El delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, se ha reunido con representantes de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia (Aturacse). El principal punto a abordar en el encuentro ha sido la regulación de los purines, una actividad que en Segovia es especialmente traumática para el turismo rural por la contaminación de los entornos campestres. En este sentido el delegado ha informado de la aprobación del proyecto de decreto, el pasado julio, actualmente en fase de alegaciones para su inminente aprobación, sobre condiciones ambientales mínimas que deberán regular las actividades ganaderas en la comunidad.
El documento establece que con carácter general se evitará que los vertidos de purines coincidan en festivos y vísperas, así como en romerías y similares. Tampoco podrán verterse en fincas que no estén al menos a 200 metros de los núcleos urbano ni a menos de 50 metros de las carreteras (ya sen de titulariad autonómica, provincial o nacional) así como en un radio inferior a 500 metros de los montes catalogados de utilidad pública. Igualmente se establece un perímetro de 500 metros de seguridad alrededor de captaciones y depósitos de agua. Los purines que no se viertan sistemas de tubos colgantes eberán enterrarse como máximo a las 24 horas del vertido. Igualmente queda prohibido verter en terrenos con un 15% de pendiente.
Se prevé restringir también la cantidad, con un máximo de 210 kg por hectárea en suelos agrícolas y de 170 en zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos agropecuarios. En este sentido, el documento incorpora tablas que limitan los aportes según tipología de cultivo y índices correctores en función de la tipología del residuo.
Granjas a mil metros de los grandes núcleos urbanos
El proyecto cambia las condiciones para la concesión de licencias ambientales de las granjas, endureciendo la normativa con restricciones relativas a distancias mínimas a los núcleos urbanos, así, las nuevas granjas deberán ubicarse a 50 metros de una vivienda aislada o núcleos urbanos inferiores a 300 habitantes, que se convierten en 500 metros para localidades de entre 1.500 y 5000 habitantes y 1km a partir de 5.000 vecinos.Se regula también la ubicación y cantidad de purín acumulable en balsas, prohibiéndose la cercanía de estas instalaciones con elemenos patrimoniales, redes de espacios protegidos, zonas de esparcimiento, zonas residneciales (deberán ubicarse a, al menos, 1000 metros).
“Hay que considerar que algunos aspectos de este proyecto son orientaciones, pues invaden competencias municipales. Corresponderá a los municipios aplicarlas”, explicó López-Escobar.
Por su parte, Domingo Asenjo, presidente de Aturacse, calificó como un paso adelante el proyecto si bien destacó “que nosotros estamos por otro modelo de gestión de los purines. Respecto a lo que pasa ahora, es un paso adelante, pero hay que implicar a los ayuntamientos, al SEPRONA y demás agentes implicadas. En algunos pueblos de Segovia ya existen ordenanzas regulatorias pero no se cumplen”, denunció.
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