El Partido Popular ha atribuido el incremento del recibo de la tasa de basuras a una imposición del Gobierno de España derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, y ha reclamado su derogación inmediata al considerar que “coarta la autonomía municipal y obliga a subir impuestos sin margen de maniobra para los ayuntamientos”.
El secretario provincial del PP y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, compareció junto a la presidenta provincial y senadora, Paloma Sanz, y el alcalde de Segovia y coordinador del PP, José Mazarías, para explicar que “esta subida no responde a ninguna obligación europea, como quieren hacernos ver, sino a una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez”.
De Vicente sostuvo que la directiva europea “no obliga a crear una tasa específica, sino que sugiere incentivos para promover la gestión responsable de los residuos”, y que la norma española “ha ido más allá, imponiendo una tasa obligatoria y no deficitaria”. En su opinión, el Gobierno “ha querido convertir a los alcaldes en cobradores de impuestos ajenos”.
Imposición
El alcalde de Segovia, José Mazarías, señaló que el equipo de gobierno local “ha tenido que aplicar la Ley con escasas herramientas y plazos”, lo que obligó a una subida “apresurada” de la tasa en 2025. “No era una decisión del Ayuntamiento, sino una obligación impuesta desde el Gobierno central”, subrayó.
Mazarías explicó que el Consistorio había preparado una propuesta de rebaja para las tasas de 2026, pero que “fue rechazada por la oposición en bloque” —PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos—. Según detalló, esa modificación habría permitido una reducción media de cuatro euros en los recibos domésticos, a lo que se añadiría un 2% de descuento adicional para quienes optaran por el pago aplazado.
El alcalde añadió que el plan incluía también ajustes en la tasa para actividades económicas, aplicando correcciones según el tipo de residuos y la superficie real de los locales, “para ajustar con justicia el cálculo de residuos generados y de qué tipo son”.
Con esos cálculos, Mazarías aseguró que 1.127 de las 3.258 empresas segovianas pagarían menos el próximo año, y que en algunos casos la rebaja habría sido significativa: “822 empresas habrían visto reducirse sus recibos hasta en 100 euros; 177 entre 101 y 500; y otras 25 se habrían ahorrado más de 5.000 euros anuales”.
Bajada de impuestos
El PP lamenta que la oposición haya votado en contra de la propuesta, lo que —según Mazarías— “impide una rebaja que habría beneficiado tanto a vecinos como a empresas”. “El PSOE ha preferido no incordiar al Gobierno cuestionando una ley injusta antes que reducir los recibos a los segovianos”, declaró.
Los populares advierten además de que la Ley 7/2022 podría generar “una elevada litigiosidad a corto y medio plazo” por parte de los contribuyentes, además de “efectos colaterales” como la traslación de los costes a los precios de los alquileres de locales y viviendas, lo que —según citan de la FEMP— agravará el problema de acceso a la vivienda.
“El Partido Popular quiere alcaldes al servicio de los vecinos, no cobradores de impuestos ajenos”, resumió De Vicente.
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