Posted By Opinion on 19, Sep, 2017

“Compartir te lleva más lejos” ha sido el último lema elegido por la Semana Europea de la Movilidad, que se está celebrando esta última semana en la ciudad de Segovia y en múltiples núcleos de población del viejo continente. Un evento que tiene por objeto promover la movilidad sostenible a través de diferentes actividades de sensibilización. La congestión de las ciudades y sus principales arterias de acceso al tráfico rodado junto a la contaminación ambiental suelen constituir dos de los principales problemas en los que se pone el punto de mira, y se fomenta el uso de medios alternativos al automóvil. El problema se circunscribe al medio urbano y sus zonas colindantes. Sin embargo, es el medio rural, y en especial las personas que residen en los núcleos y zonas menos pobladas, el que tiene un auténtico problema de movilidad para acceder a servicios básicos, como la prestación de servicios sanitarios o educativos, o simplemente para hacer la compra.

El crecimiento demográfico asociado al nuevo modelo productivo y su distribución en el entorno de las grandes ciudades hacen de la movilidad un derecho social irrenunciable que hoy por hoy sólo puede garantizar de forma individual y equitativa mediante el transporte público. La movilidad en el medio urbano y su zona periurbana está garantizada, no así en la movilidad rural. Más de la mitad de la población española vive hoy en el medio rural. Núcleos rurales dispersos en los que la conectividad y acceso entre ellos, y con la cabeza comarcal o ciudad de referencia, es muy complicada y costosa, a lo que se unen los problemas asociados al alto envejecimiento de su población. Sólo el desplazamiento periódico de los hijos -que por lo general viven fuera del núcleo rural de sus padres- garantiza su movilidad y acceso a servicios básicos en otras localidades; o bien la solidaridad de los vecinos más jóvenes. Pero esta circunstancia no siempre se produce, y la contratación de otros medios privados alternativos, cuando existen, no están al alcance de todos.

La movilidad rural es un problema difícil de abordar. Los viejos servicios regulares de transporte en autobús no dan respuesta a las necesidades de movilidad. Basta analizar el mapa del transporte regular en autobús en la provincia de Segovia y sus frecuencias para constatar que tiene un carácter testimonial y no da respuesta real a las necesidades de conectividad. En gran parte de las rutas el autobús va vacío y las frecuencias son escasas, o reducidas a la mínima expresión. Gran parte de los desplazamientos a la ciudad se producen a primera hora de la mañana y regresan en el mejor de los casos a mitad de tarde, y esto de lunes a viernes. El fin de semana no hay servicio. El servicio a la demanda que la Junta implantó en algunas rutas devino en un fracaso. El gasto en el transporte regular es ineficiente a todas luces, y la población del medio rural contribuye con sus impuestos a financiar en condiciones de igualdad los 300 millones de euros con los que el Estado subvenciona el transporte en autobús en toda España. Una situación de inequidad a todas luces para la población que vive y mantiene los pequeños municipios y su entorno, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental y patrimonial.

Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, se ha celebrado en la Universidad Meléndez Pelayo en Santander un seminario sobre Movilidad Sostenible, en el que he tenido la oportunidad de ser ponente en una de las mesas, como vocal que soy de la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados. Tuve la oportunidad de centrar el debate en el problema y soluciones a la movilidad rural. No se puede seguir así. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) ofrecen una enorme potencialidad para organizar un servicio a la demanda que puede y debe combinar distintos tipos de transporte individual y colectivo. Los consorcios de transporte y la implicación activa de las tres administraciones pueden y deben dar respuesta al problema de movilidad en el medio rural. El gasto actual por viajero es ineficiente. Un nuevo modelo organizativo que permita compartir recursos, buscar una dirección del transporte proactiva orientada a dar respuesta a las necesidades individuales de movilidad agrupadas por cluster y una financiación más equitativa, que atienda las necesidades de núcleos inferiores a los 50.000 habitantes, es absolutamente necesario para avanzar en la solución al problema.

El medio rural existe. El derecho a la movilidad de sus habitantes es un derecho social que también les asiste. La Semana Europea de la Movilidad debiera contemplar en próximas ediciones el mayor problema de movilidad que tenemos en nuestro país, con independencia del apoyo a otras medidas de apoyo a la movilidad sostenible en el ámbito urbano. Las Comunidades Autónomas son las que tienen competencias en la materia, pero deben dejar de hacer el don Tancredo y tomar las riendas.

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