Los miembros de la presidencia del Pleno, durante el discurso de Francisco Vázquez.
Me gusta fijarme en la gente y cuando he mirado a Francisco Vázquez, haciendo referencia desde su asiento de presidente del pleno de la Diputación, a la grave querella —media docena de acusaciones, incluida la prevaricación, que significa una amenaza, además de a su carrera política, también a la profesional como funcionario, ahí es nada— que ha presentado contra él y el administrador único, Javier de la Orden, la empresa Fomento Territorial, me ha parecido ver la rabia, pero también la desorientación de quien se considera vapuleado sin merecerlo.
Y eso que, lo he observado también, aparecía arropado sin resquicios por los miembros de su grupo, me ha parecido ver rostros de cierta comprensión en la bancada socialista —otra cosa es el juego político, que el secretario provincial, Juan Luis Gordo se apresuró a pedir responsabilidades “si se da el caso de que”— y hasta el diputado de UPyD, quien divulgó el auto, Juan Ángel Ruiz, parecía encajar la dura reprimenda que le ha soltado el portavoz popular, José Luis Sanz Merino, no tanto por divulgar el texto judicial, sino por haber hecho en aquella rueda de prensa una previsión de posible culpabilidad a partir de una apertura de diligencias sin acusados o siquiera imputados.
[Por cierto, la querella fue admitida por una jueza que, procedente de Melilla, ha estado en Segovia “un rato” (vino a cubrir provisionalmente los huecos generados por el “ascenso” del juez Pando a la presidencia de la Audiencia) y ahora será tramitada por otro magistrado, recién llegado que, como aliciente, me dicen que conoce a fondo el asunto Mercantil por su experiencia profesional.]
Y es que lo que me parece a mi entender que le da especial rabia a Vázquez es pensar que los acusadores puedan lograr el objetivo de la que considera una “denuncia mediática” que ya, directamente, le ha condenado a la “pena de telediario”: aparecer durante meses en los titulares que genere la tramitación de la querella, acabe como acabe, con la coletilla de “presunto” junto a su nombre.
Además, tiene la idea de que la denuncia también tiene tintes políticos con él —presidente del PP, la Diputación, Segovia 21 y concejal en la capital— como diana, porque no consigue entender de otro modo que en la lista de “presuntos” no aparezcan el resto de los socios: la Cámara de Comercio bajo presidencia de Pedro Palomo, apartado por los querellantes por “llevar poco tiempo”, según se despacha en la denuncia, o la propia Bankia, a la que ni siquiera se menciona.
La desorientación aparece lógica bajo el punto de vista del afectado, que sostiene que desde que preside Segovia 21 ha metido mano, dice que sin remilgos, a una empresa a la deriva, con sueldos desmesurados para todo el que andaba por allí y pagos en torno al millón anual a Fomento Territorial en base al contrato para la gestión integral, además de tratar de corregir sus cuentas y explicarlo a los diputados —siete comisiones desde octubre de 2012 y anuncia otra para septiembre— siempre en presencia del interventor y la secretaria que nunca advirtieron de vicio de legalidad en el rumbo impuesto. Y “sin yo cobrar un solo duro”, recalca.
Hombre, si le soy sincero, en la época de Atilano, como periodista, me costaba horrores conseguir cualquier información oficial de Segovia 21 y la que llegaba a las redacciones, por su olor a fresa, aparentaba que alguien consideraba cortitos a todos los de mi gremio. La información extraoficial era imposible. Ya sabe, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas y nadie habla de ello fuera, no ocurra que se acaben cerrando los casinos por que alguien presuma de pasarlo bien allí.
Resulta que ahora, preguntando aquí y allá conozco las cuentas de antes o lo que cobran los administradores únicos actuales, pero también detalles inéditos como que Bankia bloqueó las cuentas en 2012 exigiendo el cambio de administradores (ya ve de donde resulta que viene la decisión), cuando el agujero era ya enorme y se pretendían suscribir nuevos créditos millonarios para seguir pagando al ritmo que se hacía entonces.
Le confieso que, hurga que te hurga, también conozco las mansiones de lujo de la promoción PB6 esa, con precios entre los 600.000 euros y los 200.000 largos y hasta el nombre de los propietarios que las adquirieron, digo yo que como inversión muy, muy segura —les hay que se apuntaron a cuatro y tres pisitos, los que se las construyeron a su entero gusto y otros que las amueblaron sus ¡400 metros! como un palacio— aunque mire, ardo en deseos de que un juez ponga el listado en un papel oficial que me permita escribir nombres y apellidos sin meterme en un lío por saltarme la Ley de Protección de Datos para que usted y yo flipemos juntos. Esta se la debo.
Segovia (1967). Periodista.
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