Posted By Natalia Del Barrio on 20, Jun, 2020

En 2013, el director británico Kean Loach, estrenó el documental “El espíritu del 45” un recorrido sobre la construcción del Reino Unido después de haber sido destruida durante la II Guerra Mundial. El camino que lleva al Partido Laborista a ganar las elecciones, y a poner en práctica un ambicioso programa de políticas públicas encaminadas a la consecución del Estado del Bienestar.

Desde el desarrollo de un Sistema Público de Salud, hasta políticas de vivienda, pasando por la nacionalización de sectores clave del país, Loach narra la inversión pública necesaria que se hizo en la posguerra para que el país cogiera el impulso necesario en su reconstrucción.

En tiempos post- Covid, Clement Attle, el líder laborista que arrebató la presidencia a Winston Churchill, sería un peligroso “comunista con la única intención de destrozar su a su país y su pueblo”.

Parece, y digo que parece, el “Espíritu del 45” revoloteó por las cabezas de los dirigentes de gobierno y oposición en Castilla y León. A bombo y plantillo, y al parecer sin preguntas de periodistas, se vendió un acuerdo “histórico” que supondría un cambio para Castilla y León y que sería “ejemplo” para el resto del país. Pero solo revoloteó,

Un pacto que ha olvidado la perspectiva de género, en su fondo y en su forma, así como en su presentación, que ha olvidado a los mayores, y que está plagado de verbos de esos que expresan buenas intenciones, pero que no condicionan ni obligan.

Lo más llamativo (y a la vez doloroso), ha sido aceptar ese informe de parte que pretende realizar la Junta de Castilla y León para esclarecer lo ocurrido en las residencias. Incidencia y prevalencia, algo que tristemente conocemos, actuaciones llevadas a cabo, como si no lo supieran ,si firmaron ellos las órdenes. Eso sí que se debata en la Comisión, pero sin mención a ninguna responsabilidad política.

Nada de revertir las privatizaciones de la Sanidad Pública, y aceptación del triaje telefónico previo en los consultorios locales. Un aumento progresivo de la participación presupuestaria en el gasto sanitario global, pero eso sí dentro del contexto del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.

En los centros residenciales de personas mayores de titularidad municipal se reforzará el carácter, el control y la responsabilidad pública ¿Y qué ocurre con los privados? Nada tampoco de revertir privatizaciones, solo un compromiso de aumento del 25% de plazas, no públicas, sino de responsabilidad pública, es decir que pueden seguir siendo gestionadas por empresas privadas, fondos buitre o multinacionales.

En concreto, el punto 46, en lo que a Segovia se refiere, esperemos que se cumpla, “aumentar un tercio de las plazas de convalecencia socio- sanitarias”. Teniendo en cuenta que no tenemos ninguna, cualquier suma siempre será bienvenida.

Con respecto a la vivienda, no basta con “profundizar en el parque público de alquiler social”. Quizá algo revolucionario sería exigir nuestro 45% de vivienda del Sareb y no permitir que el 90% de esa vivienda siga en manos de inmobiliarias, gestores de activos y fondos buitre.

Entre punto y punto también se encuentran de esas cosas de las que te da por reír por no llorar, como exigir el gasto del superávit a los ayuntamientos que en la actualidad esta bloqueado por la famosa Ley Montoro ( como si esa Ley hubiera aparecido por un fenómeno metereológico) pero eso sí, no derogando, sino flexibilizando. O reducir las tasas universitarias, una medida impuesta por el Ministerio de Universidades y votada en contra por la Consejería de Educación.

Y por supuesto nada de progresividad fiscal para nuestra Comunidad Autónoma para que los que más tienen sean son los más paguen. Que el dinero venga de Europa, ese mismo dinero que ellos mismos están intentando bloquear alineándose con países como Holanda para endurecer las condiciones en las que se recibirá.

En definitiva, no niego que un poco menos de crispación no venga mal. Y entiendo que en un pacto, todos tienen que ceder. Pero una cosa es ceder y otra cosa es esto que nada tiene que ver con una reconstrucción basada con el consenso social que sí está en la calle: el reforzamiento de los servicios públicos.

Comparte en tu WhatsApp