La democracia exige ejercer la responsabilidad política

Posted By Juan Luis Gordo on 23, May, 2026

Las elecciones andaluzas celebradas el pasado fin de semana han dejado una doble lectura. Por un lado, han modificado el equilibrio político de la comunidad; por otro, han confirmado una vez más el deterioro electoral del PSOE en uno de sus feudos históricos.

Los resultados de las elecciones andaluzas constituyen para el PSOE un reflejo significativo del estado de ánimo de una parte importante de la ciudadanía ante una acción de gobierno cada vez más personalista y alejada del interés general. La campaña fue diseñada desde La Moncloa de forma tácita como un plebiscito sobre Pedro Sánchez, subordinando los intereses específicos de Andalucía a una estrategia nacional centrada en la figura del presidente del Gobierno. Los resultados son suficientemente elocuentes.

La candidata socialista, en su doble condición de aspirante a la Presidencia de la Junta y vicesecretaria general del PSOE, ha representado durante esta campaña una manera de entender la política como un instrumento al servicio de la conservación del poder, sustentada en un relato cada vez más frágil y desconectado de la realidad social. A ello han contribuido también varios ministros y un expresidente del Gobierno cuya presencia pública se encuentra hoy condicionada por sospechas e investigaciones que proyectan una sombra sobre el conjunto del proyecto socialista y que, pese a ello, ha participado activamente en las últimas campañas.

Sorprende la adhesión que todavía mantienen muchos militantes al proyecto personal impulsado por Pedro Sánchez. Su actitud y lealtad son dignas de respeto, pero parece cada vez más alejada de la percepción que tiene una parte creciente de la ciudadanía. La cuestión de fondo en estas elecciones no era únicamente si el PP alcanzaba o no la mayoría absoluta, sino si se recuperaba una concepción de la política basada en el interés general, el respeto institucional y el sentido de Estado.

Durante esta legislatura se ha consolidado una forma de gobernar sustentada en la construcción permanente de bloques enfrentados, en la lógica de los muros y en una estrategia de polarización que ha erosionado los consensos básicos que hicieron posible la Transición democrática. A ello se suma una evidente incapacidad para articular mayorías estables que permitan afrontar los grandes desafíos nacionales. No es un hecho menor que el Gobierno haya sido incapaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, recurriendo de manera continuada a mecanismos excepcionales para sostener su acción de gobierno.

Además, bajo el liderazgo de su actual secretario general, el PSOE ha experimentado una profunda transformación ideológica que lo ha alejado de algunas de las señas de identidad tradicionales de la socialdemocracia europea. La creciente dependencia de fuerzas soberanistas e independentistas, la aceptación de privilegios territoriales difícilmente compatibles con el principio de igualdad entre españoles, la amnistía a los responsables del proceso independentista catalán o el avance hacia modelos de financiación asimétrica han contribuido a debilitar la percepción de cohesión nacional y de equidad institucional.

A ello se añade ahora el nuevo proyecto federalista planteado estos días por quien fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno, respaldado con entusiasmo por dirigentes de ERC y por destacados referentes de la izquierda alternativa. Todo ello parece configurar una nueva etapa política cuyo objetivo prioritario continúa siendo la preservación de las actuales mayorías parlamentarias.

Estas decisiones pueden resultar eficaces para conservar el poder, pero tienen un elevado coste político y moral para un partido que desempeñó un papel esencial en la construcción democrática de España. La lealtad a un proyecto político no consiste en justificar cualquier decisión de sus dirigentes, sino en preservar los principios que le dieron sentido, legitimidad y vocación de servicio público. El PSOE corre hoy el riesgo cierto de seguir la misma senda que llevó al ostracismo político a otras formaciones socialdemócratas.

Cuando concurren una crisis de confianza institucional, una sucesión de derrotas electorales, la incapacidad para construir consensos estables, la erosión de la credibilidad del Gobierno y un creciente cuestionamiento ético derivado de los presuntos casos de corrupción que afectan a personas que han ocupado puestos de máxima responsabilidad en el partido y en el Gobierno, la responsabilidad política deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una exigencia democrática. Los casos que han afectado a antiguos colaboradores de máxima confianza del presidente del Gobierno y las informaciones conocidas estos días en torno al denominado ‘caso Zapatero‘ han intensificado ese debate público. La respuesta no puede limitarse a resistir. La democracia exige algo más que la mera supervivencia parlamentaria

La verdadera fortaleza de un dirigente no consiste en aferrarse al poder hasta el último momento, sino en saber devolver la palabra a los ciudadanos cuando las circunstancias políticas así lo aconsejan. Esa es, precisamente, la esencia de la responsabilidad política en las democracias parlamentarias avanzadas.

Por ello, la salida más coherente con los principios democráticos y con la necesidad de restaurar la confianza institucional pasa por la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. No como un gesto partidista ni como una concesión a la oposición, sino como un acto de responsabilidad democrática que permita a los ciudadanos pronunciarse sobre el rumbo político del país y otorgar un nuevo mandato a quien consideren más adecuado para gobernar España.

Porque la legitimidad parlamentaria no puede confundirse indefinidamente con la legitimidad política. Cuando se debilita la confianza ciudadana, cuando se acumulan las derrotas electorales y cuando las instituciones quedan atrapadas en una dinámica de polarización permanente, la democracia dispone de un mecanismo sencillo y profundamente legítimo: devolver la palabra a los ciudadanos. Esa es la esencia de la responsabilidad política y la mejor manera de fortalecer nuestras instituciones democráticas.