.
La fiscalía sospecha que Merino, junto Luis Bárcenas, a Gerardo Galeote y Jesús Sepúlveda habrían utilizado empresas pantalla como Spinaker 2000 para canalizar el cobro de comisiones por trabajos realizados para la trama.
En el mismo juicio, el pasado octubre, Correa vinculó al Merino con las siglas “J.M.” que aparecen en la contabilidad B del partido popular y aseguró haberle pagado comisiones, pero Merino ha sido tajante proclamando que nunca cobró dinero de la trama ni intermedió a favor de empresas.
De hecho, aseguró que su influencia en la Junta se esfumó en 1999, cuando fue elegido diputado y comprobó que en Valladolid “la mitad de la gente que estaba, ya no está” aunque la insistencia de la fiscal, Concepción Sabadell inquiriendo si desde el puesto de diputado mantenía su capacidad de persuasión en la región le llevó a pronunciar una frase de negación con otra de duda: “Desde luego que no, pero conociendo como funcionan las comunidades autónomas…” aunque no llegó a acabar la sentencia, cortado por otra pregunta de la propia fiscal.
Sí reconoció que siendo diputado, Pablo Crespo —considerado el número dos de Gürtel— le pidió un borrador de un concurso sobre un proyecto destinado a la mujer que “le pedí a la consejera” para facilitárselo, aunque poco después admitió que había hecho la gestión en su despacho y que en cualquier caso, esa fue la única vez que buscó documentación para Crespo, con el que nunca participó en sus inversiones, según subrayó.
La fiscalía sostiene que Merino y otros miembros de la trama beneficiaron a distintas empresas relacionadas con Correa, como Constructora Hispánica, Teconsa o Sufi y en su interrogatorio trató de acorralar al exdiputado sobre su relación con esas firmas a través de empresas de asesoría creadas por el propio Merino o, en la mayoría de los casos, su esposa, Ana Isabel Gutiérrez, también encausada, supuestamente para dar opacidad a los cobros de comisiones.
Trabajos inacabados y empresas dudosas.
En este marco, se interesó especialmente por la relación con el grupo Roca, con cuyo presidente estableció contacto por mediación de Bárcenas, para el que trabajó como letrado y asesor entre 2001 y 2009 y para el que creó otra empresa, Enercor, con el fin de tramitar y captar subvenciones para la creación de una serie de plantas de cogeneración de purines, una operación que se quedó en una sola planta, en Langa de Duero (Soria) y ninguna subvención lograda.
Pese a todo, Merino cobró —aunque casi al final de su relación con el grupo— 150.800 euros declarados por las gestiones realizadas y Bárcenas, 43.773 euros por un estudio económico teóricamente incorporado al trabajo que sin embargo no se ha podido encontrar para su inclusión en el sumario.
Sorprendida por el hecho de que Merino trabajara para el grupo catalán sin cobrar durante años y manteniendo el desarrollo del trabajo de elaboración de informes pese a que el grupo ya había desechado desarrollar el proyecto de plantas, Sabdell insistió en sus preguntas haciendo que el segoviano acabara variando su declaración para afirmar que Roca le había encargado otros trabajos para inversiones en el extranjero, aunque estos proyectos tampoco cristalizaron, para justificar la larga relación laboral que la Fiscalía cree ficticia y sostenida únicamente para dar opacidad a cobros ilegítimos a cambio de favores de los políticos, una teoría que afianza la innecesaria presencia de Pablo Crespo como mediador entre las partes.
Merino se enfrenta a una petición de tres años y nueve meses por los delitos de cohecho, blanqueo y falsedad continuada al haber amañado adjudicaciones de contratos públicos a favor de las empresas de Correa por las que se habría embolsado 318.000 euros en comisiones.
20 enero, 2017
A ver… qué te voy a contar 😉