Hay noticias que provocan una preocupación intensa, como la conocida en el caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y te hace preguntarte cómo es posible que en un sistema moderno no salten las alarmas antes cuando está en juego la propia vida. La detección de retrasos anormales en las citaciones y falta de comunicación sobre los resultados de las mamografías en algunas mujeres que no habían sido informadas de los resultados de sus pruebas durante más de un año, llevo a la denuncia, pero no eran casos aislados ahora conocemos que eran más de 2000 casos en toda Andalucía. El caso es muy serio.
Siguiendo el hilo de la información y ante las políticas del PP de aumento de la privatización de la sanidad pública en dicha comunidad, vuelve una vez más la sombra de que toda emergencia cuando es gestionada por la derecha se acaba convirtiendo en un problemón. Pero después presenciar el espectáculo dantesco que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se nieguen a dar los datos de los cribados al Ministerio de Sanidad, ya roza la negligencia y la falta de respeto a la ciudadanía. La asociación de afectadas lo ha denunciado, la fiscalía está actuando y aunque haya dimitido la consejera andaluza, intuyo que quedan temas por aclarar y por tener recorrido judicial. Moreno Bonilla está en entredicho.
Pero hay un asunto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes, mediante un Real Decreto Ley, como es la inyección extraordinaria de 500 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia y cumplir con el mandato de la ley destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, que es muy positivo. Se crea un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) y el derecho a una prestación de casi 10.000 euros al mes para garantizar la atención efectiva durante las 24 horas del día a los enfermos. Era muy esperado.
Con la inyección de 500 millones la inversión total estimada para el año 2025 en el sistema de dependencia por parte de la Administración General del Estado es de 3.279 millones de euros, un 15,5% más que lo presupuestado en el año 2023. A esta cantidad hay que añadir transferencias a las comunidades autónomas por un valor superior a los 800 millones, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación.
Y aunque algunos sigan empeñados en el ruido permanente, cribando lo importante, vemos con la publicación de la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2025, que en nuestro país alcanza la cifra récord de 22,38 millones de ocupados. Aumentando en el trimestre un total 118.400 empleos, y la tasa de ocupación supera el 68%. Con respecto a la provincia de Segovia, el paro se sitúa en 4.300 personas, lo que indica 800 menos (-15,69 %) que el anterior trimestre, lo que supone una tasa de paro del 5,46 %, es decir la cifra más baja de las provincias de la comunidad y el pleno empleo técnicamente hablando. La tasa de actividad es de 79.500 personas, un 58,20 %, siendo la tercera más alta de la comunidad autónoma. Y finalmente los ocupados son 75.100, lo que supone un aumento de 1200 con respecto trimestre anterior. Esto si que es para sentirse orgulloso y ponerse una “pulsera patriótica”. A alguno le molesta.
Otro cribado interesante ha sido comprobar como el PP en la junta después de 38 años de gobierno, esta agotado del todo, y ya comete errores como el de elevar un proyecto de presupuestos para 2026, sin cumplir todos los parámetros necesarios, lo que obligó a la mesa de las cortes a desestimarlo y devolverlo al ejecutivo de Mañueco. El PP tiene tal grado de nerviosismo y falta de gestión, que hasta en la ley más importante que se tramita cada año ha dejado en evidencia sus errores de bulto. Los socialistas hemos permitido con nuestra abstención en el pleno que se apruebe el techo de gasto, pero ahora las cuentas necesitan muchos cambios para que se puedan aprobar y la cintura negociadora de Mañueco no está engrasada, ya que vive en la prepotencia. A tal extremo que no ha conseguido un acuerdo con los sindicatos para aprobar los cambios en el operativo de extinción de incendios que ahora tramita como un Decreto Ley, que ahora tiene que convalidar el parlamento autonómico.
Cribando el proyecto de presupuestos destacan varias cuestiones para interés de los segovianos, un año más no apuestan por la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria, ni la unidad de estancias medias, la radioterapia pública o la nueva escuela de enfermería. Y además no presupuestan el plan de fomento industrial. Ese es el resumen, sin olvidar que tenemos contabilizado que debe el PP en la junta a los segovianos, 1000 millones de euros en promesas incumplidas o proyectos sin ejecutar.
Pero el “cribado fino” vuelve una semana más a ser la situación en el ayuntamiento de la ciudad. Decía el alcalde que no había caso Rosalía Serrano, pero finalmente presentó su dimisión al día siguiente de que apareciera en un periódico diciendo que había acudido a la entrevista sin contar con el alcalde y se conociera que los trasteros construidos de forma irregular tenían que ser precintados por el Ayuntamiento. Un verdadero escándalo, unido al expediente del paseo de la Navidad, de May Escobar o los asuntos urbanísticos-legales de apoyo a particulares, de Gonzalez Salamanca. El resumen es que Mazarías, esta muy tocado como alcalde, con un equipo que comete errores de gestión de forma continua que perjudican a la imagen de la ciudad.
Eso sí, los socialistas pensamos en la ciudadanía siempre y no cambiamos de posición política, por estar en la oposición o en el gobierno. Defendimos la construcción de un módulo cubierto de atletismo y lo seguimos haciendo. Por eso, pedimos al CSD, que recibiera al alcalde para buscar posibles acuerdos, aunque en este nuevo proyecto, quien se tiene que rascar más el bolso es la junta de castilla y León, al ser de su competencia la materia deportiva de instalaciones.
Como también defendemos la construcción de vivienda pública en parcelas que el gobierno pueda disponer, como se ha demostrado con el anuncio de la construcción por parte de la Empresa Estatal de Suelo (Sepes) de 53 viviendas en los terrenos situados junto a la antigua cárcel de mujeres de Segovia, en una parcela de cerca de 2000 metros cuadrados. Eso si el precio del alquiler y del m2 construido en Segovia y en varios municipios es prohibitivo y ni la junta ni Mazarías quieren aplicar la ley del suelo y topar los precios de alquiler. Me parece penosa su decisión tan perjudicial.













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