Posted By Redacción on 29, Abr, 2021

El PP incrementa la ofensiva contra Cultura y el gobierno socialista del Ayuntamiento con la presentación de una nueva demanda ante el Juzgado contencioso administrativo para denunciar nuevos contratos de Cultura presuntamente irregulares establecidos con el técnico de sonido y luces, que creen que encierran un nuevo ejemplo de fragmentación de contratos menores para evitar el proceso de licitación. El mismo Juzgado concluyó recientemente que había habido prácticas similares en la adjudicación del contrato de dirección del festival de Cine, una sentencia que provocó la salida de Gina Aguiar de la concejalía de Cultura, aunque se mantienen en Turismo.

El portavoz del PP, Pablo Pérez, acompañado por el también concejal, Marco Sandulli, ha anunciado la demanda basada en la consideración de que en la Concejalía ha habido para este caso, además de la fragmentación, “una voluntad clara” de adjudicar los contratos a una persona determinada, Luis Aguiar, que además es hermano de la edil, un parentesco que para Sandulli es una “causa clara de prohibición” para contratarle.

Factura emitida por el técnico al Instituto Municipal de Deportes

Al listado de acusaciones se suma la práctica de realizar cobros “a mayores”, además de a las empresas particulares, a departamentos municipales por los servicios de este profesional en la realización de actos ajenos a la programación de Cultura. En este sentido, Pérez exhibió una factura fechada en marzo pasado con la que el profesional cobró 190,80 euros al Instituto Municipal de Deportes (IMD), de la Concejalía de Deportes, por trabajos de asistencia técnica en la proyección de un documental.

Con el documento en la mano, y tras matizar que ese contrato sólo es “uno de muchos”, el portavoz popular proclamó que la alcaldesa, Clara Luquero, mintió cuando aseguró ante los periodistas que el contrato del técnico estipulaba un número máximo de servicios (“bolos”, en el argot de Cultura) para justificar que el profesional cobrara a mayores a la entidades que contratan el espacio para actos propios, mientras que consideró aún más grave que esa práctica se haya extendido también a departamentos del propio Ayuntamiento en el que está contratado.

Demoras en la información

Los populares se quejaron de que el Ayuntamiento estaría poniendo trabas para facilitar el acceso de la oposición a los expedientes de Cultura y desvelaron sus sospechas de que en este caso concreto se haya tratado de retrasar al máximo la información buscando que caducaran los plazos legales para cuestionar los contratos. De hecho, la demanda se presentó el jueves pasado en base a las sospechas acumuladas en las últimas semanas pero no se les facilitó el acceso al expediente hasta este martes, cuando ya habían expirado los plazos de recurso.

La sorpresa de Luquero

La mañana del jueves suele ser un carrusel de ruedas de prensa en el Ayuntamiento. Este 29 de abril, la alcaldesa se había presentado ante los periodistas en su comparecencia semanal antes que Pablo Pérez y allí fue preguntada por si tenía “algún conocimiento de una nueva denuncia en el juzgado del PP”. Con gesto rígido y evidentemente sorprendida, la regidora improvisó una lacónica respuesta: “Está claro que el Partido Popular va a tender a judicializar la política. Cada uno trabaja como cree que tiene que trabajar”.

Lo cierto es que la demanda y las nuevas “pruebas” que la acompañan constituyen un nuevo argumento de presión hacia el equipo de Luquero para la discusión que se producirá este 30 de abril en el pleno municipal, donde se va a plantear una moción pidiendo la dimisión o el cese de Aguiar como concejala. Está anunciado el apoyo de todos los grupos menos el socialista, encastillado en su negativa de echar a la concejala “porque sería una injusticia”, según la versión oficial de los socialistas.

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