Posted By Juan Luis Gordo on 2, May, 2026

La puesta en marcha del proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno y la denominada “prioridad nacional” impulsada por VOX —que limita los derechos de los inmigrantes en favor de la ciudadanía nacional, inspirada en la doctrina lepenista francesa— sitúan la inmigración en el centro del debate político en España. La cuestión clave es cuántos inmigrantes necesita nuestro país a corto, medio y largo plazo en función de su modelo productivo para evitar el colapso de la economía, y cuántos puede acoger en esos mismos plazos para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar sin erosionar su calidad.

Sin inmigración ordenada, España no tendrá ni crecimiento ni cohesión social.

España atraviesa una profunda crisis demográfica. La natalidad está en mínimos históricos y el envejecimiento de la población compromete, a medio plazo, el mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones y el equilibrio territorial. En este contexto, la inmigración no solo es una realidad imparable, sino también una necesidad estructural, más aún si se mantiene el actual modelo productivo, basado en empleo de baja cualificación, estancamiento salarial y baja productividad. Con los flujos previstos, la población en edad de trabajar podría caer cerca de un 7 % hasta 2050. Según la AIReF, España necesitará entre 200.000 y 250.000 inmigrantes al año hasta esa fecha, o sea entre 5 y 7 millones en total. Esa cifra no cubre totalmente la población que se jubilará, pero permitiría sostener el crecimiento, evitar un colapso del sistema de pensiones y amortiguar el envejecimiento.

Desde esta perspectiva, la regularización impulsada por el Gobierno es necesaria y, en algunos casos, inevitable. Permite aflorar empleo y cotizaciones de cientos de miles de inmigrantes que ya residen en España sin situación regularizada —en torno a medio millón, o incluso cerca de 900.000 según otras estimaciones—. Sin embargo, también puede generar efectos indeseados, como una presión a la baja sobre los salarios en los sectores menos cualificados. En todo caso, esta medida evidencia el fracaso histórico de España a la hora de definir un modelo migratorio estable. No en vano, en democracia se han producido ya siete regularizaciones extraordinarias, muchas de ellas desvinculadas de las necesidades reales del mercado laboral y apoyadas fundamentalmente en la figura del arraigo, lo que ha condenado a muchos inmigrantes a largos periodos de inseguridad jurídica y a generar un efecto llamada.

España debe decidir qué modelo productivo quiere para las próximas décadas y subordinar a él su política migratoria y los derechos asociados. Esto exige una inmigración regulada y ordenada, compatible tanto con las necesidades económicas como con la capacidad real de acogida e integración. El Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, debe articular mecanismos eficaces para conocer en todo momento el número de inmigrantes residentes, los flujos necesarios y su nivel de cualificación. Solo una planificación basada en datos reales del mercado de trabajo, alejada de planteamientos simplistas o eslóganes populistas, permitirá abordar esta cuestión con una auténtica visión de Estado, sustentada en el consenso político y la cooperación con las instituciones europeas.

Esta política debe ir acompañada de un modelo sólido de integración que garantice condiciones de vida dignas, igualdad de derechos y deberes, y respeto mutuo. La integración exige también el compromiso de quienes llegan con el marco legal, social y cultural del país de acogida. Asimismo, será imprescindible reforzar la oferta de vivienda, los servicios públicos y las infraestructuras para evitar tensiones entre la oferta y la demanda. Se trata de un proceso complejo que requiere planificación, recursos y una estrecha coordinación entre administraciones.

El fenómeno migratorio no está exento de tensiones. Estas no suelen manifestarse en las élites ni en las clases medias acomodadas, sino en los barrios populares, donde la convivencia es más directa y la competencia por recursos escasos —vivienda, empleo o ayudas sociales— es más intensa. Durante mi etapa como subdelegado del Gobierno, escuché con frecuencia a vecinos expresar su preocupación ante una convivencia percibida como forzada, marcada por diferencias culturales y por una sensación, en ocasiones fundada, de desprotección institucional. Al mismo tiempo, muchos empresarios reclamaban mayor flexibilidad en la normativa de extranjería ante la falta de mano de obra. Han transcurrido 20 años, pero la situación apenas ha cambiado.

La política migratoria debe asentarse en principios básicos: dignidad, libertad y convivencia. Para ello, el orden y el respeto son imprescindibles. Orden, para garantizar una inmigración legal y acorde con las necesidades del país. Respeto, tanto por parte de la sociedad de acogida hacia quienes llegan, como de estos hacia las leyes, costumbres e instituciones del país. Integrarse no significa renunciar a la propia identidad, pero sí aceptar el marco común que hace posible la convivencia.

España, como el conjunto de Europa, no puede permitirse ni una inmigración descontrolada ni una sociedad fracturada entre nacionales e inmigrantes. Se trata de un reto colectivo de enorme complejidad en el que el oportunismo político y el discurso del odio constituyen algunos de los principales obstáculos a superar. Ordenar la inmigración no es una opción: es una condición para el futuro de España.