Posted By Redacción on 18, Nov, 2018

Varios policías locales en la plaza Mayor.

Zarandear a un policía uniformado y tirarlo al suelo usando “una llave de judo o similar volteándole y dejándole caer a plomo” causándole contusión lumbar y cervicalgia y hacer caer a otro al que se “golpea en la pierna de apoyo, a la altura de la rodilla, haciéndole caer” causando contusión en la misma rodilla ya está tasado: seis meses de prisión con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo en el mismo periodo, 360 euros de multa y la indemnización de 520 euros para el agente que se llevó la llave de judo “o similar” y 820 para el de la patada en la rodilla.

La sentencia dictada por el Juzgado número 1 bis de lo penal considera probado que J.P.C., que tenía 38 años el día de los hechos, el 13 de agosto de 2016 fue parado por cuatro policías locales que habían montado un control rutinario en la avenida de Gerardo Diego de Segovia en el que se comprobó que no tenía al día la ITV del vehículo por lo que se le comunicó que sería sancionado. En ese momento, profiriendo voces, salió del coche, se acercó a uno de los agentes y usó una técnica de arte marcial –J.P.C. es monitor y forma a policías nacionales– que hizo caer al suelo al policía, al que se le desabrochó el cinturón soltándose uno de los sistemas de seguridad de la funda del arma, que el agente volvió a colocarse al levantarse.

Siempre según los hechos probados reflejados en la sentencia, acto seguido se acercó otro agente al que golpeó en la rodilla para derribarlo mientras que un tercer policía logró que se calmara y procedió a su detención mientras pedía que no le esposaran delante de su hija, que viajaba como copiloto, entrando en el coche patrulla sin oponer más resistencia.

J.P.C. negó durante el juicio las agresiones o haber insultado a los agentes y además aseguró que había sido uno de los agentes el que le habría agredido cuando bajó del coche abalanzándose contra él y agarrándole del cuello mientras que otro llegó a desenfundar su arma, aunque el juez rechazó esta versión por no tener respaldo probatorio.

De esta manera, en la sentencia se estima que los hechos constituyen un delito de Atentado a la autoridad al haberse producido la agresión a los agentes “con claro desprecio a la autoridad”, enmarcado en el artículo 550 del Código Penal, aunque el juez matiza que, pese a los conocimientos en artes marciales de J.P.C. no cabe ampliar a otros artículos “pues no se acredita el uso de armas u objetos peligrosos, ni otros elementos que generen grave riesgo¨.

El juez admite también la existencia de un delito de lesiones aunque atiende al hecho de que no necesitaron tratamiento posterior tras la primera atención de los facultativos y establece la pena mínima, una multa de tres meses con cuota diaria de 4 euros “en atención a que no consta prueba alguna de que el acusado disponga de ingresos con los que hacer frente a una sanción de mayor entidad”.

Finalmente, si admite el magistrado la petición de la acusación particular de que se indemnice a los agentes lesionados con 520 y 820 euros, respectivamente, por encima de los 300 que pedía la fiscalía.

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