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La Audiencia aboca al juicio oral a 12 responsables de la Caja por el caso Torreón

La operación en la que el Torreón fue hipotecado, mas cerca del juicio oral.

La Audiencia provincial de Segovia ha rechazado la práctica totalidad de los recursos presentados por las defensas de las personas investigadas por el caso del Torreón de Lozoya —por el que se asumió la deuda fiscal de una empresa participada, Navicoas, usando el monumento como aval de un préstamo hipotecario— amparando así la decisión del juez del número 5 de dar continuidad a las diligencias para situar el proceso ante la fase de juicio oral por presuntos delitos de administración desleal.

El juez mantiene encausados a los que entonces eran los máximos responsables de la entidad y a los miembros del consejo de administración, mientras que deja fuera del proceso al exdirector general de la entidad cuando se tomó la decisión, Fernando Tapias, al entender que no tenía capacidad de voto en el consejo.

El listado de los doce investigados que se sentarían en el banquillo en el caso más que probable de que se abra juicio oral incluye al presidente, Atilano Soto; el vicepresidente, Manuel Agudíez junto a Jesús Manuel Yubero; Elena García; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; Concepción Monte; José Luis Sanz Merino; Alfredo Velasco; Antonio Rodríguez y Miguel Ángel de Vicente, entonces secretario del Consejo.

Delito por omisión y la salvación de Varas y Agudiez.

La Sala que preside Ignacio Pando subraya el “indudable perjuicio patrimonial” que la decisión de asumir la deuda de Navicoas e hipotecar el Torreón para pagarla tuvo para la Caja y alude a los informes de diversos asesores y de la Agencia Tributaria para confirmar que ninguno de ellos reflejaba que Caja Segovia tuviera una responsabilidad directa sobre la deuda de la empresa asturiana con Hacienda que obligara a la entidad segoviana a asumirla.

“Quien si era administrador de derecho de Navicoas era Inversiones y Desarrollos 2069 Madrid S.L. representada por Manuel Agudiez, vicepresidente de Caja Segovia y Óscar Varas, que había sido en otra época alto responsable de la Caja”, apuntan los jueces para afirmar que “la presencia de estos dos administradores de derecho en el consejo de administración de Navicoas puede ser la clave de la actuación presuntamente delictiva de todos los imputados” ya que sobre ellos si podía haberse producido una derivación de responsabilidades por la deuda de Navicoas que habrían tratado de evitarse asumiendo la Caja esa responsabilidad.

En este mismo sentido, en el texto legal se alude a la actuación concreta de Atilano Soto tratando de “salvar” a Agudiez y Varas y que “de manera inexplicada, sólo dos días antes de la celebración del consejo del Banco Financiero y de Ahorros ofrece hacerse cargo del aval tras decisión de su consejo de administración sin ninguna razón objetiva que lo justifique”.

Manuel Agudiez, aguardando a declarar en el juzgado Nº5, hace ahora tres años.

La Audiencia rechaza igualmente eximir a los consejeros que argumentaban en sus recursos creer que estaban actuando en beneficio de la entidad puesto que la administración desleal es un “delito de resultado, por lo que nada impide su comisión por omisión”. “Nada impidió a todos y cada uno de los imputados haberse cerciorado, aún más concienzudamente, de la existencia de una alta probabilidad de que Caja Segovia pudiese ser responsable por derivación de la deuda fiscal de Navicoas (…) y al no haber actuado así, su comportamiento rebasa el límite de la culpa para adentrarse en el dolo”, continúan los jueces, que recalcan también que la firma del préstamo se produjo cuatro meses después “tiempo de sobra para que los imputados pudiesen haber revertido la toma de acuerdo informándose, cerciorándose con una suficiente y juiciosa información y comprobando con seriedad las posibilidades reales de que Caja Segovia tuviese que responder por la deuda de Navicoas”.

Duro rechazo a IU

Los magistrados de la Audiencia provincial se muestran especialmente contundentes a la hora de rechazar las alegaciones presentadas por IU y su intento de introducir nuevos delitos y responsables de los mismos.

Los responsables regional y provincial, junto al abogado de IU, ante a la antigua sede de la Caja.

La formación, acusación popular en el proceso, pretendía que se contemplara el delito de blanqueo de capitales contra cuatro consejeros de Navicoas que se habrían beneficiado de la posible administración desleal en Caja Segovia para evitar que recayera sobre ellos las sanciones de la posible derivación de la deuda de Navicoas, aunque para los jueces, sus actuaciones se realizaron en un momento en el que “no existía conciencia razonable, ni siquiera probable, de que la decisión que tomo Caja Segovia de asumir o hacerse cargo del aval pudiera resultar manifiestamente delictiva”.

Por otra parte, la Sala considera que la petición del delito de estafa contra tres asesores que mediaron entre la Agencia Tributaria y Navicoas se ha presentado “sin una extensa ni precisa fundamentación”, “sin ningún rigor comprobable” y con “falta de exactitud”, por lo que también rechaza las pretensiones de esta parte del recurso.

También se rechazan sin demasiadas profundidades las pretensiones particulares de Jesús Yubero y Elena García Gil, a los que mantiene su calidad de investigados, mientras que sí admite el del exdirector, Fernando Tapias, liberado así definitivamente de este proceso y su posible juicio oral.

Author: Redacción

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