Posted By Redacción on 14, Ago, 2020

Limítrofe con Madrid, urbanización de más de 3000 viviendas, unifamiliares las más, con fácil acceso al contador de la luz; donde no faltan los carteles de “se vende”, algunos de ellos con llamativos carteles con el logo de entidades bancarias, Los Ángeles de San Rafael es un sitio especialmente tentador para los okupas. Ayer mismo, mientras en compañía de concejales espinariegos este redactor recorría la urbanización, saltaba la primicia. Acababan de detectar una posible ocupación en la calle Cuba.

Tiene toda la pinta. Es una buena casa, amplia y de líneas modernas, pero el jardín es una selva, lleva lustros sin mantenimiento. En las inmediaciones, una placa de Solvia da cuenta de que por la zona hay viviendas que por percances de la propiedad pasaron a manos de los bancos tras la crisis del 2008. Con todo, la casa tiene trazas de actividad. La puerta del jardín está abierta de par en par, no cierra, clara señal de que fue forzada. Llamas a voces y nadie contesta pero las persianas están recogidas, hay ropa, y el contador de la luz está igualmente forzado aunque todavía sin enganche. Jesús Gascón, concejal y vecino de la urbanización, busca vehículos, datos que permitan luego a la policía local identificar a los okupas y acelerar el proceso de denuncia por parte de la propiedad, si esta quiere, que no siempre es el caso. Algunos bancos se desentienden; no quieren afrontar costes de las propiedades que acabaron en sus manos por desahucio.

El okupa que se fue de vacaciones

Vamos a la calle Chile. Es un adosado. Una casa está normal, la otra no. La puerta carretera desvencijada, síntomas de manipulación del contador, una toalla a modo de felpudo y restos de hollín en la pared, recuerdo de alguna barbacoa mal planteada. Lleva ocupada varios meses. Su propietaria fue desahuciada por los bancos por impago hipotecario. Poco después “un hombre del norte”, explican los vecinos, su mujer y un niño se plantaban en la casa y la hacían suya. “Ahora están de vacaciones, menuda jeta”, informa un corrillo de vecinos. Teóricamente, con la casa vacía, sería un buen momento para que la propiedad recuperase la casa, pero pocos esperan que eso pase.

Calle Chile, LASR. Arriba, calle Cuba y contador forzado.

Los vecinos explican que las relaciones con la familia okupa no son especialmente conflictivas pero coinciden en que no hay derecho. “Vienen aquí, ocupan una casa. Hoy esta, mañana a saber si la tuya. Y la justicia no hace nada. Esto en América no pasa -explica mi interlocutor de pinta latina-; si tu pillas a alguien en tu casa, un tiro y es legal”. Esta casa en concreto está denunciada y en proceso de desahucio. Un empleado de la urbanización relata que estaba llamado a declarar en el juicio pero que con la cosa del covid19 se aplazó y no ha vuelto a saber.

El tercer presunto okupa es un tipo famoso en la urbanización. Con pasado empresarial en esto y aquello y en general mala reputación por el barrio, el banco se quedó la casa que tenía en Los Ángeles e inicio el proceso de desahucio por impago, que no se pudo completar al aparecer un contrato de arrendamiento entre la anterior propiedad y el actual inquilino. El asunto sigue en los juzgados. El vecino señalado lo niega todo. Afirma que en 2020 se subsanó su situación, vinculada con discrepancias judiciales relativas a la aplicación de cláusulas abusivas.

Calle Venecia.

Okupas que piden el empadronamiento

Como se ve, la ocupación ilegal en El Espinar es distinta a la desvelada hace un par de días por acueducto2.com en Palazuelos. En Peñas del Erizo, la propiedad eran -son- una familia normal a la que los okupas han destrozado un patrimonio familiar. En El Espinar, en cambio, el blanco predilecto de la ocupación son los bancos y entidades, más reacios a entablar pleitos para recuperar propiedades deficitarias. Edificios por terminar o pendientes de una importante rehabilitación.

Otro caso sintomático lo encontramos en pleno centro de San Rafael, en plena “travesía de la vergüenza”. Un bloque enterito, de por lo menos seis viviendas y aspecto de nueva planta, bajos comerciales tapiados que nunca vendieron nada. Según informa el ayuntamiento todo el edificio es propiedad del Sareb. Esto ya no es una ocupación espontánea. Apunta al trabajo de una mafia, de las muchas que operan en otras provincias. Localizan inmuebles en situación jurídica incierta que garantiza meses, acaso años, de habitabilidad. Vampirizan el tendido eléctrico, como hay menores y familias en situación de precariedad, las eléctricas no pueden desconectarles de la red así como así. Las mafias buscan familias a las que “alquilan” los pisos. A veces sucede que los okupas se creen que sí, que realmente su situación es plenamente legal. Pero nada más lejos.

San Rafael.

Actualmente está ocupado por familias marroquíes. Los vecinos se extrañan, “¿dices que está ocupado? A nosotros nos han dicho que están de alquiler”, dice un vecino. Pero en el Ayuntamiento confirman lo contrario, está ocupada. “Hemos recibido 30 peticiones de empadronamiento de estas familias”, cuenta el alcalde, Javier Figueredo. El pueblo está viviendo un boom de empadronados. Muchos “segunda viviendas”, escarmentados por el covid19 y con trabajo en Madrid, prefieren que futuros confinamientos les pillen allí, así que utilizan esa segunda residencia para empadronarse. Pero en el caso de las familias okupas las finalidades del empadronamiento van por otro lado.

Muchas de esas familias han solicitado a la vez ayudas por la renta de ciudadanía. “Nosotros retrasamos todo lo que podemos el empadronamiento porque tenemos miedo a un efecto llamada y que se nos llene esto de okupas”, explica Figueredo. Es duro contarlo pero es así. “Les pedimos justificantes de residencia, contratos de alquiler, de electricidad… Ellos nos vienen con cartas de los servicios sociales remitidas a su nombre y con la dirección del edificio ocupado. Cuando solicitan una ayuda dicen que viven allí, servicios sociales lo da por bueno y envía allí los papeles, así obtienen un papel oficial que confirma su residencia. Lo retrasamos todo lo que podemos pero los servicios jurídicos municipales nos dicen que estamos obligados a empadronarlos“, concluye el alcalde. Los okupas son ya un problema que no se puede ignorar. La ley se queda corta, no hay políticas de vivienda social dignas de ese nombre y los ayuntamiento no saben qué hacer, los vecinos, los propietarios de segundas residencias se sienten en una situación de indefensión, Direct Seguros y empresas de alarmas viven una época dorada: urge un cambio normativo ya.

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