La Comisión Informativa de Cultura del Ayuntamiento de Segovia acordó este lunes dejar sobre la mesa el dictamen que proponía declarar la nulidad del decreto por el que se autorizó el mercado navideño del Paseo del Salón, la pista de hielo y el trenecito durante las pasadas navidades. La propuesta de aplazamiento fue presentada por el Grupo Socialista y contó con el apoyo del resto de grupos municipales, salvo el Partido Popular.
El dictamen planteaba limitarse a reconocer la nulidad del decreto firmado por el alcalde José Mazarías el 22 de noviembre de 2023 —que el Consejo Consultivo de Castilla y León ya declaró “nulo de pleno derecho”— pero sin contemplar otras medidas como la reclamación del dinero público que el Ayuntamiento asumió indebidamente.
Según el PSOE, el equipo de Gobierno ha evitado ofrecer explicaciones sobre cómo piensa defender los intereses municipales tras confirmarse que el procedimiento fue ilegal y que la organización del mercado fue adjudicada “a dedo” al empresario promotor. Además, recuerdan que el Ayuntamiento asumió gastos que correspondían al adjudicatario, como la electricidad, la seguridad privada, la decoración y el arreglo de las casetas, pese a los informes en contra de los técnicos municipales de Vías y Obras, Parques y Jardines y Policía Local.
En la comisión extraordinaria celebrada a continuación —solicitada expresamente por el Grupo Socialista para tratar este asunto— el Gobierno municipal del PP negó la comparecencia de los técnicos municipales, a pesar de que fueron ellos quienes advirtieron que determinados gastos no correspondían al Ayuntamiento.
“No autorizar la presencia de los técnicos no es para proteger a los funcionarios, como afirma el PP, sino para proteger al propio equipo de Gobierno y al alcalde Mazarías”, sostiene el PSOE, que acusa al Ejecutivo local de querer dar carpetazo al asunto sin asumir responsabilidades.
El informe del Consejo Consultivo, de 16 páginas, es tajante: considera que el decreto “prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, lo que —según la legislación vigente— equivale a que el acto administrativo no ha existido.
El dictamen cifra el perjuicio económico mínimo para el Ayuntamiento en 22.800 euros, derivados de 13.349,63 euros en consumos eléctricos pagados indebidamente y 9.436,44 euros por la tasa de ocupación de vía pública no cobrada. El Consejo señala expresamente que “procede su liquidación y exigencia de acuerdo con las normas tributarias”. No obstante, el PSOE advierte de que, según las facturas convalidadas, el gasto total asumido por el Ayuntamiento podría ascender a unos 60.000 euros.
El Grupo Socialista recuerda que gracias a su iniciativa se promovió la revisión de oficio del procedimiento, lo que obligó a emitir el dictamen del Consejo Consultivo. “Si no llega a ser por nuestra acción, ninguna de estas irregularidades habría salido a la luz”, subrayan.
A juicio del PSOE, la actitud del PP contrasta con su beligerancia cuando estaba en la oposición. “Ahora, en el Gobierno, pretende restar importancia al asunto, poner trabas y no asumir ninguna responsabilidad”, concluyen.
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