Los responsables de la planta de compostaje de Fuentepelayo han hecho caso omiso a la orden de la Junta de retirar los residuos almacenados en una treintena de fincas de ese y otros municipios para lo que tenía de plazo hasta el 27 de julio, aunque el representante del Gobierno regional, Javier López Escobar advirtió, también ayer, que no se establecerán medidas inmediatas de sanción ya que los plazos de la administración están reglados y “son lentos”, para “garantizar los derechos de todas las partes”.
Incidiendo en la lentitud de movimientos de la maquinaria administrativa por el carácter garantista “para los vecinos, pero también para la empresa”, casi se disculpó apuntando que esta situación puede prolongarse en el tiempo, “más allá de lo que la gente querría”.
De este modo, los técnicos habrán de girar visita a la localidad, comprobar el estado de los depósitos de residuos y proceder a su retirada, de oficio, por la propia administración —que luego giraría los gastos a la planta— antes de iniciar un expediente sancionador contra la empresa que podría traducirse en una multa de 300.000 euros, según calculó.
Además, aunque aseguró “no tener constancia física”, López Escobar intuye que la empresa habrá presentado en el último minuto del plazo un recurso contra la orden que la obligaba a establecer un plan de retirada de los residuos, un movimiento que bloquearía temporalmente la puesta en marcha de cualquier expediente sancionador. También la existencia de un procedimiento penal abierto por los juzgados de Cuéllar contra la empresa impediría la actuación inmediata de la administración, relegada por la prevalencia de las decisiones de los jueces.
El delegado afirma que mantiene contacto, tanto con los vecinos, como con el ayuntamiento y con la empresa tratando de deshacer una madeja que “está liada, pero que acabará solucionándose”.
Subvenciones.
Por otra parte, el representante de la Junta en Segovia se refirió a las subvenciones que la empresa recibió entre 2010 y 2015 apuntando que las dos que llegó a percibir se solicitaron dentro de la legalidad y se abonaron “porque cumplió el objeto para el que fueron concedidas”.
Las ayudas fueron puestas al descubierto, dando cuenta de varias respuestas parlamentarias, por el procurador socialista, José Luis Aceves, que se quejó de la existencia de denuncias y expedientes contra la planta al tiempo que la misma administración otorgaba subvenciones, algo que consideró “muy raro” y que le llevó a proclamar la existencia de “gato encerrado” en la relación de la Junta con la empresa.
28 julio, 2016
Si es que hay mucha basura, la cosa no huele muy bien que digamos. Y, mientras no arda nada…