Posted By Redacción on 21, May, 2025

El Ayuntamiento de Segovia iniciará una modificación puntual del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el objetivo de solventar el defecto formal que ha motivado la anulación de la ordenanza de zonas de bajas emisiones (ZBE), según ha explicado este lunes el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca. El motivo: la zona de bajas emisiones no estaba contemplada en el Plan de Movilidad, aprobado en 2014, pese a que la obligación de incluirla deriva de una ley posterior, de 2021.

La decisión responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conocida esa misma mañana, que estima un recurso contencioso auspiciado por la asociación Liberum, organización ultraliberal y próxima a la extrema derecha, que entre sus “logros” cita el poner trabas a las campañas de vacunación, al pasaporte Covid, o personarse como acusación particular en pleitos como el que se sigue contra la esposa y hermano del presidente del Gobierno.

“El gran argumento que tiene la sentencia es que en un documento del año 2014 se tendría que haber previsto una obligación normativa que aparece en el año 2021”, declaró González-Salamanca. En ese sentido, calificó la anulación como “un requisito formal, que aceptamos y respetamos”, y añadió: “No conviene que demos fechas, porque podríamos dar lugar a alguna confusión. La ordenanza está anulada. No hay ordenanza de bajas emisiones en Segovia hasta que no se apruebe una nueva”.

El edil explicó que los servicios técnicos ya trabajan en la modificación del PMUS, con el objetivo de llevarla “si fuera posible, al pleno de junio”, aunque admitió que “es un deseo mío” y no un compromiso cerrado. Posteriormente, la tramitación requerirá exposición pública y nueva aprobación de la ordenanza.

Pese al fallo judicial, el Ayuntamiento considera que el contenido de la ordenanza ha sido validado. “La sentencia avala el contenido de nuestra ordenanza. Avala las propuestas que ha hecho el equipo de Gobierno y que han sido aprobadas por el Pleno”, afirmó. Según explicó, el texto recoge adecuadamente el perímetro de aplicación, la gradualidad de implantación y las medidas de control. “Es una buena ordenanza, hay una regulación correcta”, añadió.

Preguntado por la posibilidad de introducir cambios, González-Salamanca fue claro: “Previsiblemente no se modificará”. El concejal también quiso destacar el respaldo que la sentencia otorga al trabajo técnico: “Nos dice que la ordenanza es prudente, que no afecta a la vida de las personas, que la implantación progresiva es un acierto”.

En cuanto a las ayudas europeas vinculadas al proyecto, el concejal aseguró que el retraso no debería comprometerlas. “En un primer momento entendemos que no, porque es una causa de importancia mayor. Hay una sentencia judicial que tenemos que cumplir”, explicó. Recordó que los compromisos con Europa se han cumplido “rigurosamente y en plazo”.