Cada vez que en nuestro país se pone en marcha una política que aumenta el estado del bienestar, el PP pone en marcha la maquinaria de la mentira y de la difusión de bulos para no apoyarla e intentar que no sea una realidad. Lo estamos comprobando en los últimos días y observamos como ejercitan una “política de destrucción masiva” y que repercute en los intereses de una amplísima mayoría de la ciudadanía.
Nuestra democracia tenía un debe, ya que no teníamos desarrollado el marco constitucional del derecho a una vivienda, y el pasado jueves, con el voto delegado de los segovianos/as, apoyé en el Congreso esta nueva Ley Estatal de Vivienda, siendo el único diputado segoviano que lo apoyó. ¿A quién defienden?
Conviene aclarar que las competencias en materia de vivienda son de los gobiernos autonómicos, y el planeamiento y la gestión del suelo es municipal. El Estado lo que puede hacer es diseñar un marco común, vender o liberar suelo, así como la política presupuestaria y parte de la fiscal. Como pueden imaginar la Junta de Castilla y León, lleva años sin apostar por la vivienda pública y ahora me pregunto como va a ayudar a los segovianos/as para que se puedan beneficiar de esta importante ley. ¿Hace falta la Respuesta? Mañueco y García Gallardo, están a otras cosas.
Es evidente, por los resultados conseguidos, que las políticas en materia de vivienda de la derecha son unas políticas fracasadas, que alentaban desahucios, burbuja inmobiliaria, especulación o corrupción. Con la SAREB compraron activos tóxicos a las entidades financieras que, posteriormente, generaron una importante deuda a los españoles. Liberalizaron el suelo, vendiéndolo a fondos buitres y a especuladores. Convirtieron un derecho en una mercancía, cebando la burbuja inmobiliaria. Su poco interés por ayudar a los jóvenes para emanciparse, o a personas con más dificultades, se demuestra con unos datos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, entre 2004-11 construyó una de media anual 62.400 viviendas públicas, y Rajoy entre 2012-18, 15.800 de media. En 2017, último año de gobierno del PP, se terminaron 4.938 viviendas protegidas, el menor número de la historia.
La política de vivienda del PP es entregar todo el suelo a unos pocos grandes
constructores, que luego por casualidad aparecen en algunas de las investigaciones judiciales que vinculan a su partido con financiación irregular. La vivienda para ellos es un negocio o mercancía, pero para los socialistas es un derecho y lo hemos demostrado.
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez, consciente de la situación y con apuesta firme, que se traduce en decisiones valientes, en políticas progresistas que cambian preocupación por solución, como ocurrió con la reforma de las pensiones, con la reforma laboral o ahora, con la primera Ley de Vivienda de la democracia, apuesta por establecer derechos de ciudadanía.
La vivienda siempre ha sido un eje de las políticas del actual Gobierno de España, desde el inicio de la legislatura. El 70% de la desigualdad de nuestro país viene por la dificultad del acceso a la vivienda. Hemos escuchado a la gente, a los jóvenes que no pueden acceder a un alquiler ni desarrollar un proyecto de vida, a las familias trabajadoras que ven como un imposible pagar alquileres a final de mes. Y hemos desarrollado un plan de acción, para que lo que es un problema deje de serlo y para que familias y jóvenes puedan emprender un proyecto de vida. Sin un hogar no hay derechos.
A través de los tres Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura, el Gobierno ha destinado a financiar políticas de vivienda con cerca de 9.000
millones de euros, frente los 1.380 millones que destinó el PP en sus tres últimos años de gobierno.
El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, aprobado en enero de 2022, presta especial atención a las ayudas para el acceso a una vivienda de alquiler, especialmente para jóvenes, víctimas de violencia de género y personas en situación vulnerable, la accesibilidad y erradicación de la infravivienda.
El Bono Alquiler Social es una realidad para jóvenes, con bajos ingresos de entre 18 y 35 años, que ya puedan acceder a un piso de alquiler de 250
euros/mes, durante 2 años. Más de 19.000 jóvenes se han beneficiado entre enero de 2022 y marzo de 2023 en nuestro país.
Ahora el Plan de Vivienda para un Alquiler Asequible prevé poner en el mercado 183.000 viviendas de alquiler social y asequible a través de diferentes mecanismos, como acuerdos con las Comunidades y los Ayuntamientos o mediante la construcción en suelo público, de la SAREB o
financiadas por el Plan de Recuperación, entre otros.
Pero la atención a la realidad de la ciudadanía, se tradujo como consecuencia de la subida de los tipos de interés, en la implementación del Código
de Buenas Prácticas, medida que protege a más de un millón de hogares y cubre el 97 % de las hipotecas, con la gratuidad del cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo o la posibilidad de congelar la cuota hipotecaria durante 12 meses y alargar hasta 7 años el plazo de vencimiento de la hipoteca. En la misma línea se ha reformó la Ley Hipotecaria, para combatir las cláusulas abusivas en las hipotecas y reforzar las garantías de los consumidores.
Tampoco conviene olvidar que se ha llevado a cabo el Programa de rehabilitación en entornos urbanos y residenciales dentro del Plan de Recuperación, dotado con 3.420 millones de euros. No los escucharan ahora en campaña electoral de las municipales ninguna propuesta, no la tienen. Pero ahora con la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia, se ha dejado de manifiesto, una vez más, quien aporta soluciones a los problemas de la ciudadanía y quien aplica “políticas de destrucción masiva”.
Diputación
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