Posted By Natalia Del Barrio on 14, Ene, 2019

Ahora que tanto se celebra, se conmemora la Constitución y se dice defenderla, debemos recordar el artículo 47 que hace referencia al derecho que tiene la ciudadanía a la vivienda digna y adecuada, y a que las administraciones públicas deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas para hacer efectivo este derecho, es decir, pueden regular la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Conclusión, los poderes públicos pueden hacer más de lo que hacen para ayudar a la ciudadanía.

El año 2018 cerraba con la sentencia del Tribunal de Cuentas al equipo de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por vender viviendas de protección social a fondos buitre por debajo del valor real. Ya lo avisó Naciones Unidas en un informe de 2016 del Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos, que decía textualmente que “los fondos buitre son intrínsecamente explotadores, puesto que tratan de obtener ganancias desproporcionadas y exorbitantes en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo”.  

Pero esta nueva sentencia, no hace más que seguir visibilizando el terrible problema de la vivienda que se da en nuestro país, en nuestra Comunidad y por supuesto en nuestra provincia. No en vano Segovia, según el último informe de Idealista sobre la “Evolución del precio de la vivienda de alquiler en 2018” ha puesto a Segovia como la tercera provincia y municipio donde más ha subido el alquiler solo por detrás de Zamora y Burgos. Y es paradójico, porque según el histórico, nuestra provincia se encuentra incluso por encima del precio de antes de la crisis.

Una de las razones de esta subida de precios, viene derivada directamente de la alta acumulación de pisos vacíos que se encuentran en manos de los bancos. Entre ellos por ejemplo Bankia, que hay que recordar que fue rescatada con más de veinte mil millones de euros de dinero público. Así como una falta de voluntad de las instituciones públicas que no se han tomado en serio ni el parque público de vivienda, ni tampoco las viviendas de alquiler social. La propia Junta de Castilla y León ha dejado sin ejecutar en la provincia el 54% del presupuesto de sus dos programas estrella de vivienda pública, Rehabitare y Revive.

La dejadez por parte de la administraciones públicas se muestra en las viviendas procedentes del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), viviendas que fueron transferidas a esta Sociedad por las cuatro bancas intervenidas públicamente, y cuyo 45% de gestión es de capital público. Pues bien, según datos de la propia Junta de Castilla y León, la administración autonómica tan solo dispone de 12 viviendas “propiedad” del SAREB, lo que supone el 10% de la vivienda de la Sociedad de Gestión en la provincia, y que implica que el 90% de esta vivienda esta en manos de inmobiliarias y gestores de activos pertenecientes a fondos buitre. Y esto solo en nuestra provincia, que multiplicado por todo nuestro país, no hace nada más que mostrar la desigualdad existente del sistema financiero actual, de carácter injusto, que ha afectado directamente a la garantía de un derecho como es el acceso a la vivienda, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas. Y es que esto no es más que el resultado de unas políticas “anticrisis” que solo han hecho perjudicar a los que menos tienen y dar ganancias a los que ya tenían.

¿Y que podemos hacer a partir de ahora? Pues bien, ante el aprovechamiento claro de estas empresas que hacen negocio con las desgracias ajenas con un interés puramente comercial, las administraciones públicas deben garantizar el enfoque de derechos humanos con el objetivo de regular estas prácticas. Hay que recordar que tanto municipios, autonomías y estados han firmado los compromisos de la Agenda 2030.

También podemos copiar ejemplos de otros países y ciudades europeas, que como venimos diciendo no solo están para copiar las políticas de ajuste. Entre ellos el caso de Berlín, donde vecinos, junto con instituciones públicas han comprado viviendas para que no caigan en manos de grandes inmobiliarias, así como se están recogiendo firmas para una ley que permita expropiar a los grandes propietarios. Recordar que esto último ya está avalado por el Tribunal Constitucional a raíz de la Ley de Vivienda del País Vasco. O quizá debemos empezar por el principio y lo básico reclamar nuestro 45% de viviendas pertenecientes al SAREB.

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