Posted By Redacción on 1, Ago, 2025

La discusión sobre el convenio para ceder una parcela municipal al SOMACYL, donde se prevé la construcción de entre 14 a 16 viviendas públicas, resulta revelador de la visión que sobre la crisis de la vivienda que padece España y Segovia tienen los partidos. Del debate en el pleno del Ayuntamiento de Segovia, se desprende que tanto VOX como PP defienden el actual modelo, que limita a 15 años la protección oficial, a partir de este tiempo la vivienda puede venderse en el libre mercado. Desde Ciudadanos, se abonaba también a esta tesis si bien en razón de defender “el interés de Segovia”.

El PSOE de Clara Martín, en cambio, rechaza esta limitación de 15 años y pide la consideración de vivienda pública “a perpetuidad”. De esta manera se evita que con el dinero público y el suelo de todos se construya vivienda que termina en manos privadas. “Un mercado especulativo que tanto beneficia a la señora Serrano”, se la tiró Martín.

En el arco conservador del hemiciclo se le replicaba a Martín que en 20 años de gobierno municipal socialista, la política de vivienda brilló por su ausencia, al tiempo que se tildaba la propuesta socialista de soviética, venezolana, máximamente intervencionista y que, en el fondo, incauta a las familias la propiedad de su vivienda. Previamente, Alejandro González-Salamanca, hizo leer un informe técnico que viene a decir que la moción, era además extemporánea por cuanto el convenio no fija las condiciones en que se venderán las casas, que esto será potestad en cualquier caso del consistorio.

Así las cosas, desde Podemos e IU, se coincidía y con razón en señalar lo caduco del modelo de la vivienda protegida española, todo un fracaso, reclamando en su lugar que la vivienda pública sea por defecto de alquiler, que es lo que se estila en los países europeos. De esta manera la vivienda pública pasa a ser un factor de contención de los precios, además de facilitar la residencia a los ciudadanos con menos medios. Hay un problema, les señalaba González-Salamanca, y es que se precisa vender para obtener los fondos que financien la construcción. Actualmente, ni Junta ni Ayuntamiento tienen fondos para amortizar a largo plazo sus inversiones por lo que se impone la venta.

La medida salió adelante con los votos de Vox, PP y Ciudadanos. Como también la fijación de los festivos locales para 2026 y el homenaje al arquitecto Pagola en forma de placa. Ya en mociones, Vox conseguía el apoyo del PP para, una vez más, auditar los servicios municipales de Urbanismo. Medida que Alfonso Ceballos-Escalera y Gila justificaba en conseguir aclarar “por qué los segovianos han tenido que pagar, con sus impuestos, más de 15 millones de euros en sentencias judiciales relacionadas con la Concejalía de Urbanismo” y en el relato de que “Urbanismo de Segovia no funciona”.

También salieron adelante las mociones de IU para reforzar la línea 4 y la del PSOE para mejorar la preservación del yacimiento del Abrigo del Molino, en el que recientemente se ha hecho historia fechando la presencia Neanderthal más reciente, de entre 44.000 a 41.000 años antes de nuestra era, al tiempo que conseguido pruebas de la capacidad simbólica y representacional de aquellos Sapiens, misteriosamente extintos.

Serrano se justifica

No tuvo suerte Guillermo San Juan con una moción para promocionar la economía verde y mitigar la turismodependencia de Segovia. La propuesta de San Juan -de  totum revolutum la tildó González-Salamanca- es un conjunto tuti-fruti de propuestas que van desde obligar a panelizar con placas solares aquellos edificios que pudieran hacerlo hasta incrementar la FP.

Se llegaba a ruegos y preguntas en la que la protagonista fue Rosalía Serrano, ya como ex-portavoz del PP, después de las informaciones que la acusan de ocultar su condición de administradora de hasta tres sociedades. Situación que como ella misma reconoció el alcalde, José Mazarías, desconocía completamente. Pidió excusas por haber omitido la declaración, cosa que se subsanó hace un año a requerimiento de la secretaria general municipal, si bien señaló que al no cobrar entonces del consistorio, ni tampoco de las empresas administradas, creía que no era necesario (dijo que lo desconocía). Presentó documentos del registro para probar que actualmente ya no detenta ningún cargo de administrador.

No convenció al PSOE, la verdad. Que posteriormente en redes (al ser una pregunta no se contemplaba el debate) recordaba que su dejación de cargos se remonta al 10 de junio, es decir, justo al saltar la información. También diferenciaba el PSOE entre recibir un salario como administradora, cosa que no ha hecho, de percibir rentas o dividendos, que no sabemos.