Posted By Redacción on 17, Sep, 2022

El obispo de Segovia, César Franco.

El obispo es quien nombra a los sacerdotes y sus responsabilidades y no resuelve estos asuntos bajo presión ni respondiendo a reclamaciones de feligreses, vecinos u otros colectivos, por muchas campañas que emprendan. Es el resumen del comunicado que ha enviado a los medios de comunicación este 16 de septiembre la diócesis de Segovia para zanjar la polémica desatada en las últimas semanas por los nombramientos y ceses de curas en la provincia, especialmente por el referido al relevo del párroco de Aguilafuente, Aldea Real, Lastras de Cuéllar y Sauquillo de Cabezas, Jesús Torres.

La polémica arrancó en julio pasado, cuando César Franco decidió hasta trece traslados, ceses y nuevos nombramientos en la Diócesis, entre los que se incluía el cese de Torres, de 77 años, un sacerdote sumamente apreciado por los feligreses y los vecinos en general de las localidades en las que ejercía su trabajo, que no aceptaron la decisión e iniciaron acciones para exigir que el obispo rectificara. La campaña incluyó la recogida de firmas, de manera presencial y a través de la plataforma change.org y escritos y cartas abiertas a medios de comunicación.

La Diócesis ha permanecido en silencio hasta ahora, cuando considera que “se ha cumplido un tiempo prudencial para la reflexión”, pero también cuando los cambios están totalmente consumados. Lo hace con una advertencia tajante: “Estos asuntos de la Iglesia no se resuelven bajo presión de recogida de firmas o de cartas abiertas al obispo a través de la prensa, máxime si se parte de informaciones sesgadas y posiciones preconcebidas, o se recurre, en alguna de ellas, al insulto, la descalificación o ciertas actitudes de amenaza que se invalidan por sí mismas. Tampoco las cartas sin firmar son dignas de consideración. Por otra parte, proponer soluciones pastorales cuando se desconocen todos los datos, que afectan no solo a la parroquia en cuestión, sino al bien general de la diócesis, supone, cuando menos, una enorme ligereza”.

En el texto se resalta la “responsabilidad exclusiva” de Franco para nombrar sacerdotes en la provincia, “asesorado por el Consejo episcopal y en diálogo con los afectados (…) incluido el párroco de Aguilafuente, con quien se han tenido, al menos, tres conversaciones”, una de ellas directamente con el obispo, se explica para subrayar que “no responde a la verdad” que no se hablara con el cura. Se explica además que cuando un obispo o un sacerdote cumple 75 años, el Código de Derecho Canónico prescribe que dirija una carta al Papa o al obispo, respectivamente, presentando su renuncia al cargo que ostenta. El Papa o el obispo puede aceptarla de inmediato o dilatar la aceptación hasta el momento en que, debido a las circunstancias personales y pastorales, considere más oportuno y prudente. “La reorganización pastoral de la zona de Aguilafuente y Mozoncillo ha exigido hacerlo ahora”, recalca.

Tras explicar que los sacerdotes siguen ejerciendo su ministerio y prestando servicios tras su dimisión, desde la Diócesis se insiste en que “la idea de que un sacerdote tiene ‘derecho’ a estar en una determinada parroquia no corresponde ni a la naturaleza de su ministerio —que requiere la total disponibilidad prometida en la ordenación—ni a la naturaleza eclesial de la parroquia, que no es propiedad del sacerdote, como dejó claro la reforma del Concilio Vaticano II con la supresión de las parroquias en posesión”.

“Es gratificante comprobar el aprecio de las comunidades a sus sacerdotes. Y es comprensible que los cambios producen en ocasiones tristeza y cierta frustración, pero no hay que olvidar que los cristianos, como dice san Pablo, no somos de Pedro, de Pablo o de Apolo, sino de Cristo, y debemos trabajar por el bien de toda la diócesis superando los particularismos de las propias comunidades”, concluye.

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