Posted By Natalia Del Barrio on 10, Abr, 2021

Sanitarios del hospital recuerdan a una compañera celadora fallecida.

Bien podríamos hablar esta semana del despropósito del proceso de vacunación por parte de la Junta de Castilla y León con esos avisos vía redes sociales para personas mayores, de la suspensión unilateral de la vacunación de AstraZzeneca o de la falta de autocrítica por parte del tándem Igea – Casado apuntando hacia Madrid siempre que algo va mal aunque sea culpa de sus decisiones personalistas. Pero mientras se habla mucho de esto, otros temas como el clasismo de la Junta de Castilla y León, entendida como lo hace la RAE desde la diferencia y la discriminación por el área o sector donde cada uno trabaja, quedan relegados a un segundo plano. 

Aunque algo sí hablaré de la vacuna, dentro de esta discriminación por clase, poco se está ahondando en la información aparecida en el diario.es, sobre la vacunación del personal de los Servicios Centrales de la Consejería, más de 1.000 personas que no tendrían que hacer cola ni desplazarse al centro de vacunación. Mil personas que fueron avisadas vía mail de la suspensión y que no se encontraron la puerta cerrada cuando se presentaron allí. 

Poco también se habla de lo poco que protesta la Junta de Castilla y León para que empleados de supermercados, peluqueras, agricultores, taxistas y miles de personas que cada día hacen trabajos esenciales, y que lo han hecho durante la pandemia, sean incorporados como prioritarios para vacunarse.

 Pero es que para la Junta de Castilla y León siempre ha habido clases, incluso dentro de la propia Administración Pública, es decir, siempre ha habido trabajadores de primera y de segunda.

Antes de la votación de la moción de censura, la Consejera de Sanidad, firmó a bombo y platillo un pacto raudo y veloz con el sindicato SATSE para mejorar el sueldo del personal de enfermería. Vaya por delante, que su situación es nefasta, enfermeras que se encuentran entre las peores pagadas de toda España, pero como ellas también se encuentra gran parte del personal que conforma nuestra Sanidad Pública. 

Hace unos años, una buena amiga y compañera celadora me dijo “cuando hables de Sanidad, nunca te olvides de celadores, auxiliares, técnicos de laboratorio, de rayos, limpiadoras, todas formamos parte de la sanidad aunque solo se hable de médicos y enfermeras”. Y cuánta razón tenía. Nadie está exento de cometer este error, no dejamos de vivir en un mundo que no valora el trabajo de buena parte de nuestra sociedad.

Y varios ejemplos. Nadie parece escandalizarse porque servicios como lavandería, limpieza estén extinguiéndose en casi la totalidad de los centros sanitarios en pro de empresas privadas. Nadie se escandaliza cuando se habla de cooperación público- privada en la construcción de hospitales que reserva una parte del servicio, como por ejemplo los celadores, para el sector privado como ya ha ocurrido en Madrid. Y nadie pareció escandalizarse cuando limpiadoras o celadores no fueron considerados en un primer momento como personas de alto riesgo de exposición al Covid.

 A nadie parece preocuparle que técnicos superior de rayos, de laboratorio, de gestión clínica. técnicos auxiliares de enfermería y muchos más y que forman parte del día a día de un hospital o centro de salud, lleven más de 13 años en una irregularidad administrativa con respecto a su posición que les impide entre otras muchas cosas consolidar, promocionar y cobrar acorde a su responsabilidad.

 Ya en 2018 el PP afirmaba en comisión que la reclasificación de los técnicos superiores a pesar de lo que decía la ley, debía formar parte de una revisión mucho más amplia, revisión más amplia que no se dio cuando afectó a otros grupos de mayor nivel y que se produjo casi de manera inmediata. Por no hablar de la rapidez que sí se da cuando de aumentar el número de plazas de libre designación se trata. Pero aquí no, aquí no parece haber prisa ni intención de dar ejemplo a la empresa privada a la hora de cumplir la ley. 

Mientras tanto un lavado de cara con la equiparación salarial del sector de enfermería (merecido por supuesto) mientras no se aborda la equiparación salarial de otros sectores y mantienen el sueldo de niveles inferiores como los peores de toda España con una diferencia entre Comunidades Autónomas que llega hasta los 9.000 euros anuales.

 La política de Función de Pública de la Junta de Castilla y León, tanto dentro del sector sanitario como fuera de él, ha sido y es un desastre. Las modificaciones constantes y las sentencias de Tribunales que han echado para atrás no una ni dos, sino varias decisiones de la Junta de Castilla y León en relación con la Función Pública, lejos de crear una estabilidad han creado inseguridad, como ya apuntó el Consejo Consultivo en un informe de 2018, por no hablar de la incertidumbre vital que produce toda esta situación, por ejemplo, con la concatenación de contratos.

 Y lo curioso es que esta inseguridad, la injusticia y la falta de empatía, al igual que en la sociedad, se produce siempre con los de abajo, para los que nunca es el momento oportuno de equiparar o ajustarles a la legalidad. Y es que ya sea dentro o fuera de la Administración Pública, la realidad es que para la Junta siempre han existido clases.

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