Una votación en el salón de plenos del Ayuntamiento de Segovia, el pasado mes de noviembre.
Se acabaron las dudas. La certeza de que cualquier intento de aprobación de unos nuevos presupuestos para 2019 —y las consecuencias de cara a la opinión pública en un año electoral— será tumbada por la oposición, que en bloque conforma mayoría, ha acabado de convencer al Gobierno socialista del Ayuntamiento de Segovia para optar por la fórmula de la prórroga de los de 2018 a los que intentar aplicar las correspondientes modificaciones, esencialmente en el capítulo VI, de inversiones, con la esperanza de poder sacar adelante los compromisos más acuciantes, que son básicamente el pago de los últimos plazos de las sentencias de Padre Claret y el Instituto de San Lorenzo, la construcción de un ascensor en el cortado de la calle Gascos y la financiación de las obras finales del edificio del Cat.
De este modo, por primera vez en décadas, el Gobierno local no presentará un proyecto económico nuevo para el ejercicio y a cambio, en el próximo pleno someterá a votación las modificaciones del anterior. Aunque la alcaldesa, Clara Luquero, trató, en conferencia de prensa, de ofrecer una sensación de normalidad para el trámite, lo cierto es que su aprobación tampoco resultará sencilla.
Pendientes de los informes del interventor, que debe autorizar la fórmula que finalmente se aplique, los socialistas se debaten a fecha de hoy si presentar a la votación del pleno del 1 de febrero un solo paquete con todas las modificaciones a la vez o “trocear” las partidas buscando apoyos puntuales de alguno de los grupos a cada unas de ellas. La primera fórmula ofrece dificultades ya que, a fin de cuentas, viene a ser muy parecido a la aprobación del borrador que ha quedado guardado en un cajón ante la evidente derrota por lo que la lógica indica que la oposición acabaría votando “no” en bloque.
Mediante el sistema de tratar de aprobar las modificaciones una a una, o al menos separando las más controvertidas, como es el caso del edificio del Cat, los de Luquero tendrían más sencillo, sobre el papel, lograr apoyos o abstenciones puntuales de al menos un concejal para acabar sacando adelante los proyectos. Por ejemplo, las partidas del Cat son un elemento que Centrados rechaza de plano, mientras que a grupos como Ciudadanos, que en el pacto de 2018 comprometió y defendió con ímpetu el apoyo a las obras del edificio para dos anualidades (2018 y 2019), le resultaría muy complicado justificar ahora el bloqueo de esa partida.
4,8 millones para inversiones
Lo que el Gobierno municipal planea destinar este año a inversiones es en realidad una corta cantidad, de 4,8 millones de euros, cuya partida principal es la de las obras de terminación del edificio del Cat, 2,5 millones de euros. La segunda partida mayor es, un año más, para el pago de las sentencias judiciales sobre Padre Claret y la parcela del Instituto de San Lorenzo, unos 700.000 euros en esta anualidad. Siguiendo el mismo orden, las obras comprometidas tras la votación popular de “presupuestos participativos”, que se concreta básicamente en la construcción de un ascensor entre la calle Gascos y el inicio de la Vía Roma, contempla una partida de 600.000 euros, mientras que se quiere incluir en el mismo capítulo otra partida, de 475.000 euros, para obras de restauración de nuevos tramos de la muralla, pendientes de que el Ministerio de Fomento conceda la ayuda del 1,5% cultural solicitada para este fin. También va a ese capítulo una nueva compra de acciones de la empresa municipal de la vivienda, Evisego, por 270.000 euros, además de otras actuaciones de cuantía menor.
El Ayuntamiento destinó en el presupuesto de 2018 en el capítulo de inversiones 6,6 millones de euros, aunque entonces los pagos de sentencias fueron de mayor cuantía.
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