Posted By Natalia Del Barrio on 7, Nov, 2020

Colas ante la Junta para tramitar ERTEs.

Decía tan solo hace unas semanas el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que los Presupuestos Generales del Estado eran unos presupuestos “ideológicos que primaban lo público sobre lo privado”.  A la vez, hace tan solo dos días, pedía más ayuda para paliar los efectos de esta segunda ola, sobre todo para la hostelería.

Coincido con él en que las distintas administraciones deben poner a disposición de la población más medidas para paliar los efectos de esta segunda ola. Pero, evidentemente, no en los mismos términos que muestra la contradicción de sus afirmaciones, porque si unos Presupuestos Generales o Autónomicos, no priman lo público frente a lo privado, es absolutamente imposible poner medidas en marcha que protejan al conjunto de la población.

Y no son en los mismos términos, porque las medidas a las que hace referencia el presidente de Cepyme son las que reproducen un modelo económico ultraliberal que la pandemia ha demostrado fracasado y que en nuestro caso el presidente Mañueco trata de reproducir.

La intención del presidente, la vimos en la Declaración Institucional que firmó junto con diversos expertos esta misma semana. Una declaración institucional (por cierto lleva ya varias en las que no acepta preguntas) bastante desafortunada, desde mi punto de vista. Desafortunada porque dicha declaración no hace mención a medidas de protección social, fundamentales para parar la pandemia.

Aunque es cierto que el Gobierno Central ha puesto en marcha varias acciones encaminadas a parar el golpe social de la pandemia, la realidad es que son necesarias muchas más. Y lo mismo es aplicable a la Junta de Castilla y León, con más intensidad si cabe, ya que la administración autonómica es la competente para desarrollar políticas que acompañen a las restricciones que se proponen.

¿Pero qué ha hecho la Junta hasta el momento y qué piensa hacer en un posible confinamiento domiciliario? Vamos a rebobinar. En junio, algunas zonas pasaron a la “nueva normalidad” en tiempo récord. En relación al reforzamiento de la sanidad, la consejera afirmó el otro día en sede parlamentaria que se habían hecho 7.600 contrataciones para reforzar, mientras que por la tarde el presidente decía que eran 3.500 profesionales más los que se encontraban trabajando en este momento, lo que indica que en realidad muchos estaban ya presentes, o que muchos de ellos han ido concatenando contratos, siguiendo con las condiciones precarias en la sanidad pública.

En relación a los rastreadores, lo mismo. La consejera afirmaba que existían 1.030 más 120 del ejército, pero a 1 de octubre según una respuesta de la propia consejera existían 772. Solo se han hecho 64 contrataciones de Atención Primaria de diciembre de 2019 a junio de 2020, y provincias como León, Palencia, Soria o Zamora, han visto reducidos sus efectivos.

Y ahora cuando se pide con gran fuerza el confinamiento domiciliario al Gobierno de España, Castilla y León no pone encima de la mesa ninguna medida en relación a la vivienda o a los desahucios. Todo lo contrario. En verano empezó una intensa campaña, acompañando a la iniciada a nivel estatal por varios partidos, incluida la ultraderecha, contra la okupación. Lo que no contó es que entre abril y junio, se produjeron 126 desahucios, situando a la Comunidad Autónoma en el triste honor de ser la cuarta Comunidad con más desalojos. Mientras tanto, la Consejería de Fomento solo tiene 100 viviendas en Convenio con la SAREB, lo que implica tan solo el 2% del total del viviendas existentes del “banco malo” en nuestra Comunidad. Es cierto que el Gobierno de España tiene que parar los desahucios, pero no es menos cierto que la Junta puede hacer mucho más al respecto.

Puede que necesitemos un confinamiento domiciliario, pero hay que insistir en que estas medidas nunca serán efectivas si no van acompañadas de otras medidas sociales. Medidas sociales  que forman parte, no solo de una estrategia sanitaria, sino de una política de salud pública integral, que puede hacernos avanzar hacia un futuro más estable.

Como sociedad no podemos pensar que volveremos a tener la misma vida después de la crisis sanitaria, al igual que las administraciones públicas, ante el colapso que ha mostrado el sistema, no pueden pensar que la crisis económica y social, pueda solventarse en los mismos términos de precariedad que vuelvan a instaurar el mismo sistema ya colapsado, que prima lo individual frente a lo colectivo.

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