Creo que Clara Luquero se está equivocando en el asunto de la carga y descarga en la calle Real. No lo digo tanto por el fondo —horario de 7.30 a 10; vigilancia sin policías y dedos cruzados para que no se rompa ningún monumento, un paquete de cambios que quizá había que realizar— como por las formas, por ese disfraz de decisión pactada que se ha tratado de poner a lo que e realidad es una mera imposición de criterios políticos.
El Gobierno toma decisiones, claro que sí. Pero, tan amigo de las formas, quizá debería llevar la discusión de su propuesta a su lugar natural, las correspondientes comisiones municipales. Y ganarlas. Pero, tan asiduo a hablar de participación ciudadana, podría al menos simular que reflexiona sobre las propuestas distintas de aquellos a los que convoca y evitar apisonar innecesariamente cualquier alternativa a su idea predeterminada. Pero, tan evocador de la igualdad, roza la ofensa cuando establece categorías marcadas, por ejemplo, la de “turista”, muy por delante de la de “comerciante” o la de “transportista”.
A ver. Las dos veces que la regidora ha planteado una reunión con los sectores implicados y con la boca llena de “diálogo”, resulta que ha sido para exponer sus planes, rebatir sin concesiones a quien los cuestionara y acabar con máximas que ha elevado a fundamentales: “seguridad de los peatones”; “respeto máximo al turista” y “cuidado del Patrimonio”.
Así “está claramente justificado, y es la única salida, adelantar el final de la hora de la carga y descarga en la calle Real a las diez de la mañana y llevar el inicio a las siete y media”. Que se organicen los transportistas, que madruguen los repartidores y que echen unas horas más los comerciantes, que eso “no es algo de mi incumbencia ni me toca articularlo”, dice la regidora.
La técnico municipal, Pilar Arroyo, explica el proyecto en la Alhóndiga.
En esas reuniones (esta del 29 de septiembre convocó sólo a 23 personas), la alcaldesa preside una mesa en la que la estrella es la técnico municipal, Pilar Arroyo, experta en movilidad, cargada de razones coincidentes con las del Gobierno, sobre la que recae la responsabilidad de convencer al auditorio. También está el jefe de policía, Julio Rodríguez, mudo, y el concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero, silencioso casi siempre y algo tosco cuando toma la palabra.
El primer día, enfrente estaban ciudadanos, comerciantes, transportistas, repartidores, guías turísticos y hasta nuevos empresarios tratando de sacar tajada del asunto. Aquel día casi se establece un diálogo sosegado y hasta parecía que se buscaba algo de consenso. Este jueves, en un ambiente mucho más cargado, la mayoría eran comerciantes cabreados, algunas guías y los representantes vecinales, que pese a su lógica preocupación por su descanso, ni siquiera hablaron porque los tenderos —algo de pose había en el gesto— se hartaron y se marcharon del encuentro antes de tiempo.
Quizá fue porque ya sabían al empezar la reunión que el gabinete de Alcaldía había emitido seis horas antes una nota de prensa —embargada hasta la hora de la reunión, algo, por cierto, absolutamente inusual en este Consistorio— con este título: “El Ayuntamiento fija el horario de carga y descarga en el eje calle Real, Azoguejo, Fernández Ladreda entre las 7.30 y las 10.00 horas” y cuyo contenido daba por “decidido” el paquete de medidas.
Un comerciante propone una alternativa al proyecto.
No cabía pues esperar mucho diálogo, ni cambios de criterios, ni aceptación total o parcial de la alternativa que un empresario, hablando “en nombre de todos” desarrolló en la sala sugiriendo que se probara durante seis meses mientras oía la única ovación de la tarde. De hecho, aquello acabó cuando los comerciantes —también el máximo representante de la asociación regional— preguntaron abiertamente a Luquero si había alguna posibilidad de que aceptara alguna de sus propuestas y se confirmó que no. Se fueron 10 ó 12 de golpe y otros después, aprovechando el desconcierto. La regidora se quedó sin auditorio y la reunión acabó sin martillazo ni sonrisas.
Parece lógico el enfado de los empresarios, llenos de pavor ante la sola idea de tener que madrugar más y echar más horas a su propia jornada, o negociar con sus empleados nuevos turnos ampliados para atender a los repartidores que suministran a los negocios que ahora, gracias a los estudios técnicos, sabemos que son 118.
El Gobierno local ha decidido que, dado que la mitad del reparto se concentra ahora entre las diez y las once, “infrautilizando” el resto del horario, pues la solución pasa por eliminar precisamente esa hora punta. Ya sabe el mantra: “a las 10.15 horas no tiene que quedar un solo vehículo en la calle”. Y así, se fijan las diez como hora límite para entrar en la zona y a cambio, se puede empezar a las siete y media.
Bueno, pues los temores de los que se oponen apuntan a que así sólo se conseguirá trasladar la concentración de repartidores desde las nueve hasta el cierre y que incluso otras zonas como San Millán o Fernández Ladreda —en la reunión se admitió la posibilidad de “ser más flexibles” en esa zona— se saturen con los repartidores más rezagados, a pie y con carrito.
Y ahí van las medidas de apoyo: dos cámaras, a la entrada y salida de la calle Real, para controlar sin necesidad de policía a los incumplidores; prohibido instalar en la zona terrazas de hostelería hasta las diez y prohibido también acercarse con los vehículos a la biblioteca o la Casa de los Picos.
Bueno. Si se le quitan los disfraces, esta de la carga y descarga es una mera decisión política del equipo de Gobierno, posiblemente necesaria, para la que es fácil encontrar pros y contras, sobre todo según a quién se pregunte, pero que sin duda podría haberse ahorrado en el camino muchas poses innecesarias de cara al ciudadano. A ver cómo resulta.
Segovia (1967). Periodista.
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