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Los jueces llaman a los consejeros de la Caja

Los problemas crecen  para los que fueron consejeros y directivos de Caja Segovia en los últimos años de su existencia. Tanto el juzgado número 2 y mercantil, donde se sigue el caso de las retribuciones y jubilaciones millonarias de los directivos, como el número 5, donde se depuran responsabilidades por el caso Navicoas —que desembocó en la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros bienes de la entidad— han puesto la etiqueta de “imputados” a los consejeros que participaron en ambas decisiones.

El juzgado número 2, que en los últimos meses no ha logrado que la Fundación Caja Segovia —heredera de los restos de la entidad— remitiera las actas de las reuniones en las que se aceptaron las retribuciones millonarias a directivos, ha optado por pedir explicaciones a todos los que estuvieron implicados en aquellas decisiones: los integrantes de la comisión de retribuciones y los miembros del consejo de administración.

Atilano

Atilano Soto.

Así, entre los días 13 y 15 de enero declararán como imputados los cinco integrantes de la comisión: el entonces presidente de la entidad y de la comisión, Atilano Soto, el socialista, Manuel Agudíez, entonces vocal, Elena García Gil, que actuaba como secretaria del organismo y forma parte de la gestora de lo que queda de la extinta Obra Social, además de ser vicesecretaria provincial del PP; el ex director de la Caja, Manuel Escribano y el ex secretario, Antonio Tapia.

Se da por hecho que los miembros del consejo de administración —organismo que debía dar el visto bueno a las propuestas de la comisión de retribuciones— para los que el Fiscal también pidió la imputación, recibirán en breve la citación, aunque esto aún no se ha producido.

Al mismo tiempo, diversas fuentes han confirmado que desde el Juzgado de instrucción número 5, se ha dictado un auto en el que se imputa por un presunto delito societario a los consejeros que en julio de 2012 dieron el visto bueno a la formalización de un préstamo por 6,8 millones destinado a enjugar una deuda tributaria contraída por Navicoas Asturias, dedicada a operaciones urbanísticas, en la que la Caja participaba al 50 por ciento.

La actuación del juzgado se inició a partir de la denuncia de una decena de ex consejeros contra los entonces director y presidente, Manuel Escribano y Atilano Soto, a los que acusaron de falsedad documental, precisamente en torno a la asunción de ese préstamo y su justificación. El crédito solicitado por la entidad segoviana —Bankia se negó a asumirlo como parte de la integración— tenía como garantía hipotecaria el Torreón de Lozoya y otros inmuebles de Caja Segovia.

Personaciones

Miguel Ángel de Vicente.

Miguel Ángel de Vicente.

La repercusión social y política de los procesos judiciales que se siguen en los juzgados segovianos sobre las actuaciones de consejeros y directivos de la entidad resulta indudable y la necesidad de información detallada de su desarrollo parece estar en la motivación de una auténtica riada de personaciones en ambos procesos, ya formalizadas en algunos casos y anunciadas en otros.

En el caso de las retribuciones, en el juzgado número 2, estaban personadas en principio la formación UPyD —autora de varias denuncias—, la Fiscalía, un sindicato de ex trabajadores, la Fundación Caja Segovia y el Ayuntamiento de Segovia. Tras la imputación, se suman a esa lista los cinco miembros de la comisión ya imputados, pero también lo ha hecho recientemente el que fuera secretario del consejo, Miguel Ángel de Vicente y la formación IU de Segovia.

De Vicente, cuya actuación en solitario ha sorprendido en su entorno, donde se suponía que regía cierta unidad de acción frente al juzgado, ha pedido al Juez que registre la sede de la Fundación para recabar las actas de los acuerdos sobre retribuciones. Sostiene que existen diferencias entre lo acordado y lo reflejado después en los escritos oficiales.

Por su parte, el coordinador provincial de IU anunciaba en la mañana del 4 de diciembre la decisión de la Presidencia de la formación para integrarse como parte en el proceso de las retribuciones, al mismo tiempo que exigió el cese inmediato de todos los cargos públicos y aforados imputados, en referencia al senador, Javier Santamaría, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, el alcalde de la ciudad, el socialista, Pedro Arahuetes, o los integrantes del Gobierno de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino.

La lista se completa con los nombres del presidente de la patronal segoviana, Pedro Palomo y el también empresario Juan Manuel de la Puente, los sindicalistas Eduardo Aguado y Fidel García, Concepción Monte, Fernando Aceves, y José Pablo Lozoya, como miembros de partidos políticos, el representante de los impositores, Bonifacio García y de los jubilados, Manuel Berzal.

En cuanto al caso de las hipotecas por causa de Navicoas, IU anunció también que se personará en el proceso, al igual que UPyD, según confirmaron representantes de la formación, además de la Fundación y los consejeros imputados.

Author: Redacción

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