En el historial político de Irene Montero ya está escrito y subrayado para siempre el dudoso honor de ser la ministra que promovió la Ley de garantías de la libertad sexual, que encierra muchas consecuencias muy positivas pero cuyos efectos negativos más inmediatos y visibles han sido la rebaja de penas y, en algunos casos, la salida de la cárcel de un buen número de violadores de esos sobre los que horroriza leer la parte de los “hechos probados” de sus sentencias. No lo ha hecho un reaccionario machirulo, ni un hipotético ministro de la ultraderecha o siquiera un conservador o un moderado. No, la responsabilidad directa es de la ministra de Igualdad, promotora entusiasta de la reforma que consideró y proclamó como un triunfo personal y miembro de un gobierno que, entre otras cosas, se declara feminista.
Es seguro, claro, que no estaba en la cabeza de la titular ministerial aprobar una ley, ideada para redoblar la protección a las mujeres ante agresiones sexuales y violaciones, con semejante puerta trasera. Pero la absurda paradoja planteada se antoja más que suficiente para que Montero se vea obligada a visitar al presidente para entregar en mano su carta de dimisión y si no lo hace, que sea Sánchez quien la convoque para echarla.
Pero como eso de dimitir parece que se contempla en Podemos sólo para otros, yendo a mínimos, al menos se podrá pedir que asuma públicamente el gravísimo error cometido y ponga en marcha la nueva modificación de la chapucera ley cuanto antes —ojo, el trámite no sería corto y acaba de nuevo en el Parlamento— para deshacer el desastre, aunque sólo sea en parte, que para todos los que logren el pernicioso beneficio puesto en bandeja por la ley del “sólo si es si” no hay retorno. El regalo penal a los violadores que puedan beneficiarse de ella ya está hecho. También el enorme daño a sus víctimas, algunas de las cuales vuelven a caminar por la calle mirando con temor hacia atrás.
Claro, que eso sería reconocer que el legislativo legisla mal y ese supuesto, en el marco del crispadísimo debate político, situaría al Gobierno en una compleja situación interna y una posición de tremenda desventaja en el cuerpo a cuerpo con la oposición, por mucho que la Ley recibiera el voto favorable de más de 200 diputados de la mayoría de las formaciones, que también tendrán su parte de culpa en haber permitido el desaguisado. No. No parece que vayan a llegar las disculpas.
En el tono asambleario, agrio y antiguo, muy antiguo, que usa esta podemita, el recurso inmediato ha sido tirar del manual que, en caso de apuros y ausencia de pretextos, recomienda agitar fantasmas y apuntar al “fascismo” que, a su juicio, tiene subyugada a la judicatura toda y que necesita pasar por procesos de reeducación para aprender a interpretar las leyes como debe hacerse según sus postulados.
Resulta muy osado enfrentarse a la judicatura queriendo aparentar saber de la aplicación de las leyes más de lo que saben hacerlo sus profesionales. Y es también peligroso, en términos democráticos, que una ministra del Gobierno de España grite en público contra otro de los poderes del Estado, el judicial, acusando a sus miembros de incumplir la ley a sabiendas. De prevaricar, vamos. Que todos los ámbitos y escalones de la justicia estén de acuerdo en reclamar que la ministra dimita es otra reacción lógica, aunque de nuevo, el cuerpo a cuerpo entre dos poderes del Estado no puede beneficiar a nadie.
Falta ver que da de si el proceso abierto precisamente en el ámbito judicial, habitual por otra parte, que es el de realizar estudios conjuntos que acabarán en el Supremo, para establecer una regla de aplicación de la nueva Ley, especialmente en lo referido a las penas mínimas reducidas, la madre de este cordero.













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