Acueducto2

Carrera política

Dos de los principales referentes políticos del PP han visto truncada su carrera política en un breve periodo de tiempo. Las dudas generadas por el máster cursado por la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, y también realizado por el vicepresidente de Comunicación del PP, al que a su vez se le cuestiona su titulación en Derecho, han sido la causa. Ambos, trasmitían frescura y se les había presentado ante la sociedad española como personas de éxito. Estaban llamados a ocupar responsabilidades mayores y su camino más inmediato se orientaba a presidir, si las urnas les daban un respaldo mayoritario, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la ciudad. Pero cuán diferente es la realidad a aquella que nos ha intentado hacer creer el PP y sus medios de comunicación afines. Su prestigio y aceptación pública se ha venido abajo. El problema de fondo es mayor. Todo hace pensar que subyace un problema de falsificaciones y actuaciones fraudulentas de algunas autoridades educativas, con el consentimiento de sus protagonistas. Su partido ante el problema ha preferido mirar para otro lado.

La mayoría de los españoles nos hemos educado en la creencia de que a mayor formación mayor oportunidad de progreso. De ahí que desde niños, bajo la tutela ejercida por nuestros padres, hemos intentado superarnos y buscar un futuro profesional asentado sobre un proyecto educativo en el que hemos invertido muchas horas y sacrificado otras opciones alternativas. Tener una carrera en nuestro país era una buena tarjeta de presentación en el mundo laboral. No te garantizaba nada, pero te abría puertas. Además te ofrecía estatus y reconocimiento; pero para ello había que sudar la camiseta. No perder la beca, compatibilizar un trabajo con la preparación de oposiciones o cursar una segunda carrera nunca ha sido fácil. No era una cuestión de seis meses. Como mucho, el común de los mortales al compatibilizar trabajo con estudios  avanzábamos cuatro asignaturas cuatrimestrales al año o requeríamos dos años a pleno rendimiento, acostándose muy tarde y los fines de semana con dedicación plena -hasta 13 horas de estudio-, para superar la ansiada oposición. Al menos esa es mi experiencia. A todo hay quien gane. El pertenecer a una determinada organización no infunde “per se” un talento especial.

Ahora resulta que la pirámide está invertida. Algunas formaciones políticas eligen a sus dirigentes y les intentan dar valor añadido engordando y adornando su currículum a través de titulaciones y máster que no cursan o si los hacen lo realizan de una forma testimonial. Para ello utilizan su poder de referencia e influencia sobre determinadas autoridades académicas, cuando no soportan su acción en actuaciones clientelares. Una vergüenza que rompe el principio de igualdad y la equidad entre los españoles. Una línea de conducta que hay que erradicar cuanto antes de la vida pública. Los principios de igualdad, mérito y capacidad constituyen una garantía para selección de los mejores y para el mejor impulso de la sociedad tanto en el ámbito privado como público. Las diferentes formaciones políticas debieran ser muy conscientes de ello. La mediocridad y el amiguismo sólo generan frustración, antes o después. Y a la vida pública se llega a servir y no a servirse. De ahí la importancia de llegar con la vida laboral orientada y, si es posible, resuelta. No se puede pretender vivir de la política y pensar en una dedicación de por vida. La participación en lo público por definición es efímera. Y para ello tampoco es imprescindible poseer títulos, si la función requerida no los exige.

Basta hacer un recorrido por los currículums de los políticos españoles para comprobar que muchos de ellos padecen de “titulitis”. Es decir, de una hiperinflación de títulos orientados reforzar su imagen personal y profesional. Hagan la prueba y repasen las fichas de los parlamentarios españoles. O incluso más fácil, vayan a la ficha del diputado y vicepresidente de Comunicación del PP, como expresión mediática del problema que se está debatiendo estos días. Quedarán impactados. Les confieso que a mí también me impresionó la primera vez que lo vi. Me lo creí. Ahora, después de conocer que la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho le llevaron siete años y la otra mitad seis meses, tras cambiarse de universidad, me declaro escéptico. Mucho más cuando tiene no sé cuántas cosas más en universidades extranjeras, e incluso ha sido en una de ellas profesor visitante. No creo en los milagros, y menos en las tonterías.

Asociar la aceptación política a un determinado currículum virtual constituye un fraude a la confianza y  respeto que merecen los electores. Hay quien lo hace en el ámbito laboral, pero en la vida pública invalida a quien actúa así como político. La carrera política de algunos no pasa por instrumentar una carrera académica ficticia para seducir a los ciudadanos. Ambas son inexistentes e improcedentes. Dignificar la política pasa por no hacer de la participación pública una carrera, y menos instrumentalizarla con títulos académicos que no se orientan a la formación y el enriquecimiento del capital humano, sino a fines espurios. Quien actúa así no es digno de estar en la política. Y si su actuación objetivamente es fraudulenta debe irse.

Author: Juan Luis Gordo

Diputado del PSOE en el Congreso por Segovia.

Share This Post On

3 Comments

  1. El problema es que algunos hacen de la política, un seguro de por vida ¿a qué sí?

    Post a Reply
    • Supongo que vd. Se refiere a la tesis esa de Pedro Sánchez que le hicieron en el Ministerio de industria.

      Post a Reply
  2. Palabras textuales del Sr Griñan “Pero el grueso del “gran fraude” cometido,ha sido el diseño de un sistema clientelar que no pretendía otra cosa que perpetuar a los socialistas en el poder de la Junta de Andalucía”, Ole ole y ole y Vd habla de fines espurios y de actuaciones fraudulentas, TIENEN EN SU PARTIDO ESPEJO donde mirarse, parece que no, Vd habla de vergüenza, principio de igualdad, mérito, capacidad,a la vida pública se llega a servir no a servirse. A quien enseño su curriculúm Luis Roldán o Juan Guerra.
    Don Juan Luis le voy a dar un poco de arnica: Que me dice de la carrera política de su lider PEDRO SANCHEZ y de la MARQUESA DEL GUADALQUIVIR Susana Diaz, eso si es una carrera, que hacen, en que han trabajado, a que dedican su tiempo pagado por todos nosotros, y del ínclito Zapatero, de observador de las elecciones de Venezuela, que me dice(habra obtenido algún título de observador por correspondencia, porque como le ponen los venezolanos al leonés). Que me dice del Diccionario de la A la Z de corrupción dentro de PSOE, España siglos XX y XXI, hay para más tomos que el Cossio.

    Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)

    Ya cuando llegó al poder, Felipe González anuncio unas auditorías polémicas, refiriéndose a casos de corrupción en el Gobierno de la UCD. Durante los últimos años de su gobierno (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos y famosos escándalos de corrupción:

    Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
    Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
    Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
    Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
    Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
    Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
    Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
    Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte de SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
    Otros 3 sumarios.
    Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un “cambiazo” masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
    Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
    Operación Mengele: presunto secuestro y experimentación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
    Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.,23​ de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años.
    Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.24​
    Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
    Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
    Caso Sarasola: gestión irregular por parte de Enrique Sarasola Lerchundi(intimo de Felipe Gonzalez) del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
    Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
    Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
    Caso Cementerio: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete, primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. Referencias en la Biblioteca de documentos sobre el Cementerio de la Almudena.​ En Prensa.​ Última sentencia del supremo.IU UPyD y PSOE en vídeos y La Plataforma PRO CEMENTERIOS MUNICIPALES denuncian el abandono del patrimonio.
    Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
    Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Instituto Catalán de Finanzas, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Carles Vila y Joan Basols.
    Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
    Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
    Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
    Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
    Caso Expo’92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.
    Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
    Caso Paesa, vinculado al anterior.41​
    Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
    Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
    Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el “señor X”, el dirigente del entramado GAL.
    Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
    Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

    ​Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

    Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
    Partido Lugar Caso de presunta corrupción Enlace(s) Dinero público presuntamente estafado
    PSOE 17 ayuntamientos Tramas urbanísticas * Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas
    PSOE Andalucía Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos * Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía

    PSC(PSOE)+CIU Cataluña Caso Pretoria * El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada “pelotazo” 44 M€
    paralizar la construcción.
    Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

    Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.

    Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
    Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.64​

    Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.

    Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.
    Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.

    Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.
    Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación de dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco a cambio de subvenciones,una acusación de la que el ministro fue finalmente absuelto.

    Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.

    Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.

    Caso Cambil: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.

    Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.

    Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.

    P.D. “No se os puede dejar solos” FFB

    Post a Reply

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *