La planificación urbanística de la ciudad aprobada hace ocho años y diseñada por los sucesivos Gobiernos del anterior alcalde, Pedro Arahuetes, ya no vale. Los modelos de vivienda que se demandan han cambiado, las obligaciones sobre zonas verdes en los espacios de nuevo desarrollo son excesivas, las dotaciones planificadas no tienen nada que ver con lo que se necesita ni el lugar en el que están y las previsiones de crecimiento de la ciudad son distintas.
Lo dice el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, que ha confirmando la intención del Gobierno local de hacer “una revisión en toda regla” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la llave maestra del urbanismo de la ciudad que, afirma “necesita que se le de una vuelta cada diez años”, pese a que el Plan que está ahora en vigor se prometió como una herramienta útil para, al menos, dos décadas.
Nada de modificaciones puntuales, del discurso del responsable municipal se colige que lo que ha variado es el concepto mismo del modelo de ciudad y se piensa en el replanteamiento de las zonas hacia las que se quiere orientar el crecimiento futuro. Adiós al modelo de Juan José Conde, el primer superconcejal de los gobiernos socialistas.
“La legislación y los modelos han cambiado”, opina el concejal actual que busca el ejemplo en “un coche de hace cinco años que si se compara con un coche nuevo no tienen nada que ver. Al viejo le falta todo lo que el nuevo trae de serie”.
Planeamiento para ricos.
Reguera califica la planificación en vigor como “un urbanismo para ricos” que obliga a la construcción de viviendas de gran tamaño rodeadas en exceso por zonas verdes en zonas de nuevo desarrollo que a su juicio no responden a la demanda actual de casas de menor tamaño, “unos 90 metros” y ante la ausencia de esta posibilidad “la gente se marcha a otros municipios”. Asegura que en la revisión se buscará un modelo “más vivible” en el que “manteniendo la edificabilidad se permitan viviendas más pequeñas además de las de mayor tamaño que ya están”.
Tampoco está contento el concejal con los usos del suelo previstos “que fallan en el Plan actual” y que generan problemas y retrasos a la hora de tramitar licencias, además de constituir una puerta abierta a posibles enfrentamientos judiciales con particulares, un campo en el que el Ayuntamiento está sufriendo dolorosas (y caras) experiencias que no quiere repetir.
Además, el reparto de las dotaciones previstas en la planificación actual para las zonas de desarrollo “propone usos que no se corresponden con la realidad”. En este sentido, puso como ejemplo la previsión de un hospital junto al Cat “que no pinta nada ahí”, matizando que se pueden encontrar situaciones similares por toda la ciudad.
“Todo eso son cosas que hay que cambiar” concluyó insinuando que el catálogo de aspectos a revisar es mucho más largo. Si se cumplen los planes del Gobierno municipal, los trabajos de revisión del PGOU empezarían precisamente cuando entre en vigor su singularidad para las zonas históricas, el Peahis, en el que se lleva trabajando ocho años y que se anuncia que entrará en vigor en 2017. Sería a finales de ese mismo año cuando se iniciarían las primeras reuniones para “dar una vuelta” —en palabras del edil— a la planificación urbanística de la ciudad “nueva”.
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