Posted By Redacción on 16, Feb, 2018

Concejales del grupo popular en las inmediaciones del aparcamiento.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha utilizado sus perfiles personales en las redes sociales para acusar directamente al PP de coordinar su campaña de denuncia por los retrasos en la apertura del aparcamiento de José Zorrilla con la adjudicataria de la instalación, la UTE Collosa Pigsur —el edil sólo habla de la primera— “para que seamos los segovianos los que paguemos el deterioro del parking de José Zorrilla”. En el mismo comentario se pregunta además si “darán a Raquel Fernández un puesto de arquitecta en Collosa por los servicios prestados???”.

La línea de ataque de los socialistas la había marcado esa misma mañana del 15 de febrero la alcaldesa, Clara Luquero, aunque lo hizo en forma de insinuación irónica señalando su extrañeza por “la coincidencia de planteamientos entre la empresa y el Partido Popular”, aunque evitó profundizar en los motivos de su comentario pese a la pregunta explícita formulada por un redactor de este periódico.

Reguera, mucho más agresivo, ha elevado en sus perfiles a afirmación rotunda la acusación aunque en el texto no se aclara si tiene alguna prueba que afiance lo escrito, mientras que varios usuarios hicieron comentarios de reprobación a sus afirmaciones en el mismo muro. Se da la circunstancia de que el mismo portavoz invitó hace unos días a dimitir al líder municipal de Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, por un comentario crítico, también en redes sociales, hacia el dirigente de Podemos, Pablo Echenique.

Lo cierto es que los socialistas no logran ocultar su resquemor por el desgaste que les está causando la campaña iniciada por el PP en torno al aparcamiento justo en el momento en el que la empresa ha vuelto a poner en aprietos al Gobierno local anunciando el cierre definitivo de la instalación, en la que hay casi dos centenares de plazas funcionando en régimen de alquiler o compra.

Así, Luquero, visiblemente molesta por el calado de la campaña, empleó buena parte de su comparecencia de prensa de los jueves a descalificar la iniciativa de los populares que enmarcó en la actividad electoral mientras acusaba a los concejales populares de haber perdido el contacto con la ciudadanía por no acudir a los actos públicos “ni siquiera a las misas —a las que sí acude la alcaldesa asiduamente— y eso que antes eran fijos en los actos religiosos”, criticó antes de pasar a la “contracampaña” basada en la venta de su propio trabajo y el de los concejales delegados.

“Un plan de contingencias”.

En cuanto al problema de fondo, la posibilidad de que la empresa eche el cierre definitivamente el próximo día 28, la alcaldesa trató de mostrar una imagen de tranquilidad anunciando que si eso ocurre pondrá en marcha “un plan de contingencias” que permita a los usuarios de plazas en alquiler seguir usando la instalación, aunque tampoco en este caso supo detallar el “plan” limitándose a afirmar que “arbitraremos un procedimiento para que puedan seguir acudiendo allí”.

Tratando de apurar al máximo los plazos, la Junta de Gobierno aprobaba esa misma mañana un nuevo requerimiento a la empresa para que antes del 26 de febrero subsane los defectos en la documentación que se le pidió anteriormente además de nuevos papeles y reparaciones pendientes, más de dos decenas de exigencias que de no satisfacerse “incurrirían en daños y perjuicios”, mientras que se actuaría subsidiariamente para realizar los arreglos de desperfectos que el Ayuntamiento se “cobraría de las fianzas que la empresa tiene depositadas como concesionaria”, de acuerdo con la alcaldesa.

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