La aplicación de las 35 horas cuesta a la Diputación 430.000€

Posted By Redacción on 1, Nov, 2019

Día de pleno en la Diputación de Segovia que comenzó aprobando la personación en la demanda interpuesta por Clece SA, anterior adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio. La empresa reclama a la Diputación 195.390€ en concepto de reconocimiento de compensación económica tras la no renovación del contrato. No es el único contencioso interpuesto por la empresa, que también mantiene un segundo litigio relativo a la modificación en 2019 de las condiciones por las cuales se regía el arrendamiento con opción a compra de las instalaciones de producción térmica de algunos centros de la Diputación.

Siguió el pleno con el nombramiento de presidentes y vocales para diferentes comisiones. En este punto destaca la creación de una nueva comisión informativa de Asistencia a Municipios y Modernización, así como el nombramiento de representantes del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que además de Mario Pastor como presidente, contará como vocales con Dionisio García (alcalde de Chañe), Juan Montes (Turégano), José Antonio García Gil (Martín Muñoz de las Posadas) y a Raquel de Frutos como representante del Ayuntamiento de Segovia.

El palacio de congresos por las 35 horas

Seis años de parón en la Faisanera.

Tema más gordo y debatido fue una modificación presupuestaria que se eleva a 2.249.750€, es decir casi un 6% del presupuesto de la casa y que se destinan a gastos de personal. 1,8M€ ya estaban consignados presupuestariamente, lo que pasa es que ahora se modifican, en general al alza, las partidas previstas hace un año. En cifras netas hay que añadir 430.000€, que se compensan con 514.000€ previstos para el interminable palacio de congresos, paralizado desde hace seis años.

En otras palabras, la partida de personal se engrosa en 430.000€ sobre lo previsto. Algo que afeó al equipo de Gobierno el portavoz del PSOE, Maxi San Macario, que razonó la abstención de su grupo en que no se entiende que una partida como la de personal tenga estos vaivenes cuando son gastos que se conocen al detalle con un año de antelación.

Hay que partir de la base de que casi la mitad de los 58M€ de presupuesto de la casa se destinan al pago de los gastos de los 850 trabajadores de la entidad. Un gasto razonable si se atiende a que buena parte de los servicios sociales son del personal que atiende las residencias de la Diputación En octubre de 2018 el presupuesto preveía un incremento del 2.5% de media, es decir, 1.8M€.

Yo invito, los demás pagan

Le replicó el portavoz del PP, José María Bravo, destacando que si bien el incremento del 2.5% estaba previsto, no lo estaban las diferentes medidas aprobadas “en los viernes sociales del presidente Sánchez, lo que hace el PSOE es yo invito y los demás pagan, pues son las otras administraciones las que deben afrontar esos gastos”, señaló. Es el caso de la jornada de 35 horas, que tiene un impacto de 7 jornadas laborales más al año por cada trabajador a turnos, explicó Bravo (se entiende que el resto de trabajadores, los de oficinas y los propios diputados por así decir, simplemente van más rápido ahora que antes), también la recuperación de moscosos y otras medidas de carácter social (ampliación de permisos de paternidad). Total, un agujero de 430.000€.

Menos mal que allí está la siempre disponible partida de inversiones para las obras del palacio de congresos, que va por su sexto año de paralización. Como no se sabe cuándo Confederación aprobará el expediente que permita finalizar las obras, cada año desde hace seis se consigna el dispendio. Una hucha para hacer frente a estos “viernes sociales” que en general, terminan y empiezan en el sector público. dada la compleja aplicabilidad de los mismos en el frente privado (donde no hay palacios de congresos para compensar pérdidas).

La Diputación de Segovia, con los Mossos

Ya en mociones, se aprobó una declaración institucional “de apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña“, la típica moción que más o menos idéntica en su redactado se aprueba en todos los plenos, menos en los de Cataluña. “Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y vigencia del Estado de Derecho”, reza el texto. Por lo demás, “firme condena de los actos protagonizados por los radicales” y solidaridad y aliento para “los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación”, y “apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como a la policía autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado heridos”.

¿Quién cierra consultorios?

Hubo otras tres mociones presentadas por el PSOE y rechazadas. Dos de ellas de marcado carácter electoral, la relativa a lamentar la supuesta intención de la Junta de suprimir municipios, y la también supuesta intención de la Junta de suprimir consultorios médicos. En realidad, tanto la concentración de servicios municipales como de atención primaria son ideas que van surgiendo a lo largo de los meses en Castilla y León y responden a unas necesidades reales que tanto PP como PSOE se niegan a asumir por el coste electoral que intuyen tendrían. Cada vez que surge la cuestión, el PP se las tira al PSOE si la propuesta viene del PSOE, o como es el caso, del PSOE al PP cuando viene de la Junta. Esta vez la cosa terminó con un “zasca” de Bravo a San Macario, cuando el portavoz del PP recordó que la “única vez que la Junta ha cerrado consultorios fue en 1985, gobernando la Junta el PSOE, que se decidió cerrar 2.000 consultorios, que luego el PP reabrió”.

Bancada del PSOE. Arriba, De Vicente departe con Chema Bravo.

Otra tercera moción aludía a, en aras de aportar un grano de ara en la cosa del cambio climático, instar a la Diputación a tomar medidas como la priorización de vehículos híbridos y afines o primar en contratos y adjudicaciones buenas prácticas ambietales. Cual es costumbre, desde el PP se dijo que “más o menos” ya se viene haciendo y se propuso una declaración conjunta. No entró al trapo San Macario que les afeó que “ustedes lo que quieren es hacer una declaración, una bonita foto y ahí se queda la cosa para seguir haciendo lo mismo. Estamos en 2019, recientemente renovaron la flota de vehículos de los servicios sociales, ni uno híbrido, todos de diésel“.