La reciente condonación de 83.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), oficializada por la ministra de Hacienda tras el anuncio del líder de ERC, Oriol Junqueras, sigue ocupando un lugar central en la agenda política y en las conversaciones cotidianas. Una vez más, la financiación autonómica se ha convertido en el epicentro de la confrontación en la política española.
La propuesta ha generado un aluvión de críticas, en gran parte debido al papel clave de ERC en la negociación y al sentimiento de agravio que ha despertado en muchas comunidades y sus ciudadanos, especialmente en relación con Cataluña. Mientras algunos defienden la medida como un alivio financiero, otros la ven como un parche oportunista que no resuelve el problema estructural de una financiación justa y equitativa. Al final, advierten, el coste de esta decisión acabará recayendo sobre todos los españoles.
Hace unos días, en un bar de Segovia, un ciudadano anónimo que me reconoció por mi pasado como dirigente del PSOE se acercó a mí con cierto tono de irritación y me dijo: No te preocupes, que invito yo, y pagas tú. Su comentario, cargado de ironía, reflejaba el malestar de muchos segovianos, castellanos y leoneses, y probablemente de ciudadanos de otros rincones de España.
Acto seguido, expresó su indignación: Nos toman por tontos. Entre todos vamos a pagar la juerga nacionalista, y lo único que les interesa es desmontar el Estado. Sus palabras no eran fruto del mero enfado, sino de una preocupación legítima. Según los cálculos del Gobierno, Cataluña recibirá una condonación de 17.000 millones de euros, mientras que Castilla y León apenas alcanzará los 3.000 millones. Un desequilibrio que, a su juicio, evidencia la sumisión del Ejecutivo a las exigencias de ERC, relegando a un segundo plano las necesidades de comunidades como la nuestra.
Su protesta cobraba aún más sentido si se tiene en cuenta que Castilla y León afronta necesidades urgentes para mejorar el bienestar de sus ciudadanos, una comunidad que se ha caracterizado históricamente por la austeridad y el esfuerzo. Mientras tanto, en los dos últimos años, los gastos destinados a reforzar la identidad propia en Cataluña han crecido de forma considerable.
El problema de fondo es que la financiación autonómica en España lleva más de una década prorrogada, sin que se afronte una reforma en profundidad. La propuesta de la ministra de Hacienda, más que una solución, parece un mecanismo para ganar tiempo y contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno. Así lo han señalado expertos como Jordi Sevilla e Ignacio Zubiri, quienes consideran que la medida carece de fundamento económico y penaliza a quienes han gestionado mejor sus recursos.
Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene el papel de guardián de que el Estado cumpla con las reglas de déficit europeas y nacionales, también han advertido que no se dan las condiciones para esta quita. Sin unas reglas de gasto y un nuevo modelo que garantice equidad y sostenibilidad, la condonación es poco más que un trasvase de deuda que, en última instancia, pagaremos todos los ciudadanos de forma alícuota, premiando a los pícaros y a los despilfarradores, y fomentando la ineficiencia en la gestión.
Para abordar realmente el problema, es imprescindible un gran pacto de Estado entre el PSOE y el PP, aunque ni siquiera eso garantiza el éxito. La reforma del sistema de financiación no puede reducirse a un reparto arbitrario de fondos según intereses políticos. Cataluña puede y debe tener un encaje singular, pero sin menoscabar el equilibrio financiero del resto de comunidades ni vulnerar los principios de equidad y solidaridad entre ellas. Sin embargo, esto parece inviable con el actual análisis de la deuda de cada autonomía. Para avanzar y consolidar una solución de futuro sólida, la condonación anunciada —o incluso una mayor, si existiera consenso y no comprometiera la estabilidad financiera del Estado— habría sido una baza clave de negociación que, hasta ahora, se está desaprovechando.
Para llevar a cabo la condonación anunciada a las comunidades autónomas, el Gobierno necesita el respaldo del Congreso mediante una ley orgánica, lo que requiere el apoyo del PP o de todos los partidos de la investidura. Sin embargo, ni Junts ni Compromís están de acuerdo, y los populares han expresado su rechazo. El bloqueo parece inevitable y la situación de colapso podría agravarse aún más. La clave está en diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica que sea estable y equitativo a largo plazo, al tiempo que se evitan tensiones inmediatas que no se producirían con una quita ordenada y respaldada por un amplio consenso. Postergar el problema rara vez es la mejor solución.
Ante un problema tan complejo, apelar a los sentimientos identitarios solo genera más tensión y desafección social. Tras una larga conversación, mi compañero de cañas, Nicolás, resumió su malestar con una pregunta: ¿A quién voto si todos van a lo suyo? Su desconfianza refleja la de muchos ciudadanos que perciben cómo las decisiones de los partidos responden más a estrategias de poder que a la resolución de los problemas de fondo. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la cuenta, como siempre, la terminaremos pagando entre todos, aunque quizá a un precio demasiado alto
Juan Luis Gordo. Segoviano de izquierdas, autónomo y polifacético
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9 marzo, 2025
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9 marzo, 2025
Argumentario bien tejido. No sé razona y argumenta para hacer amigos sino para clarificar. No es conveniente ceder ante determinados gruposindependentistas porque lo que pudiera venir sera peor. Habrá que negociar con fortaleza y saber poner un NO encima de esa mesa… digo yo
9 marzo, 2025
Aburre usted ya, siempre con la misma retahíla .
9 marzo, 2025
Existen ciertos puntos que resultan indiscutibles en este debate:
* La condonación de la deuda responde más a una estrategia política para mantener el apoyo parlamentario que a un verdadero plan de reforma financiera.
* Esta medida profundiza las desigualdades entre comunidades autónomas, favoreciendo a aquellas con mayor peso político en la gobernabilidad del país.
* Es una decisión injusta para aquellas regiones que han gestionado de manera responsable sus recursos y han cumplido con los criterios de estabilidad presupuestaria.
Pero lo que más me preocupa es que la reforma del sistema de financiación autonómica es, sin duda, necesaria. Sin embargo, es fundamental definir sus principios rectores. ¿Sobre qué bases se estructurará este nuevo modelo? ¿Permitirá que ciertas comunidades con mayor influencia política continúen obteniendo beneficios desproporcionados? Si no se garantiza un sistema basado en los principios de equidad, solidaridad y progresividad, el resultado será un reparto arbitrario de recursos que agravará aún más las diferencias territoriales.
9 marzo, 2025
Muy de acuerdo con sus premisas. La respuesta a las interrogantes es resolver la cuadratura del círculo, como señala el autor del artículo. Me lanzo con una propuesta. Para alcanzar un acuerdo justo y equitativo creo que sería necesario establecer un horizonte temporal de convergencia progresiva de renta. A través de un Fondo de solidaridad, constituido entre todas con criterios de progresividad en función de la renta de cada una de ellas, se ha de transferir fondos hacia las comunidades que estén por debajo de la renta media en función de sus necesidades y esfuerzos para converger. Esta política requiere generosidad por parte de las más ricas -también las que se benefician del cupo, por descuento en al liquidación del fondo de solidaridad y convergencia- y transferencias del Fondo hacia esas comunidades en función de su esfuerzo de convergencia. No se trata de subsidiar, sino de incentivar el crecimiento y el el desarrollo social. Estos requiere un Estado fuerte -que no lo tenemos-, y un gran ejercicio de solidaridad al que catalanes y vascos se opondrán, a pesar de que están dónde están gracias al resto de los españoles Y, por supuesto, un líder al frente del Gobierno de España que piense en grande y no en pasar a la historia por el número de años que estuvo en el gobierno y vaya a lo suyo. Difícil lo tenemos.
9 marzo, 2025
Cómo se agradece los artículos de opinión con sustancia, trabajados y que abren debate, lejos de las consignas y la propaganda. Me congratula constatar que en el PSOE aun quedan personas valientes que tienen pensamiento propio y se desmarcan de los seguidistas y buscavidas que sólo van a conservar su posición y su puestito. Enhorabuena, Sr. Gordo.
9 marzo, 2025
Hola, a mí me pasó algo parecido en Valencia,en relación a la Dana horrible que les afectó. Una conocida valenciana me dijo: Y LO PAGAREMOS LOS VALENCIANOS.
Como si el Estado español no hubiera enviado miles de euros. El caso es quejarse. Se haga lo que se haga nos victimizamos y cualquier cosa indigna.
Pues señores, elecciones democráticas y a ver a quien votan!
Y a ver luego como ejecutan.
9 marzo, 2025
Enhorabuena por el articulo
9 marzo, 2025
Buen artículo, pero sería necesario hacer una reflexión sobre el estado de las autonomías. Han supuesto un gasto inmenso en enormes estructuras de poder, una inequidad para los ciudadanos tanto en sanidad como en educación, y cuando hay un problema como en Valencia se tiran los trastos unos a otros y el poder autonómico se sacude la responsabilidad. 17 comunidades autónomas que se saltan los presupuestos a veces para los intereses de los gobernantes para tener votos, y que ya asumiremos todos los ciudadanos.
Un saludo
9 marzo, 2025
Totalmente de acuerdo. El dispendio del gasto tiene su origen ahí. Podemos fijarnos como contrapunto en la política portuguesa. Ellos no lo entienden. Ahora a ver quien le pone el collar al galgo. Me temo que el gran modelo de la Transición, que casi todos adoramos, tiene sus puntos negros, y la suficiencia y estabilidad financiera, así como la equidad es uno de ellos. Suerte!!!
9 marzo, 2025
Buen artículo el del señor Gordo.
12 marzo, 2025
No entiendo cómo no dijo, aplicó o practicó alguna de estas medidas cuando estaba en política activa. Ahora derrocha sensatez, mesura, cordura… Algo no es cierto. Lo de antes, o lo de ahora.
13 marzo, 2025
Me sorprende que en este debate nunca se ponga sobre la mesa una realidad indiscutible: el actual modelo de financiación autonómica es extremadamente negativo para Comunidades como la valenciana, Baleares o Cataluña, que aportan muchos más recursos de los que reciben, hasta el extremo de acabar con una financiación per cápita inferior a la de otras Comunidades receptoras netas. La deuda de Cataluña la pagamos entre todos… en buena parte porque Cataluña está infrafinanciada. Mientras no se alcance un modelo de financiación autonómica justo, continuarán repitiéndose episodios de quita de deuda como el actual
14 marzo, 2025
La cuestión identitaria es un modo de esconder el problema con vaguedades para desviar la atención del problema. El problema bien sabido por todos y reconocidos por los deudores en miles de mi, o sea los golpistas catalanes, es que en Cataluña gastan el presupuesto no en la población, sino en promover la independencia. Los agitadores del proces han sido condenados por malversación. Financian el golpe con el dinero del resto de las autonomías. Su deuda asciende a 85 mil millones, que se sepa. El autócrata de la Moncloa pretende que paguemos los primeros 17 mil millones que deben los independentistas.
El autor autor (antiguo destacado socialista con cargo en Segovia) pretende desviar la atención del asunto , con una sarta de ambigüedades y falsos argumentos demasiados evidentes. Viene a decir: han tenido que recurrir a la malversación por que la ley es injusta. Argumento que también sirve para los atracadores y políticos corruptos.