Invito yo, pagas tú

Posted By Juan Luis Gordo on 9, Mar, 2025

La reciente condonación de 83.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), oficializada por la ministra de Hacienda tras el anuncio del líder de ERC, Oriol Junqueras, sigue ocupando un lugar central en la agenda política y en las conversaciones cotidianas. Una vez más, la financiación autonómica se ha convertido en el epicentro de la confrontación en la política española.

La propuesta ha generado un aluvión de críticas, en gran parte debido al papel clave de ERC en la negociación y al sentimiento de agravio que ha despertado en muchas comunidades y sus ciudadanos, especialmente en relación con Cataluña. Mientras algunos defienden la medida como un alivio financiero, otros la ven como un parche oportunista que no resuelve el problema estructural de una financiación justa y equitativa. Al final, advierten, el coste de esta decisión acabará recayendo sobre todos los españoles.

Hace unos días, en un bar de Segovia, un ciudadano anónimo que me reconoció por mi pasado como dirigente del PSOE se acercó a mí con cierto tono de irritación y me dijo: No te preocupes, que invito yo, y pagas tú. Su comentario, cargado de ironía, reflejaba el malestar de muchos segovianos, castellanos y leoneses, y probablemente de ciudadanos de otros rincones de España.

Acto seguido, expresó su indignación: Nos toman por tontos. Entre todos vamos a pagar la juerga nacionalista, y lo único que les interesa es desmontar el Estado. Sus palabras no eran fruto del mero enfado, sino de una preocupación legítima. Según los cálculos del Gobierno, Cataluña recibirá una condonación de 17.000 millones de euros, mientras que Castilla y León apenas alcanzará los 3.000 millones. Un desequilibrio que, a su juicio, evidencia la sumisión del Ejecutivo a las exigencias de ERC, relegando a un segundo plano las necesidades de comunidades como la nuestra.

Su protesta cobraba aún más sentido si se tiene en cuenta que Castilla y León afronta necesidades urgentes para mejorar el bienestar de sus ciudadanos, una comunidad que se ha caracterizado históricamente por la austeridad y el esfuerzo. Mientras tanto, en los dos últimos años, los gastos destinados a reforzar la identidad propia en Cataluña han crecido de forma considerable.

El problema de fondo es que la financiación autonómica en España lleva más de una década prorrogada, sin que se afronte una reforma en profundidad. La propuesta de la ministra de Hacienda, más que una solución, parece un mecanismo para ganar tiempo y contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno. Así lo han señalado expertos como Jordi Sevilla e Ignacio Zubiri, quienes consideran que la medida carece de fundamento económico y penaliza a quienes han gestionado mejor sus recursos.

Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene el papel de guardián de que el Estado cumpla con las reglas de déficit europeas y nacionales, también han advertido que no se dan las condiciones para esta quita. Sin unas reglas de gasto y un nuevo modelo que garantice equidad y sostenibilidad, la condonación es poco más que un trasvase de deuda que, en última instancia, pagaremos todos los ciudadanos de forma alícuota, premiando a los pícaros y a los despilfarradores, y fomentando la ineficiencia en la gestión.

Para abordar realmente el problema, es imprescindible un gran pacto de Estado entre el PSOE y el PP, aunque ni siquiera eso garantiza el éxito. La reforma del sistema de financiación no puede reducirse a un reparto arbitrario de fondos según intereses políticos. Cataluña puede y debe tener un encaje singular, pero sin menoscabar el equilibrio financiero del resto de comunidades ni vulnerar los principios de equidad y solidaridad entre ellas. Sin embargo, esto parece inviable con el actual análisis de la deuda de cada autonomía. Para avanzar y consolidar una solución de futuro sólida, la condonación anunciada —o incluso una mayor, si existiera consenso y no comprometiera la estabilidad financiera del Estado— habría sido una baza clave de negociación que, hasta ahora, se está desaprovechando.

Para llevar a cabo la condonación anunciada a las comunidades autónomas, el Gobierno necesita el respaldo del Congreso mediante una ley orgánica, lo que requiere el apoyo del PP o de todos los partidos de la investidura. Sin embargo, ni Junts ni Compromís están de acuerdo, y los populares han expresado su rechazo. El bloqueo parece inevitable y la situación de colapso podría agravarse aún más. La clave está en diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica que sea estable y equitativo a largo plazo, al tiempo que se evitan tensiones inmediatas que no se producirían con una quita ordenada y respaldada por un amplio consenso. Postergar el problema rara vez es la mejor solución.

Ante un problema tan complejo, apelar a los sentimientos identitarios solo genera más tensión y desafección social. Tras una larga conversación, mi compañero de cañas, Nicolás, resumió su malestar con una pregunta: ¿A quién voto si todos van a lo suyo? Su desconfianza refleja la de muchos ciudadanos que perciben cómo las decisiones de los partidos responden más a estrategias de poder que a la resolución de los problemas de fondo. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la cuenta, como siempre, la terminaremos pagando entre todos, aunque quizá a un precio demasiado alto