Entre trásfugas, mociones y elecciones, pasan cosas. Es lo que ha debido de pensar el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando se ha hecho pública la intención de su Ministerio con respecto a la futura Ley de Vivienda.
Según el acuerdo de Gobierno que no deja lugar a ninguna interpretación, una de las medidas en torno a la política de vivienda era “Frenar las subidas abusivas del alquiler. Y para ello se impulsarán medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.
Así que no, por mucho que en la tourné de dirigentes del PSOE por radios y televisiones hayan intentado desviar el fondo del acuerdo y justificar esta decisión como si Unidas Podemos no supiera leer o interpretar, la propuesta estrella de la deducción fiscal del 90% para los arrendadores no encaja dentro de este acuerdo de gobierno, ni en el de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y menos con las declaraciones del propio Ministro Ábalos en diferentes comparecencias en el Congreso de los Diputados. Pero además, de ningún modo va a contribuir a frenar las subidas de alquiler y menos en una situación tan delicada como la que estamos viviendo en la actualidad con un crisis social y económica de gran magnitud. Ya lo hemos visto en diferentes Comunidades Autónomas, como Madrid, donde ya existen este tipo de deducciones.
Parece que el señor Ábalos no ha prestado mucha atención a los constantes requerimientos y recomendaciones que se ha hecho al Estado español por parte de Naciones Unidas para garantizar el derecho a la vivienda, ni tampoco ha aprendido nada de las diferentes condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que hasta en cinco ocasiones desde 2015 ha condenado a España por vulnerar y violar el derecho a una vivienda adecuada de varias familias.
Es cierto que los mercados más tensionados se encuentran en la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, pero no es una cosa que pase desapercibida para nuestra comunidad o provincia. El último Informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León advertía de la gran dificultad de acceso a la vivienda para miles de familias debido, principalmente, a la situación de temporalidad y bajos salarios en nuestra Comunidad.
Situación que evidentemente se ha visto agravada con la pandemia. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el último trimestre de 2020 se han producido 350 desahucios por impago de alquiler, más incluso que el mismo trimestre de 2013. Y eso que nos encontramos en plena pandemia, en estado de alarma, donde el acceso a la vivienda y a los suministros es básico y forma parte de una estrategia integral de salud pública para hacer frente a la pandemia.
A la situación de los precios de alquiler también se une la falta de política de vivienda social por parte de las comunidades autónomas y en concreto de la Junta de Castilla y León. Según el Observatorio de Vivienda en relación a vivienda social nuestra comunidad se sitúa a la cola de inversión en este tipo de vivienda, algo que evidentemente no encaja, por ejemplo, en una política que ataje de raíz nuestra despoblación. Y no solo la inversión ha sido escasa, sino que también lo ha sido la vivienda protegida de alquiler.
Decía la auténtica jefa de este Gobierno, Nadia Calviño, que había que dejar los eslóganes y ver la sustancia. Pues bien, vamos a la sustancia. La sustancia es que en Castilla y León según el último informe de Fotocasa mientras que bajaba el incremento acumulativo del sueldo entre 2015 y 2019 en 1,5% el incremento acumulativo del alquiler subía un 15%. La sustancia es que mientras el poder adquisitivo de la ciudadanía está disminuyendo derivado de la crisis social del Covid, según informe de Idealista los alquileres en nuestra Comunidad han subido un 7,7% con respecto al año anterior y no solo eso, sino que además estas cifras marcan el máximo histórico.
La sustancia es que en 2012 se creó la Sareb para, supuestamente, “ayudar al saneamiento del sector financiero español y en concreto a las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario” con un 45% de inversión por parte del Estado. Una inversión que como bien indica la propia Sareb nació para “ayudar” a las entidades financieras y no a las familias.
La sustancia, en definitiva, es que de nuevo el rescate de las familias no parece estar en los planes de una parte del Gobierno dirigida por Nadia Calviño que mira mucho a Europa para unas cosas mientras es ciega cuando de asuntos sociales se trata ¿por qué no mira a Alemania, Francia, Dinamarca, Portugal o Italia con políticas ya de limitación de los precios de alquiler?.
Podemos seguir embelesados con los fuegos artificiales de grandes anuncios de mociones u otros anuncios pero la realidad es que la políticas, esas que dirigen nuestra vida, siguen desarrollándose, están ahí y en nuestra manos estará que vayan en la dirección de garantizar una vida digna y que la crisis, de nuevo, no la paguen los más vulnerables.













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