Posted By Redacción on 22, May, 2025

Recreación

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia ha confirmado que el proyecto de urbanización promovido en la zona de Gran Plató 1800, en La Pinilla, carece de autorización para uso en suelo rústico y no ha solicitado evaluación de impacto ambiental. La empresa promotora, La Pinilla Management Corporation, S.L., comercializa un plan que contempla 50 viviendas modulares distribuidas en tres zonas residenciales permanentes, en un entorno de alta montaña, sin servicios y en terreno no urbanizable.

Simultáneamente, la Plataforma Ecologista, integrada por los colectivos ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, ha presentado reclamaciones ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León contra los ayuntamientos de Cerezo de Arriba y Riaza. Acusan a ambas administraciones de opacidad y negativa a facilitar información pública sobre obras, licencias, y condiciones de explotación de la estación invernal.

Según denuncia la plataforma, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba no ha respondido a las solicitudes de información sobre los títulos habilitantes de las obras que ejecuta la empresa promotora, ni ha tramitado las denuncias presentadas en febrero y ampliadas en marzo por excavaciones e instalaciones de estructuras destinadas a albergar eventos multitudinarios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Riaza ha declarado públicamente que las actividades cuentan con autorizaciones, pero no ha mostrado dichos documentos ni ha identificado los órganos que las habrían emitido. Tampoco ha respondido a la petición formal de acceso al expediente de concesión de explotación de la estación de esquí, lo que, según los ecologistas, impide conocer los términos legales del contrato entre el consistorio y la empresa.

Mientras tanto, La Pinilla Management Corporation sigue ofreciendo el proyecto residencial como un negocio de alta rentabilidad, en colaboración con la mercantil Modulus Caeli, S.L., que vendería las viviendas modulares, y donde los compradores alquilarían suelo a la empresa promotora y participarían en un sistema de alquiler turístico de corta estancia.

Los colectivos ecologistas advierten de que se trata de un “entramado inmobiliario irregular” en zona de montaña, sin servicios básicos, sin garantías de seguridad y en contravención de las Normas Urbanísticas de Cerezo de Arriba. Aseguran además que los compradores de buena fe podrían estar incurriendo en una infracción urbanística muy grave, incluso en la comisión de un delito.

La Delegación Territorial ha anunciado la apertura de diligencias informativas para verificar si la publicidad del proyecto incurre en irregularidades en materia de consumo, dada la ausencia de autorizaciones urbanísticas.

Los colectivos firmantes sostienen que la situación es “muy grave” y están dispuestos a escalar el caso a otras instancias, si los organismos actuales no actúan con contundencia.