Espíritu comunero en el artículo 47

Posted By José Luis Aceves Galindo on 21, Abr, 2024

El martes día 23 de abril se conmemora el 503 aniversario de la batalla de Villalar de los Comuneros, declarada la fiesta de la Comunidad de Castilla y León. Ese movimiento comunero, inspiraba los valores de libertad y justicia que continúan siendo aliento necesario de la sociedad de hoy día. Aunque muchos ciudadanos españoles, y de otras latitudes, no sean conscientes de la importancia de este referente histórico, que fue sin duda la primera revolución liberal moderna. La Batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, supuso la derrota del movimiento comunero y el ajusticiamiento de sus principales líderes, reconocidos como capitanes del pueblo, pero impregnó de forma heroica el espíritu a las generaciones venideras.

Las tres figuras más visibles de aquel movimiento: el toledano Juan de Padilla, el segoviano Juan Bravo y el salmantino Francisco Maldonado, tienen su impronta en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, como símbolo de la lucha por las libertades y la justicia social. Por todo ello, los intentos de la ultraderecha, apoyados por el PP en Castilla y León, para intentar una vez más, terminar con la celebración de la fiesta de la Comunidad en la campa de Villalar, desviando fondos y el foco mediático para hacer actos festivos en otros lugares, no tendrá recorrido, porque ese espíritu comunero, hoy en día volverá a demostrar que sus raíces son profundas y por encima de sus detractores.

Y continuando con ese espíritu comunero, los socialistas apostamos con firmeza por convertir esta legislatura en la del asentamiento del quinto pilar del estado del bienestar, como es la vivienda. Contribuimos con firmeza al asentamiento de los otros pilares: educación pública, sanidad pública, pensiones públicas y dependencia.

Es necesario recordar que el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Esto tiene espíritu comunero también.

Pero la evidencia jurídica marca que en nuestra tierra, la Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de vivienda, conforme al artículo 70.1.6.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Esto significa que la Junta de Castilla y León, debe ejercer esa competencia, facilitando ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía de poder disponer de una vivienda en condiciones adecuadas. Y la pregunta que una parte importante de la sociedad segoviana se hace es: ¿Cuál es el motivo por el que la Junta, gobernada por el PP y ahora apoyada en Vox, no cumple sus competencias y desarrolla un plan autonómico de vivienda pública en condiciones adecuadas? La respuesta es muy simple, siempre su interés es defender a los más poderosos (aunque lo escondan), dejar a su suerte a la clase media y trabajadora, con menos posibilidades a la hora de acceder a la compra o alquiler de una vivienda. Por eso, no se construye vivienda pública en Segovia.

Tuve el inmenso honor, de poder utilizar mi voto delegado por los segovianos, la pasada legislatura y apoyar la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Un texto necesario para impulsar las políticas públicas de vivienda, y que, con toda normalidad, la derecha dice que donde gobierna no quiere aplicar. Los segovianos deben ser conscientes del momento trascendental que vivimos con las oportunidades de impulsar estas políticas de vivienda, con financiación de fondos europeos y con ayudas del gobierno de España. No nos podemos permitir el lujo de desaprovechar la ocasión y debemos demandarlo, desde cualquier entidad o lugar de la provincia que quiera avanzar.

El Plan Estatal de Vivienda 2024 es la piedra angular de la política de vivienda, dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a través de subvenciones directas y avales que minimizan los obstáculos económicos. El Gobierno de España aprobó el año pasado el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Pero sorpresa, la junta de castilla y León, como una mera caja registradora, sólo gestiona los fondos estatales y lo hacer incumpliendo plazos y en malas condiciones, sin implementar políticas que lo complementaran, como vivienda publica rural para adquisición o alquiler.

También es urgente que la Junta de Castilla y León del PP y la ultraderecha, declaren la ciudad de Segovia como zona tensionada de vivienda para limitar los precios de alquiler adaptándolos al índice publicado por el Ministerio de Vivienda, que ha dejado al descubierto que los precios están muy por encima de la capacidad económica de la mayoría de los vecinos y vecinas de la capital.  También algún que otro municipio segoviano lo necesitaría.

Ese espíritu comunero, me hace levantar la voz y pedir a la Junta que frene esa escalada de precios de los alquileres y de las adquisiciones, y facilite el derecho a la vivienda a la población segoviana. Las familias soportan una carga de hipoteca o alquiler más gastos de suministros básicos que suponen más del 30% de la renta media del hogar y, además, el precio de compra o de alquiler ha incrementado más de 3 puntos el IPC. En el caso de Segovia, el alquiler ha evolucionado en los últimos 5 años con una subida de un 26,5%, incrementándose solamente en el último año un 22,3% y el precio de venta ha aumentado en un 15% en los últimos cinco años, situando a Segovia como la ciudad con los alquileres más altos de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

En los últimos meses hemos elevado iniciativas a las Cortes de Castilla y León y al Ayuntamiento de Segovia para ampliar el parque público de vivienda aprovechando el dinero procedente de los fondos europeos consagrados por el Gobierno de España, como puede ser el desarrollo del PRAU de Las Lastras, que contempla más de 500 viviendas públicas.  Desde el Gobierno municipal del PSOE hasta 2023, trabajamos para que cuatro barrios de la ciudad desarrollaran políticas de regeneración urbana y para eso se encargó la redacción de las cuatro memorias para los barrios de San Millán, El Salvador, San Lorenzo y San José.

Pero hemos comprobado como el PP en el Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, sin explicar cuáles han sido los criterios, han decidido limitarse solo a dos barrios (San Millán y El Salvador), mientras la Junta no pone un solo euro, obligando a los particulares a realizar fuertes desembolsos, inasumibles para personas y familias de rentas bajas.

Necesario es recordar también la apuesta por las viviendas colaborativas del Gobierno municipal socialista, aprobando en marzo de 2023 la cesión de una parcela a SOMACYL, junto al INSS, para la construcción de 100 viviendas, que a trompicones siguen toreando su impulso.

Y para terminar el repaso en la ciudad, el PP ha paralizado el plan en el antiguo solar de bomberos para la construcción de otras 56 viviendas públicas y tampoco ha movido un dedo para desarrollar el sector de suelo urbano no consolidado del Antiguo Regimiento, de 20.422 metros cuadrados, donde están previstas otras 127 viviendas protegidas.

El espíritu comunero nos hace seguir con firmeza defendiendo esos valores y en materia de vivienda multiplicado por 47, como el artículo constitucional que lo representa. ¡Viva Villalar!

¡Viva Castilla y León!

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