Posted By Redacción on 19, Jul, 2023

El Gobierno de la Diputación provincial para el nuevo mandato se estructurará en torno a la presidencia de Miguel Ángel de Vicente, que mantiene la vicepresidencia primera para el alcalde de San Miguel de Bernuy, José María Bravo, quien también continúa al frente del Área de Cultura, Juventud y Deportes, de la que cuelga la delegación especial de Deportes, en manos de Óscar del Moral, mientras que Magdalena Rodríguez escala en el organigrama del Gobierno respecto al anterior mandato ya que asume la vicepresidencia segunda y dirigirá, además, el Área de Promoción y Desarrollo Rural Sostenible, al que se adscribe el organismo de promoción turística, Prodestur, que adquiere rango de delegación especial bajo dirección del alcalde de el Espinar, Javier Figueredo.

La nueva estructura suma en total seis Áreas. Entre ellas, la de Hacienda y Desarrollo Económico que continúa en manos, también, del alcalde de San Cristobal de Segovia, Óscar del Moral. El departamento incluye el incipiente servicio provincial de extinción de incendios (Sepeis), que contará con la dirección de la alcaldesa de la Lastrilla, Elisabet Lázaro, una de las debutantes en el Gobierno provincial. Por otra parte, Jaime Pérez seguirá al frente del Área de Recursos humanos, Gobierno interior y administración general y Basilio del Olmo, el regidor de Barbolla, de la de Acción Territorial , donde también habrá una delegación especial para el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, responsable de la Red viaria provincial.

Quedan “sin cartera” seis diputados populares: el alcalde de Sotosalbos, Feliciano Isabel; de Sanchonuño, Carlos Enrique Fuentes; de Espirdo, María Cuesta; de Turégano, Juan Montes; de Chañe, Dionisio García; y de Martín Muñoz de las Posadas, José Antonio Gil., si bien, el presidente provincial destacó que el Gobierno municipal es “un equipo” en el que tanto aquellos diputados que gestionarán un área, como los que no, serán igual de importantes”.

De Vicente reconoció que su nuevo organigrama de Gobierno no supone “ninguna revolución” pero “se adapta a los nuevos compromisos y necesidades que afrontará la institución”.