Ni el concejal popular más optimista esperaba que la comisión extraordinaria de Urbanismo y Hacienda celebrada este 19 de julio despejara una sola de las preguntas sobre los gastos generados por el proyecto del Cat en sus primeros años de andadura en forma de asesorías y viajes, uso 300.000 euros en total, según calculan en el grupo liderado por Raquel Fernández.
La respuesta del concejal de Hacienda y Desarrollo Económico, José Bayón, era predecible: aquellos gastos se ajustan a las prescripciones del Plan Avanza —en cuyo marco echó a andar el proyecto— y están fiscalizados y justificados por la Intervención municipal y la General del Estado así qué si se quiere profundizar en los datos, las respuestas las tiene el interventor. “Tengo exactamente la misma información que todos los grupos políticos que es la que tiene la Intervención. No hay otra fuente”, explicó Bayón a los periodistas.
La reunión extraordinaria, que el PP ha tratado de calentar en las últimas semanas, no arrojó por tanto novedad alguna sobre aquellos gastos y resultó para el principal grupo de la oposición “un fiasco” en la que no sólo no se resolvieron sus dudas “sino que nos ha generado todavía más”, lamentaban en una nota de prensa en la que exigían a la alcaldesa “rigor” en las explicaciones sobre el uso del dinero público, en este caso sobre los 120.000 euros gastados en viajes relacionados con la puesta en marcha del proyecto o los 160.000 pagados a una consultora. Elevando el tiro, recuerdan que en estos años se ha gastado “más de 25 millones de dinero público en un proyecto del que sólo hay un único edificio construido, todavía sin uso”.
A la espera del TSJ.
En la comisión se trataba de aclarar la situación en la que ha dejado al Ayuntamiento la sentencia que obliga a la expropiación de una parcela del sector urbanístico Bonal relacionada con el Cat, sobre la que Bayón se limitó a señalar que ambas partes han presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “y por lo tanto no es firme”, mientras que el Gobierno local confía en que el tribunal regional les de la razón (desestime la obligatoriedad de expropiar) y que el resto de los propietarios en situación similar no sigan la misma vía judicial poniendo de nuevo en apuros las finanzas municipales.
También en esta cuestión los populares se muestran críticos hacia los gobernantes socialistas que “vuelve a actuar en base a la creencia, a la espera de ‘a ver qué pasa’ pero continúa sin dar garantías”, se quejan.
20 julio, 2018
Vamos que, venga quién venga en el futuro, tenemos nuevo ‘tío del mazo’ a las arcas municipales vía judicial-expropiación. Una de dos o no han aprendido nada o siguen la línea anterior que nos ha costado millones de euros en pleitos; ¡artistas de la conservación del Patrimonio! (el uno y el otro). Lo del “pregunten al Interventor’, como, poco más o menos, reclamen al ‘maestro armero’. El anterior se ha jubilado y quien esté ahora pues… eso. ¡Salud!