El uso bastardo de la justicia (lawfare) no es ninguna novedad

Posted By Luis Peñalosa on 14, Jul, 2025

Un despacho para un juez.

El profesor Rubén Pérez Trujillano, en sus dos últimos libros: “El poder judicial frente a las reformas republicanas” y “Ruido de togas. Justicia política y polarización social durante la República”, analiza como una parte importante de los jueces y de forma destacada el presidente del Tribunal Supremo durante toda la República hasta que estallo la guerra civil, Diego Medina García, no fueron capaces de adaptarse a los avances sociales (divorcio, sufragio universal, libertad religiosa, reconocimiento de las lenguas cooficiales etc. etc.) que se recogían en la nueva Constitución republicana de 1931 y  mantuvieron actitudes claramente reaccionarias en su actuación profesional, obstaculizando de forma decisiva el progreso de la República.

Aquellos jueces estaban imbuidos por los prejuicios de su formación en la monarquía Borbónica y de la dictadura de Primo de Ribera, al igual que una parte significativa de los jueces y fiscales que conforman el poder judicial actual, se han formado con principios reaccionarios del franquismo y el nacional-catolicismo, y les sigue costando distinguir entre “sus” pecados y lo que son delitos en nuestro ordenamiento jurídico. Y también intentan, sin ningún pudor, obstaculizar la actividad del poder legislativo cuando consideran que no siguen sus particulares convicciones reaccionarias, sin el menor respeto por la separación de poderes, que tanto reclaman para ellos mismos. 

Las manifestaciones a la puerta de los juzgados, con sus togas y vistosas puñetas, en contra de la Ley de Amnistía, aprobada por las Cortes y ratificada por el Tribunal Constitucional, fue un espectáculo absolutamente vergonzoso para cualquier demócrata. ¿Que les parecería si los miembros de las fuerzas armadas se manifestaran con sus uniformes, en contra de los acuerdos parlamentarios sobre los gastos de defensa.? Aunque no sea exactamente lo mismo… Los Jueces están para interpretar y aplicar las leyes, no para elaborarlas a su antojo: eso le corresponde al poder legislativo y deberían de saberlo. 

Ahora , tienen el descaro de convocar unas jornadas de paro laboral, para mostrar su rechazo a la Ley de reforma sobre la carrera judicial, apelando a un derecho de huelga del que carecen, como explica muy bien el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ya que los jueces no son unos funcionarios normales, sino que son titulares de un “poder” del Estado. Es algo que se nos puede escapar a los profanos en derecho pero que jueces y fiscales si deberían de conocer. A no ser que su formación, a pesar de las duras oposiciones, no sea tan buena como pensamos. Y el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para ponerles en su sitio. Y, por supuesto, alguien tendrá que controlar su participación en los paros y descontarles los salarios de esos días, siguiendo los tramites que correspondan y que ellos tratan de eludir. Para eso si que no son unos currántes normales.

En fin, no creo que sea yo el único que, a la vista del desarrollo de los casos mediáticos que están de actualidad, desconfíe de la imparcialidad de algunos jueces y órganos judiciales. Confío en el sistema judicial español y sus garantías, pero en manos de determinados ejecutores, que no tienen reparo en hacer un uso bastardo de él, pueden causar enormes daños a ciudadanos e instituciones, aprovechando torticeramente (prescripción premeditada de delitos, incumplimiento de plazos etc.) las carencias que, sin duda, tiene el sistema.

Es verdaderamente llamativa, la diferencia entre la investigación absolutamente prospectiva de cualquier pariente  de Pedro Sánchez, con la mas que evidente intención de perjudicarle, y el empeño en quitar importancia al hecho de que la Presidenta madrileña comparta  un lujoso duplex con un defraudador confeso, relacionado con el grupo Quiron; seguramente el mayor adjudicatario  de la sanidad privada de Madrid. Y para colmo, intentan atacar, con la aquiescencia de órganos judiciales madrileños, al Fiscal General del Estado para tratar de exculpar al jacarandoso consorte. Que descaro…

Como digo, confío en que la Justicia resuelva razonablemente pronto todos estos casos, que algunos jueces, de demostrada incompetencia, intentan prolongar con fines claramente políticos, pero sería deseable que también se evalúen los costes de todo tipo que originan estos procesos iniciados sin bases mínimamente solidas por acusaciones reaccionarias y jueces con motivaciones extrajudiciales.