Posted By Redacción on 17, Abr, 2018

Candidaturas en 2015. Eran otros tiempos.

La dirección nacional de UPyD ha remitido cartas a los ayuntamientos de Segovia y de Real Sitio de San Ildefonso, así como de la Diputación de Segovia, para que se proceda a la disolución de los grupos municipales y provinciales que, nominalmente, operan como tales en las tres administraciones.

El escrito de la Diputación, inicialmente rechazado al no venir firmado y posteriormente admitido al identificarse como autor el actual gerente nacional de la formación, Adrián Ortuño, incide en pedir la disolución del grupo, al considerar “tránsfugas” a los actuales ediles, ninguno de los cuales milita ya en UPyD, solicitando también que pasen al grupo de no adscritos. En parecidos términos, los escritos registrados en el Real Sitio y Segovia, donde UPyD mantiene dos concejales en cada pleno (en La Granja eran tres, pero uno se paso al grupo No Adscrito).

Juan Ángel Ruiz, aún diputado provincial por UPyD, auguraba poco recorrido a la solicitud y reiteraba su intención y la de sus compañeros de seguir actuando como grupos políticos hasta el final de mandato. “Existe jurisprudencia y ningún partido puede obligar a una administración local a suprimir el grupo”, explicaba, al tiempo que informaba que la constitución de los grupos se hizo al calor del reglamento vigente en la formación en 2015, “donde no se exigía ser militante para presentarse como candidato”. Posteriormente, ya en 2017, “cambiaron la norma señalando que todo cargo representativo debe ser militante del partido. Hace seis meses nos mandaron una carta”, añadía.

Motivos económicos

Para Ruiz, la razón de fondo en la demanda de UPyD hay que buscarla en la caótica situación económica de lo que queda del partido de Rosa Díez. Tras la debacle electoral de 2015, momento en que Diez dimitió, dejando el barco al mando de Andrés Herzog, para luego pasar a Cristiano Brown, de Las Rozas, y que actualmente lidera la formación, se decretó un ERE entre los empleados de UPyD, avalado por los 5 eurodiputados de la formación, de los cuales ya solo queda uno bajo la disciplina del partido. “Suponemos que lo que pretenden es que los 150 concejales de UPyD que quedan en España se den de alta como militantes para tener alguna entrada de dinero con las cuotas de afiliación”, explica Ruiz.

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