La burbuja inmobiliaria fue la causa de la destrucción de empleo y de los recortes que sufrimos durante la crisis, cuyas consecuencias se siguen manifestando en el momento actual. “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”, y vamos camino de ello. Todo indica que ha reaparecido la burbuja inmobiliaria y crece por momentos a un ritmo desenfrenado, ante la pasividad del Gobierno y las instituciones con responsabilidad en materia de vivienda. Los precios de los alquileres se han disparado una media del 8 por ciento en lo que va de año, y un 18 por ciento en los últimos doce meses.
Casi seis de cada diez desahucios el año pasado fueron consecuencia del impago del alquiler. Durante este año el ritmo de crecimiento durante los próximos meses continuará, quedándose fuera del mercado quienes tienen menores ingresos, en especial los jóvenes y las víctimas de la reforma laboral. Según el INE, la adquisición de vivienda se encareció en 2017 un 6,2 por ciento con tendencia al alza en todas las Comunidades Autónomas, pero se echa en falta un registro oficial que proporcione seguridad y consistencia a la información inmobiliaria, al margen de los grandes promotores o portales inmobiliarios, que siempre actúan de parte y gestionan las expectativas en función de sus intereses.
Hoy, el alquiler se come en España el 40 por ciento de los ingresos disponibles del 37 por ciento de los españoles. El problema es mucho mayor en los hogares más pobres que afrontan un coste de vivienda con menor margen en su renta disponible. El derecho a la vivienda para estas familias se convierte en una utopía o una pesadilla. La sobrecarga del coste de la vivienda les impide llevar una vida digna, obligándoles a reducir costes hasta límites impensables o sobreexplotar su capacidad de trabajo cuando pueden. Como contraste cabe señalar que España destina apenas el 0,03 por ciento del PIB a políticas de vivienda. Estamos a la cola. Sólo Chile y Malta dedican un porcentaje tan pequeño.
La semana pasada comparecía en el Congreso el Ministro de Fomento para presentar el Plan de Vivienda 2018-2021. Con poca convicción y mucho interés mediático -como nos tiene acostumbrados en este tipo de comparecencias que utiliza como plataforma electoralista- anunció un anteproyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los planes de ordenación y urbanismo, algo necesario y urgente que llega tarde; y la asignación de 1.400 millones de euros del Plan orientados a reforzar el mercado de alquiler y la rehabilitación, fomento del alquiler y las ayudas a personas y colectivos en dificultades, así como la mejora de la eficiencia energética. La mayor parte de ellas van orientadas por la vía de la “demanda”, aunque también una pequeña asignación por la vía de la “oferta”. En cualquier caso, sin buscar respuesta a los problemas estructurales, no sea que se le vuelvan en contra. Poca convicción tiene este ministro para salirse del perfil mediático.
Los salarios precarios dejan fuera del mercado inmobiliario a los desfavorecidos, más cuando el crecimiento viene inducido por un oferta reducida y la concentración del patrimonio inmobiliario, sobre todo en las grandes ciudades, en fondos de inversión que compran masivamente viviendas públicas y privadas, incluidas viviendas protegidas, para después incrementar los alquileres. Especulan con el derecho a la vivienda. Para atajar el problema es necesario “pinchar la burbuja”. Poner en marcha medidas estructurales que eviten volver a las andadas. Todo indica que la realidad está al margen de las actuaciones el Gobierno, del debate parlamentario y del posicionamiento de las Administraciones autonómicas y locales. Los especuladores y la banca van a lo suyo, y los ciudadanos sin recursos están sufriendo las consecuencias.
Para pinchar la burbuja se ha de actuar con medidas que incidan tanto en la oferta como en la demanda de alquileres y viviendas. La adquisición de vivienda y el alquiler están estrechamente ligados entre sí. Desde la oferta todas aquellas medidas que se orienten a garantizar el suelo disponible, como la anunciada por el ministro de Fomento, son bienvenidas, ya que garantiza la seguridad jurídica, aumenta la oferta de suelo y en principio evita la especulación. Se ha de desarrollar la Ley del Suelo de 2007 para que la tasación del suelo se corresponda con la naturaleza de lo que es, y no de lo que puede ser. De esta manera se trabaja con expectativas ciertas y se evita alimentar la especulación futura y la espiral inflacionista en la vivienda. En el alquiler de la vivienda hay que aumentar la oferta. Para ello es fundamental garantizar la seguridad jurídica del arrendatario y ampliar el parque de vivienda en alquiler. Se debería cambiar la ley para que las viviendas de protección oficial (VPP) y las viviendas de precio tasado (VPT) se puedan alquilar y con prioridad hacia las rentas más bajas.
Desde el punto de vista de la demanda, el BCE debe vigilar a los bancos para que sean prudentes en las concesiones de créditos y limitarlo al 80 por ciento de la tasación para evitar que la burbuja crezca. Hay que tener en cuenta que los tipos están próximos a cero en el momento actual y que la vivienda siempre es un refugio a bajos intereses más atractivo que el bono, lo que empuja hacia arriba los precios y el crecimiento de la burbuja. Es clave también que la tasación sea realista y los vendedores no pueden legitimar sus precios ante notario determinando éstos el valor catastral, como pretende el PP.
Se han de aprobar medidas fiscales bajando el IBI, para que el alquiler sea más atractivo que la compra. Garantizar un tiempo cierto y lo más largo posible en los alquileres, acotando la revisión de precios como máximo al IPC anual. Y, ante todo, marcando de cerca a los grupos de interés que intentan con sus actuaciones alimentar las expectativas especulativas, como es el caso de las ‘Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado’ (Socimis). Sus efectos netos siempre son perversos para los más humildes. La burbuja inmobiliaria es el cáncer económico y de bienestar de las personas que menos tienen, cuando no del propio sistema económico y de sus elementos redistributivos.
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