Posted By Redacción on 2, Ago, 2016

Los grupos de la oposición que el jueves lograron la aprobación de una moción para que se realice una auditoría técnica al Área de Urbanismo en contra de los deseos del Gobierno socialista no están dispuestos a que la iniciativa se quede en una mera declaración de intenciones y exigirán su cumplimiento, según han advertido sus portavoces ante las declaraciones del responsable del departamento, Alfonso Reguera, que reiteradamente ha asegurado que hará oídos sordos a la propuesta.

Reguera ha argumentado ante distintos medios que no está dispuesto a permitir la fiscalización del departamento ante los costes que supondría su aplicación, unos 250.000 euros, según sus cálculos, destinados a la contratación de personal para ejecutar el examen, un gasto que, a su juicio, los ciudadanos “no entenderían”. Para el socialista, las mociones son “declaraciones de intenciones” que no obligan a su cumplimiento, mientras que la propuesta “no aclara cual es la finalidad” del examen que se pretende y necesita además el informe favorable de la intervención municipal.

Sin embargo, los portavoces de la oposición se han mostrado tajantes a la hora de exigir que la iniciativa siga su curso y “lucharemos para que se ejecute”, sostuvo la portavoz de Ciudadanos, María José García, promotora de la propuesta, que recordó que el Gobierno local se jacta a menudo de cumplir las mociones “aunque parece que esta no les gusta”, ironizó.

Según dijo, lo que se pretende es “saber qué es lo que no marcha bien para evitar situaciones como la actual”, en referencia a las sentencias sobre expropiaciones millonarias que han recaído contra la ciudad en las últimas semanas.

También el portavoz de Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, apuntó su empeño en que se ejecute la voluntad mayoritaria del pleno e invitó a Reguera a “leerse el reglamento” municipal, donde se indican los mecanismos y obligaciones para ejecutar las mociones y, como hizo García, se refirió a la necesidad de aclarar qué criterios se siguen en el departamento para fijar los precios de las expropiaciones y que luego los tribunales multiplican como uno de los asuntos que deberá aclarar la auditoría “porque es evidente que algo no se está haciendo bien”.

Raquel Fernández, la número uno del PP, insistió en que la moción tendrá que aplicarse “porque la han aprobado 13 de los 25 conejales, aunque al concejal no le guste” y acusó a Reguera de utilizar el coste que calcula —“por su cuenta, puesto que no se ha valorado”— para su ejecución como “un pretexto”, en coincidencia con García, que afirmó que “no habría dinero mejor gastado en el Ayuntamiento” y Aranguren, que también tiró de ironía para señalar que “no parece importarle gastar millones en sentencias y pleitos, además de los intereses, pero sí en que sepamos porque se produce eso en Urbanismo”.

La moción de C’s instando a la realización de una auditoría técnica a Urbanismo se aprobó en el último pleno con los votos de toda la oposición, PP, Centrados en Segovia, C’s e IU, pese a los esfuerzos del concejal Reguera, que trató de negociar el cambio de postura de los distintos portavoces hasta el último instante, incluso con el pleno ya iniciado, aunque sin éxito.

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