El concejal de Tráfico, Ramón Muñoz Torrero, defiende el pliego de autobuses.
Dos asuntos “de calado” en el pleno de septiembre en el Ayuntamiento de Segovia: la revisión de las tasas para 2018 y el pliego de condiciones para el concurso en el que se adjudicará el servicio de autobuses urbanos. Si se hace caso a la oposición, se podría pensar que en la producción de la tramitación previa han intervenido dos equipos de Gobierno distintos ya que los portavoces de PP, Centrados en Segovia, Ciudadanos e IU se volcaron en elogios por las múltiples reuniones e “información constante”, en el caso de las tasas mientras lamentaban, críticos, que con los autobuses ha pasado justo lo contrario: “falta de información y participación” e incluso “mentiras a los grupos y a la prensa, por tanto a la ciudadanía”, como acusó el portavoz de IU, Ángel Galindo.
Antes de cumplirse la primera media hora de sesión y tras aprobarse poner el nombre del ciclista, José Luis Santos, al polideportivo de El Peñascal, se ponía sobre la mesa el pliego del transporte urbano, un documento que “llega con un retraso de año y medio”, según recordó el portavoz de Centrados, Cosme Aranguren, que mirando a la del PP, Raquel Fernández ironizó que “a este paso, inaugurará el servicio usted como alcaldesa”. La broma no gustó en la bancada socialista.
Con la llegada a este punto y tras meses de excusas, retrasos y reproches parece haberse instalado entre los concejales la idea de que la polémica política por el pliego ha llegado a su fin —otra cosa es la ciudadana, que el asunto de las firmas contra los cambios de la línea 5 no parece haber hecho más que empezar por más que la alcaldesa, Clara Luquero, reitere que las 1.100 rúbricas se han prestado “desde el desconocimiento y por buena voluntad”— e incluso desde la oposición se reconocía que “hay muchas mejoras” en el documento, justificación suficiente para no oponerse al acuerdo.
Pero tampoco era cuestión de dar un respaldo total al Gobierno. Haber apostado por autobuses diesel en lugar de eléctricos o híbridos, el descarte de un sistema de lanzaderas al casco antiguo desde una eventual cabecera en la plaza Oriental o los polémicos cambios de frecuencia y tiempo de recorrido para el servicio a Nueva Segovia, entre otras quejas justificaron la abstención de la oposición. Aprobado por mayoría simple y continuidad de un proceso que sigue con el periodo de alegaciones su resolución, la apertura del concurso, su adjudicación y la puesta en marcha —se calcula que no antes del próximo verano— de una contrata que costará a la ciudad 34,4 millones en diez años.
Los concejales de Centrados en Segovia, durante el pleno.
La votación no fue exactamente la misma en la revisión de las tasas para 2018 en las que el Gobierno encontró el apoyo de Centrados en Segovia —desde la bancada popular se le preguntó con reproche a Aranguren por sus sentimientos “al formar parte del equipo de Gobierno”— para sacar adelante un paquete de impuestos tras un debate en el que el portavoz socialista, Alfonso Reguera, apenas tuvo que emplearse al dedicarse los grupos de oposición a rebatirse entre ellos sus respectivas propuestas sobre figuras concretas.
El popular, Francisco Vázquez revisa un documento con Raquel Fernández y José Luis Huertas.
En esa discusión entraba el precio de las terrazas de carácter especial, rebajado este año por propuesta del PP aunque el portavoz de IU, Ángel Galindo sostiene que debe mantenerse ya que los hosteleros de esas zonas se benefician del paso de turistas y de la celebración de actos culturales y festivos; el recibo del IBI que la representante de Ciudadanos, María José García, reclama que se reduzca, aunque Galindo cree que “esas propuestas liberales quedan muy bien pero a la larga son perjudiciales” por las elevadas cuantías que dejaría de ingresar el Ayuntamiento; o el mantenimiento de los precios del ICIO pese a las quejas del popular, Javier Encinas, que defendía nuevas bonificaciones para el casco antiguo.
Los presupuestos participativos “previsiblemente”, para 2019.
Entre las seis mociones que se plantearon en la sesión figuraba una del PP proponiendo la habilitación de una partida de medio millón de euros para poner en marcha los presupuestos participativos aunque a estas alturas del año, sin disponibilidad económica del Ayuntamiento para disponer de ese dinero en 2018 y sin haberse dado aún un solo paso para establecer los mecanismos que lo permitan, se rechazó la propuesta.
A cambio, el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera anunció la posibilidad “en previsiones” de que sea en 2018, una vez liquidados los pagos de sentencias y otras obligaciones que bloquean las posibilidades municipales de inversión en los últimos años, cuando se podría disponer de remanentes para destinarlos a presupuestos participativos que se incluirían en los presupuestos de 2019, el último año de este mandato, siempre que hasta entonces los grupos sean capaces de establecer los mecanismos que regirán la forma de canalizar las propuestas ciudadanas para plasmarlas en las cuentas públicas.
Si recibieron el respaldo unánime de los concejales las dos iniciativas de IU. Una “testimonial” contra la explotación sexual y otra más de protección del suelo empedrado con materiales —granito y gneis frente a la cuarcita de los nuevos tiempos— e instalación tradicionales en zonas históricas de la ciudad.
Peor suerte tuvo Centrados en Segovia, obligado a dejar sobre la mesa la propuesta de que la ciudad participe en una convocatoria de subvenciones para proyectos de eficiencia energética ante las dudas razonables de que el Consistorio pueda sumarse a ellas por referirse a edificios de la administración del Estado y viendo también rechazada la iniciativa para modificar el estatuto del Defensor del Ciudadano al desvelarse en la sesión que el departamento de Participación Ciudadana ya trabaja en un nuevo borrador en torno a la figura, un trabajo que hasta ese momento sólo sabían que está en marcha los concejales del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, según se quejó Aranguren.
La aportación de C’s en este apartado fue una moción de defensa del estado de derecho en Cataluña aprobada, con modificaciones, por todos los grupos salvo IU, cuyo portavoz se preguntó por la utilidad real de la iniciativa y durante el debate abogó por “dar una salida dialogada” al conflicto catalán, que incluye la celebración de un referendum “pactado y con garantías que quiere el 80 por ciento de los catalanes”.
Copias, cortapegas y el origen de las ideas.
Un pleno sin demasiadas complicaciones como el celebrado este 29 de septiembre en el que buena parte de los asuntos logró el apoyo unánime de los concejales no oculta las diferencias, políticas, pero también personales, entre los diferentes grupos y concejales, evidenciadas en distintas fases de la sesión.
En este capítulo destaca la cada vez menos disimulada diputa entre PP y Ciudadanos, demasiado cercanos ideológicamente y, sobre todo, consumidores de los mismos nichos de votos. Los de Raquel Fernández soportan como pueden las “lecciones” que, con razón o sin ella, trata de darles María José García en diversos asuntos de la vida municipal, mientras los populares están cansados de denunciar la “apropiación” que la de C’s hace de las iniciativas y hasta las preguntas en comisiones que realizan otros grupos. “Ustedes cortan y pegan hasta de nuestras notas de prensa”, la afearon este viernes desde los escaños populares, pero también desde los de Centrados en Segovia, donde Aranguren comienza a dar muestras de hartazgo de la forma de vender su política que hace Orejana.
Claro, que al de Centrados le ofrecieron una cucharada de su propia medicina cuando los populares le afearon el apoyo que dio a las tasas municipales y le preguntaron con ironía por sus sentimientos “al formar parte del equipo de Gobierno”, la misma crítica que él mismo ha realizado por el mismo motivo en años anteriores a otros grupos, como IU, con el que, no obstante, suele mantener afinidad en multitud de asuntos. No en todos, claro, que en el conflicto catalán uno es partidario de aplicar con literalidad el artículo 155 de la Constitución, “no pasado mañana, sino hace 15 días” y el otro exige la celebración de votaciones “regladas” sobre independentismo.
Había más cuentas pendientes. Torquemada, con el informe que le da la razón en el asunto de su presencia como patrono en la Fundación Caja Segovia en la mano trató de meterlo en el debate sobre el estatuto del Defensor del Ciudadano espetando a Aranguren que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”, aunque su interlocutor zanjó el asunto advirtiendo que “si espera una disculpa, no la va a tener de mi parte”.
Diputación
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