La disputa abierta entre el Ayuntamiento y la concesionaria del aparcamiento de Padre Claret por la solicitud de la concesionaria, Isolux Corsan, del reequilibrio de las cuentas —la compensación por las pérdidas de explotación respecto a los cálculo iniciales— sigue en el montón de las preocupaciones del Gobierno municipal, más después de que el Juzgado contencioso administrativo haya exigido al Consistorio la remisión de todo el expediente por petición de la empresa, que reclama que sea la autoridad judicial la que calcule la cifra de la liquidación, que en los planteamientos iniciales varía entre los tres millones que pretende el Ayuntamiento y los cinco que estaría reclamando la empresa, de acuerdo con fuentes municipales.
La Junta de Gobierno Local tuvo conocimiento este jueves de las reclamaciones del Juzgado y del cumplimiento de las exigencias del juez mediante la remisión del expediente, en el que debería incluirse el resultado de la auditoría encargada por el Ayuntamiento para cuantificar la deuda, aunque la alcaldesa, Clara Luquero, olvidó mencionarlo en su repaso ante los periodistas de la actividad y los acuerdos alcanzados en el órgano de Gobierno.
También el portavoz socialista, Alfonso Reguera, trató de restar importancia a la deriva judicial de la reclamación de Isolux, pese a que la empresa argumenta que ha tomado ese camino porque el Ayuntamiento no responde a sus correos electrónicos. “Se han liado porque les hemos contestado con varios correos y se puede demostrar” justificó ante esta redacción.
Negociaciones
Es más, Reguera enmarcó la discusión con la empresa en un proceso negociador en el que “llegaremos a acuerdos”, aunque eludió relatar los detalles o el punto en el que se encontrarían esas eventuales conversaciones con el pretexto de “no entorpecerlas” y la promesa de explicar “todos los detalles cuando tengamos la solución”.
Reguera admite que el montante económico sobre el que se trabaja está en torno a los tres millones de euros por las “diferencias de rentabilidad de los ejercicios 2013, 2014 y 2015”, en los que se habría producido el desequilibrio, aunque la cifra que reclama la empresa es un 66 por ciento mayor: 5 millones, teniendo en cuenta que la concesión arrancó en 2009.
Los recovecos de la ley de contratos dan también pie a diferentes planteamientos sobre la forma de compensar los desequilibrios de la explotación del aparcamiento y así, al margen de la cuantía, los responsables municipales tratan de eludir tener que acabar realizando un nuevo pago millonario y piensan en compensar a la adjudicataria aumentando los plazos de explotación en varios años, fijados ahora en el contrato hasta 2040. “El coste y los plazos son variables que contempla la ley de contratos y en eso estamos”, zanjó el concejal.
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