Posted By Natalia Del Barrio on 12, Sep, 2020

La política siempre resulta algo incomprensible, no porque sea difícil de entender como quieren hacer ver algunos cargos públicos, sino porque se toman medidas de difícil compresión por la contradicción que implican.

El ejemplo más fácil lo tenemos en las medidas que se han tomado en educación. Mientras se restringían y recomendaban reuniones familiares y no familiares con hasta diez personas, de manera inexplicable e incomprensible, sí se ha permitido el acceso a aulas a más del doble permitido y recomendado.

Una vez más los más pequeños están siendo ninguneados y pagando las consecuencias de una mala gestión que por mucho que se empeñen Igea y Mañueco, vice y presi respectivamente, emana directamente de ellos, y en este caso de la consejera de Educación, Rocío Lucas, desaparecida, por cierto, durante todo el verano.

Cerca del comienzo del curso,  en una entrevista concedida a un medio de comunicación, la consejera afirmó sin ruborizarse, que reconocía retrasos en la redacción del protocolo definitivo, como si desde junio no se hubiera podido prever que se tenía que volver a las clases presenciales. Y digo sin ruborizarse, porque estas afirmaciones las hace cuando apenas faltaban tres semanas para el inicio del curso escolar, y dos para la incorporación del profesorado.

Pero lo que ha pasado con la Educación, no es más que, de nuevo, la visibilización brutal que ha realizado la pandemia de las carencias y el desmantelamiento existente en nuestro país de los servicios públicos desde que comenzara la crisis de 2008, dejando los pilares básicos de nuestra sociedad bajo mínimos.

Primero se nos mostró las carencias en la sanidad pública y las residencias de mayores en pleno pico de la pandemia. Después, la precariedad laboral en la que estaban inmersas miles de personas, la vulnerabilidad a la que son expuestas por la deficiente estructura de protección social y ahora ha sido la educación.

Numerosos organismos de distinta índole han venido denunciando los recortes que se venían produciendo los últimos años que han provocado esta situación. Uno de los últimos ha sido el realizado por la Asociación de Directoras y gerentes en Servicios sociales que ha estimado que el gasto social autonómico en España es un 3,4% menor a los momentos previos a la crisis.

En lo que respecta a Educación, y en concreto a Castilla y León, según este informe, la Comunidad ha dejado de invertir un 7,82% desde 2009, lo que implica en términos brutos, 169 millones de euros menos. Una disminución de presupuesto que ha conllevado un aumento de ratio por aulas, disminución de personal, congelación salarial, paralización de reformas y estructuras en centros educativos, recortes en atención a la diversidad y un largo etcétera de deficiencias que aunque ya se venían produciendo desde años, se han hecho muy visibles, las últimas semanas.

Pero en esa entrevista, y que quizá pasara desapercibido, es la concepción de la educación que tiene la consejera. Afirmó que no se había producido un aislamiento educativo sino físico, y que sería lo que se produciría en el caso de un nuevo confinamiento.Una concepción educativa basada en lo mercantil y adecuada al sistema neoliberal de dar sin que se tenga en cuenta otros conceptos que conforman una educación integral como son las relaciones sociales.

La educación debe servir no solo para la adquisición de conocimientos, sino que también existe la parte fundamental de las relaciones sociales. No estamos hablando de besos y abrazos, sino de la convivencia, de aprender a relacionarse con los demás, y de aprender a vivir en la diversidad de nuestra sociedad.

Y mientras esta concepción educativa en términos de competitividad económica no cambie, nuestra educación seguirá estando bajo mínimos con pandemia y sin pandemia, y como siempre los perjudicados serán, como siempre, los más pequeños.

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