Los usuarios fijos del parking de Zorrilla se constituirán en comunidad

Posted By Redacción on 23, Feb, 2018

La alcaldesa, el concejal de Urbanismo y los técnicos municipales durante la reunión.

Los propietarios de las 103 plazas de en régimen de cesión del parking de José Zorrilla se constituirán en comunidad de propietarios para afrontar la situación si la UTE Collosa-Pigsur acaba cumpliendo su amenaza de abandonar la instalación el próximo 28 de febrero, un supuesto que en el Consistorio aún creen que puede “ser un farol” de la exconcesionaria pero que, de cumplirse, puede dejar sin su plaza a partir del 1 de marzo a otros 60 titulares de contratos temporales de alquiler.

La alcaldesa, Clara Luquero, acompañada por el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera y dos técnicos municipales, convocaron este 22 de febrero a los usuarios fijos del aparcamiento para ponerles en situación ante los cambios que supondrá la ruptura del contrato de explotación de la infraestructura ante la que también hay dudas en el lado municipal donde se enfrentan a “una situación inédita en el Ayuntamiento de Segovia” como es el abandono de una concesionaria de un servicio municipal.

Un usuario del parking formula sus dudas durante el encuentro.

La situación más compleja se produciría si Collosa-Pigsur acaba cumpliendo su amenaza y se marcha el próximo miércoles. En ese caso entraría en funcionamiento el “plan de contingencias” que esboza el Consistorio que prevé la ocupación del lugar para mantener el uso por los particulares que “compraron” sus plazas para 50 años para los que se mantendrá la puerta abierta en todo momento.

Otra cosa son los otros grupos de usuarios. Están aquellos que pagan alquileres anuales para los que los jurídicos municipales siguen estudiando una salida y las garantías de continuidad en el uso están ahora “en un cincuenta por ciento”, según explicaron los técnicos, optimistas ante la posibilidad de que puedan seguir usando sus plazas desde el día 1. Peor lo tienen los que usan estacionamientos pagados mediante abonos mensuales o temporales para los que las noticias no son buenas: “si la empresa abandona el día 28 tendrán que dejar de usarlas”, zanjaron los empleados municipales delante de Luquero.

Por las buenas, dos meses.

Más sencilla sería la fórmula “legal”, que la empresa haga la entrega de forma normalizada tras poner al día los desperfectos detectados, entregue el papeleo administrativo al día y finalmente, las llaves, un traspaso que eliminaría los traumas y permitiría el cambio natural de gestores sin causar problemas para los usuarios fijos y la puesta en funcionamiento de los aparcamientos en rotación en el plazo de dos meses. Esta vía, además, evitaría problemas a las empresas que “viven de trabajar para el sector público” y que podrían perder la capacidad de contratar con la administración si rompen el contrato “por las bravas”, tal como recordaron los convocantes del encuentro.

Precisamente, la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves responder a las amenazas de las empresas a las que insta a no abandonar las instalaciones como ha anunciado y a realizar las obras de corrección y mantenimiento de acuerdo con las condiciones que marca el pliego para lo que se calcula un gasto de 93.000 euros y se marca un plazo de dos meses lo que llevaría a mayo el momento en el que la administración municipal se haría cargo de la instalación y su gestión.

En ese tiempo, el Consistorio debería ser capaz de completar el estudio económico de la explotación y las modificaciones en los precios y tasas públicas para fijar las tarifas por los diferentes servicios en el aparcamiento, un trabajo que aseguraron que sí podrán realizar en ese corto plazo para acabar reabriendo una infraestructura “que será absolutamente mejor que la actual y funcionará como un parking vivo”, en palabras de Alfonso Reguera.

Recibos retenidos.

Los cerca de medio centenar de usuarios “fijos” del parking que acudieron a la convocatoria de los responsables municipales en la sala Julio Michel del complejo de la antigua cárcel mostraron su preocupación por la posibilidad de perder las plazas que utilizan pero también por la parte económica, un aspecto en el que los técnicos recomendaron que aquellos que abonan mensualmente sus alquileres retengan los pagos de los recibos hasta que se aclare si las empresas cumplen o no su amenaza mientras que aquellos que han realizado pagos anticipados acabarían viéndose obligados a reclamar a la propia UTE.