Un momento de la comisión de Medio Ambiente y Urbanismo del 9 de marzo. Beloqui (al fondo, tercero de la fila de la izquierda) aún permanecía en la reunión.
Todo transcurría con normalidad en el seno de la comisión de Medio Ambiente y Urbanismo del pasado 9 de marzo hasta que llegó el punto décimo del orden del día, una solicitud de la empresa “Único, coagulantes industriales” para instalar una fábrica en suelo rústico de Navalmanzano.
El jefe del servicio de Urbanismo, Ángel Beloqui, que actuaba como ponente técnico, explicó que la solicitud sí se ajustaba a la normativa en los aspectos urbanísticos, aunque expuso reparos a admitir la justificación para ubicar la industria en suelo rústico en base al supuesto “interés público” del proyecto, tal como alegaban los solicitantes en un documento aportado por ellos mismos, pero que cuestionaron varios miembros de la comisión.
El informe de la empresa, que parecía satisfacer al delegado territorial y presidente de la comisión, Javier López Escobar, sostenía la existencia del “interés público” en aspectos como la generación de empleo, el interés social, o la inexistencia de suelo industrial en Navalmanzano, argumento este que negó en ese mismo momento el jefe de Industria, Sergio Gozalo, afirmando la existencia de ese tipo de suelo en el municipio, mientras se iniciaba un vivo debate entre los casi treinta integrantes de la comisión.
Pese a la evidente división, el delegado territorial decidió proceder a la votación, aunque se vio sorprendido cuando comprobó que entre los votos en contra estaban el de los dos jefes de servicio citados (Beloqui y Gozalo) y del representante de un tercer responsable de servicio, el de Cultura, sustituido ese día por el arqueólogo territorial, Luciano Municio, según se desprende del acta de aquella reunión.
Visiblemente molesto —coinciden los presentes— ante la “rebelión” de los técnicos, López Escobar interrumpió el proceso de votación y sorprendió a los reunidos cuando decidió expulsar a Beloqui alegando que existía una causa de abstención por “enemistad manifiesta” del técnico hacia el promotor de la fábrica, aunque sin citar el nombre de Javier de la Orden, que es el secretario del consejo de la solicitante. El delegado llegó a amenazar con recusar al técnico.
La expulsión, un hecho sin precedentes en la comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, generó un duro enfrentamiento entre ambos implicados durante algunos minutos, aunque Beloqui abandonó finalmente la sala, momento en el que el delegado territorial quiso apuntalar su decisión ante los presentes desvelando que el promotor de “Unión coagulantes universales” tenía abierta en los tribunales “una causa contra el arquitecto”.
La críptica referencia aludía al enfrentamiento judicial que mantienen el administrador de Segovia 21, De la Orden y varios de los propietarios de las viviendas del mismo complejo, entre los que figura Beloqui, cuya compra está, efectivamente, en manos de los jueces, que dirimen si los que señalaron la compra deben ahora pagar la totalidad de los inmuebles o pueden renunciar a formalizar la compra por incumplimientos de las condiciones del precontrato.
Pese a la expulsión del técnico, teóricamente para garantizar la imparcialidad en la votación, pero decidida sólo después de conocer la oposición de los jefes de servicio, ecologistas y sindicatos, López Escobar decidió finalmente dejar sobre la mesa la petición de autorización para la instalación de la fábrica a la espera de que sea la Dirección regional de Urbanismo, con sede en Valladolid, la que finalmente se pronuncie sobre el presunto “interés público” de la iniciativa, un informe que aún no está concluido.
Radicada en Navalmanzano y con objetivos inmobiliarios.
La empresa Único Coagulantes Universales comenzó a operar en julio de 2013 fijando su domicilio social en Navalmanzano, precisamente en la finca en la que se quiere establecer la fábrica de coagulantes —se trata, básicamente, de productos químicos usados para el tratamiento de aguas— con un capital social de 60.000 euros.
Destaca en su inscripción el objeto social declarado por la empresa: “La compraventa de terrenos, parcelas o solares destinados a la parcelación, urbanización, promoción y ejecución de edificios para viviendas, locales comerciales, y oficinas, o naves comerciales o industriales; así como la creación de polígonos de viviendas, polígonos industriales para su explotación”.
En su consejo de administración se sienta como secretario —aunque no es consejero— el abogado, Javier de la Orden.
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