Ángel Galindo Hebrero. Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia
Si algo ha caracterizado la entrada en los juzgados de banqueros y exdirectivos de las cajas de ahorro acusados por diferentes delitos, ha sido la presencia de afectados por las participaciones preferentes que recriminaban su gestión y pedían que se hiciera justicia. La causa por estafa en la emisión de participaciones preferentes fue archivada en mayo del año pasado. El juez consideró que no se vendieron “con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión”. La realidad es que cerca de un millón de personas se vieron afectadas en todo el país.
En Segovia, aunque estas manifestaciones de protesta no han sido tan notorias, fueron muchas las personas afectadas por las preferentes. Por desgracia, Caja Segovia repitió la mala praxis de otras entidades. El consejo de administración aprobó en junio de 2006 la emisión de preferentes por un importe de 62 millones de euros, a partir de un informe del comité de activos y pasivos (COAP) que alertaba de una probable tendencia a la baja en la evolución del coeficiente de solvencia. Estas participaciones estarían dirigidas “principalmente a inversores minoristas y público en general” con el objetivo de aumentar “los recursos propios de Caja Segovia”. Finalmente se vendieron 77 millones de euros en preferentes, de los cuales 62 fueron a minoristas.
Para conseguir venderlas, la entidad se valía de la confianza que los clientes de toda la vida tenían en la caja de ahorros de su provincia. Por otro lado, seguramente muchos de los directores de oficina tampoco eran conscientes de que lo que estaban vendiendo supondría un grave perjuicio para los compradores. Está claro que el problema venía de más arriba, de aquellos que eran conscientes de los riesgos y que aun así proponían su venta, y también de los consejos de administración que aprobaban venderlas. Fue una estrategia perfecta por parte del sistema financiero que acabó arruinando a miles de personas.
Para la emisión de preferentes fue precisa la creación de una Sociedad Instrumental, participada al 100%, por Caja Segovia, la “Nueva Sociedad”. Tres personas fueron apoderadas para poder representar a la caja en dicha sociedad. Entre ellos se encontraba el que fuera director adjunto durante más de 15 años: Miguel Ángel Sánchez Plaza. Es curioso que esta persona afirmara no conocer nada sobre esta “Nueva Sociedad” ante las preguntas del portavoz de IU, José Sarrión, durante su comparecencia en la comisión de investigación de las cajas de ahorro que se llevó a cabo en las Cortes de Castilla y León. Sí que reconoció que al dejar la entidad percibió una compensación de 6.956.823 euros, y ahora está imputado a título lucrativo en el proceso de las prejubilaciones millonarias.
Un estudio de 2013 realizado por el defensor del pueblo reflejaba que “las participaciones preferentes se comercializaron a través de las sucursales entre sus clientes ofrecidas como una alternativa a los depósitos a plazo, sin informar debidamente de las características del producto: perpetuidad, remuneración condicionada a la existencia de beneficios y fluctuación en el precio nominal, lo que podría conllevar pérdidas en su venta”.
Aunque se han judicializado dos casos relacionados con Caja Segovia, tanto el de las prejubilaciones como el del Torreón (en los que IU participa como acusación popular), la venta de preferentes no ha traído ninguna consecuencia judicial, a pesar de los perjuicios causados a los clientes. La estafa de las preferentes ha sido un claro ejemplo de las malas prácticas que el sistema financiero llevó a cabo durante los años de crisis. Además, cabe recordar que PSOE y PP decidieron entregar al capital financiero privado la mitad del ahorro y el crédito del país mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, consiguiendo así su desaparición.
Los diferentes Gobiernos del PSOE y del PP no quisieron detener la especulación inmobiliaria, lo que provocó y profundizó la crisis financiera que seguimos padeciendo. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos autonómicos presididos por estos dos partidos, colaboraron a través de sus políticas en este sentido. Pero hubo algo más que eso: créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de infraestructuras sin ningún respaldo serio que dieron lugar a aeropuertos y autopistas inútiles, a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y polígonos sin uso.
Es evidente que la mala gestión y posterior desaparición de las cajas de ahorro supusieron un grave perjuicio a la ciudadanía, y Caja Segovia no fue una excepción. No olvidemos que el saneamiento de las cajas costó mucho dinero público, para que luego acabaran privatizándose, cuando se podía haber aprovechado para crear una banca pública; que estas cumplían una función social que ahora se ha perdido (por ejemplo, en 2008 la Obra Social y Cultural de Caja Segovia invirtió 11,2 millones de euros); que mientras la gente se arruinaba y la entidad se iba a pique por la mala gestión, los directivos de Caja Segovia fueron premiados con grandes cantidades de dinero a través de prejubilaciones millonarias; que unos 3500 clientes de la entidad segoviana fueron víctimas de estos abusos, engaños e informaciones inexactas derivadas de la venta de preferentes. ¿Algún responsable?
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