La Junta de Gobierno Local aprobó este 8 de septiembre la imposición —por segunda vez en tres meses— de penalidades a la operadora Vodafone por incumplir el contrato que firmó en febrero con el compromiso de prestar con garantías los servicios de telefonía y datos necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales, incluidos los de policía y bomberos que, por su naturaleza, requieren un funcionamiento óptimo en sus sistemas de comunicación.
“Hay problemas. Sinceramente, hay problemas”, se lamentaba la alcaldesa, Clara Luquero, que habló de “lentitud extrema en las comunicaciones e inoperatividad” en los servicios que debería prestar Vodafone pero que han llevado a que “lo que antes se hacía en media hora, ahora se hace en dos”, además de las incidencias referidas a fallos en las comunicaciones de cuerpos como el de la Policía Local y otros “que no nos podemos permitir”.
Lo cierto es que el Ayuntamiento se puede ver abocado a un proceso administrativo mucho más largo de lo que quisiera, dada la sensible naturaleza del servicio que se presta, el de las comunicaciones por internet y telefonía, calificado por Luquero como “vital”.
Un contrato de medio millón.
Vodafone España se impuso en el proceso de adjudicación del contrato a Telefónica, que ha prestado el servicio en las últimas décadas logrando 3,5 puntos más que su única rival en el proceso de baremación. El contrato tiene una duración de tres años ampliable a uno más, a razón de 120.803,77 euros anuales, es decir, 483.215 euros en total siempre que se cumpla el acuerdo en su totalidad. “Es un contrato de los gordos”, reconoce la alcaldesa.
La vía de la imposición de penalidades es la figura de sanción más ligera que prevé la ley ante el incumplimiento de las condiciones del contrato y también sus sanciones, que han de ser menores de un 10 por ciento del precio del contrato y que se “cobran” de la garantía depositada por el adjudicatario —en este caso fue de 6.040 euros— o se detrae de los pagos anuales.
Más complicada es la rescisión del contrato para la que es necesario el concurso de otras administraciones —nacional o regional— que deben dar su visto bueno a las decisiones municipales en este sentido y que por tanto se dibuja como un proceso largo.
Diputación
Recent From Noticias
Publicidad
Recent From Recomendados
El humor de Madrigal: 28 de abril 28, Abr, 2024
Libros + vendidos
9 septiembre, 2016
Según Murphy las cosas aún se pueden poner peor .
Mientras a los que aún quedamos en estos lares pagamos esta ronda también.
Hasta cuando?
10 septiembre, 2016
Ya le digo ‘Centén’, estoy por pasarles la nómina. Seguro que ponen solución con nueva subida de impuestos, como siempre. Es lo único que saben para cuadrar ‘sus’ cuentas (con sus emolumentos, claro).
10 septiembre, 2016
Parece mentira que las entidades publicas solo se fijan en el precio que dan los pujadores,si los particulares hiciéramos lo mismo estaríamos apañados. Pero como el “DINERO PUBLICO NO ES DE NADIE” así nos va.Mas suerte la próxima vez
11 septiembre, 2016
Me parece muy acertado tu comentario, prima sobre todo la oferta económica y luego la calidad del servicio.
11 septiembre, 2016
¿Permanencia? 3 años + 1
¡Ah!