Tan solo bastaron unas horas para que después del anuncio del acuerdo presupuestario del Gobierno los titulares de prensa mostraran todo el arsenal de adjetivos de los que dispone la oposición contra el Gobierno (legítimamente elegido y esto hay que recordarlo siempre) en su argumentario: expropiatoria, chavista, intervencionista, tercermundista, comunista. Y todo a cuenta de uno de los puntos del acuerdo, la Ley de Vivienda.
Paralizada durante meses y a pesar de que la crisis social y económica derivada de la pandemia lo reclamaba urgentemente, la futura Ley se ha convertido en el caballo de batalla de toda la oposición y eso sin que sea todo lo fuerte que se necesita que sea para que realmente afronte un problema como es el de la vivienda en España.
Entre las medidas más destacadas se encuentran los incentivos fiscales para pequeños propietarios, la regulación de los precios para los grandes, bonos para los jóvenes y declaración de zonas tensionadas que permiten a Comunidades Autónomas y ayuntamientos poder actuar.
Cuanto menos curiosos todos los adjetivos teniendo en cuenta que las medidas afectan a aquellas empresas con más de 10 viviendas en el caso de la regulación de precios y 4 en el caso de los recargos del IBI, una situación que está fuera del alcance de la mayoría social.
Por eso es curioso que la oposición se haya lanzado de esta manera tan furibunda hacia unas medidas que afectan digamos de manera “negativa” hacia un sector pequeño de la población (quién más tiene) y que benefician a un amplio sector de la sociedad.
Y todo sin que la Ley de Vivienda por ejemplo abordé la garantía de impedir desahucios sin alternativa habitacional y que la regulación de precios queda a cargo de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y que muchos, como ya han anunciado, harán objeción de la misma. Es decir que no van a cumplir.
Entre los argumentos objetivos, los pocos que se pueden encontrar entre tanta distorsión de mensajes, se apela al Tribunal Constitucional alemán que desautorizó la regulación de precios en Berlín, olvidando que la cuestión fue de continente y no de contenido, no desautorizaba la regulación en sí misma, sino el órgano que lo ejerció que no tenía competencias para ello. También se olvida, si queremos poner de ejemplo Alemania, que un referéndum realizado hace tan solo dos semanas, ha avalado la expropiación de más de 200.000 viviendas a grandes propietarios, no es vinculante pero sí sintomático del clima de opinión.
Uno de los más llamativos, para mí claro, ha sido el de “chavista tercermundista” abanderado por Díaz Ayuso. Llamativa esta expresión teniendo en cuenta que el Relator de las Naciones Unidas pintó la cara a todos los organismos públicos (incluida el que ella dirige) por la situación en la que se mantiene la Cañada Real sin suministro de energía. O porque a pesar de sus esfuerzos porque un fondo buitre recuperara más de 3.000 viviendas sociales los tribunales la dijeron que no, que esa venta de viviendas sociales realizada al fondo buitre por Ana Botella y que puso en la calle a decenas de familias había sido ilegal.
En nuestro territorio fueron llamativas las declaraciones de la directora General de Vivienda que alegó el respeto del Gobierno Autonómico con la Constitución en cuanto a la propiedad y la libertad de empresa se refiere, pero que olvidó garantizar su compromiso constitucional con el artículo 47 de la Constitución del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Tampoco quiso mencionar que esa sacro santa Constitución (para algunas cosas claro) habilita a los poderes públicos para hacer efectivo este derecho y establecer las normas pertinentes para que sea efectivo.
Pero lejos de grandes titulares que instalar sin ningún contenido ¿cuál es la realidad de la vivienda en nuestro país? Pues la realidad es que pinchada la burbuja inmobiliaria de la compra- venta se inició la burbuja del alquiler. Se habla mucho de las grandes capitales como Madrid y Barcelona y muy poco de otras como la nuestra. Según informe de Idealista, Segovia es la segunda provincia de Castilla y León con los precios más altos, tan solo superada por Salamanca. Un aumento del 23% del precio de alquiler en nuestra provincia durante los últimos años y solo por debajo de Salamanca con un aumento del 30% y Valladolid del 28%.
La realidad es que España sigue en la cola de alquiler social. Según datos de la OCDE nuestro país se sitúa en las últimas posiciones con tan solo un 1,1% de viviendas de este tipo, lejos de la media europea situada en el 7,5% y de la media de la OCDE con un 6,9% y por supuesto muy lejos de países como Holanda, Austria o Dinamarca con un 34%, 23% y 21% respectivamente.
La realidad en nuestro país es que la apuesta no son los más de 3 millones de viviendas vacías que existen en España según datos del INE sino seguir apostando por la nueva construcción.
La realidad es que a pesar de la pandemia y de las supuestas prohibiciones de desahucio, se han producido más de 11.000 en el segundo trimestre de este año de los cuáles en torno a 8.000 fueron por impago de alquiler lo que supone, según datos del Consejo General del Poder Judicial un aumento del 692% con relación al año anterior.
Vista esta realidad llama la atención que los ataques se produzcan contra las medidas en defensa de una minoría especulativa y no contra la insuficiencia de las medidas, que aunque son un buen comienzo, son insuficientes para afrontar el problema de la vivienda para la gran mayoría social.














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