Una reclamación judicial registrada este mismo lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicita la aplicación de medidas cautelares inmediatas contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada el pasado verano en las Cortes de Castilla y León. La demanda conjunta ha sido suscrita por 25 editoras de otros tantos medios de comunicación de toda la región, entre ellos Acueducto2, atendiendo a que su aplicación práctica supone posibles vulneraciones de contratación pública que afectan a los medios más pequeños del sector.
El pasado mes de julio PSOE y VOX, junto a los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, impusieron al ejecutivo de Mañueco la modificación de la ley, que como punto más perjudicial limita la publicidad institucional de la Junta a un porcentaje, el 33% de lo facturado anualmente por el conjunto de administraciones de Castilla y León. Paradójicamente, dicha restricción no afecta a Televisión de Castilla y León ni a los grupos mediáticos nacionales internacionales. Solo a los comarcales y locales.
Hace escasas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de 5 previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.
Incompatibilidad con el marco legal estatal básico
El Consejo Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. En este sentido, la introducción de vetos a la contratación con los medios de comunicación condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal básica, supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica. Además, el dictamen señala que el límite del 33% de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio y choca también con la Ley de contratos con la administración pública.
Una incidencia máxima en la pervivencia del sector
Los medios de comunicación de Castilla y León ya habían advertido que, de aplicarse, tendría un impacto directo en la pluralidad informativa por el recorte que puede tener en las plantillas y condiciones del sector. Además, conducirá a la desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales, donde las restricciones de publicidad llevarían a la desaparición de dichos medios.
Hace escasas fechas el Gobierno de España decidía en las negociaciones abiertas -aquí sí-, con la representación de los medios y de colectivos de periodistas renunciar a la aplicación de una limitación similar a nivel estatal. En Castilla y León, sin embargo, el juego político y la pinza de PSOE y Vox ha llevado a la aprobación y a la aplicación de una Ley que está teniendo en estos momentos un efecto grave en las empresas mediáticas de la Comunidad.
Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.
Publicidad
Recent From Noticias
Novelas en Segovia
Recent From Recomendados
El humor de Madrigal: 19 de octubre 19, Oct, 2025
Literatura
Últimos comentarios