Sólo la idea me espeluzna pero reconozco que no descarto la posibilidad, más que real, de que un día tenga que escribir un titular en el que de cuenta del fallecimiento de un menor (o un mayor) por saturación alcohólica en plena calle, yo qué sé, en la Curva, el cementerio, la Hontanilla o un descampado que se ponga de moda como ha ocurrido en San Martín de la Vega (Madrid) en la que la protagonista era una niña de 12 años, Laura, que, al parecer, en un enfado —¿Pero qué coño de calentón puede tener alguien con esa edad?— se metió en el cuerpo una botella entera de ron que acabó resultando un gesto mortal.
No puedo esperar otra cosa si me ciño a las palabras de la alcaldesa (y el resto de autoridades), que se dice “incapaz” de controlar el botellón porque no tiene “tanta policía” —al parecer es más fácil mandar a los agentes a pillar a los mayores de edad con un botellín ante la puerta de un bar en la calle de los bares— para controlar el asunto.
Es la misma administración la que parece dar normalidad a lo que no lo es, evita comunicar a la opinión pública un solo suceso —y los hay a decenas cada semana— en los que los policías y servicios de emergencias se ven obligados a atender a menores en coma etílico, o casi, en plena calle y que se convierte en cómplice cuando no ataca los botellones “oficiales”, o fomenta el botellón en los actos centrales de cualquier fiesta local sin que se pida un solo carné de identidad y, por supuesto, no se aplique la ley y los reglamentos que son claros: en la calle no se puede beber.
¿Cómo que no se puede controlar el botellón? Pero hombre, si usted y yo nos ponemos en la puerta de algún supermercado en día punta tardamos seis minutos en hacer la “ficha” del memo, mayor de edad, que compra las bebidas a los pequeños en casi el cuarenta por ciento de los casos; y si estamos dos minutos en el Azoguejo una tarde de viernes contaremos decenas de menores —véase la cara, son niños— con bolsas repletas de botellas. Claro que se puede controlar. Otra cosa es que se quieran asumir los quebraderos de cabeza que eso generaría con los propios jóvenes y con sus padres.
No sería lógico pedir que se produzcan redadas masivas cada viernes ni furgones policiales repletos de chavales cada fin de semana, pero si que se acabe con la permisividad, que los chicos se sientan vigilados e incómodos cuando realizan esta actividad ilegal; que las zonas de botellón dejen de ser “refugios seguros”; que ser pillados por un policía bebiendo en la calle tenga consecuencias reales para el niño y sus padres; y que se evite de forma contundente el suministro de botellas a menores. Si. Aquí también, el miedo debería guardar la viña.
Tengo clara la enorme parte de culpa de las administraciones en su postura de mirar para otro lado mientras niños y mayores de edad se cuecen al aire libre o en privado, pero no pienso eximir a los padres de este asunto en el que muchos se encojen de hombros o dan carta de normalidad e incluso amparan la situación. Casos reales que conozco: esa mujer con cargo destacado en la judicatura que este verano se preocupaba fundamentalmente de asegurarse que no trascendiera el ingreso en el hospital de su niño desde mucho antes de conocer el parte médico del estado de su chaval; o ese funcionario que, al igual que otro que conozco, este comerciante, se encaró con los polis que acababan de pillar borracho a su vástago por hostigar a su niño en sus ratos de asueto; o esas decenas de padres —he visto los partes— a los que cuando se les llamaba desde Servicios Sociales o Policía para dar cuenta de las andanzas de su hijo ni siquiera respondían.
Es triste, pero los padres o tutores suelen saber que sus hijos matan el tiempo libre bebiendo hasta caer al suelo pero simplemente dejan que pase sin afrontar el problema escudados en esa resignación que le decía antes del “lo hacen todos” o directamente incapaces de constituirse en ejemplo que mire, las últimas estadísticas locales apuntan que casi el 14 por ciento de los adolescentes reconocen beber en casa.
La estadística es oficial, que figura en el Plan de Juventud, donde consta que la edad media de los primeros escarceos con el alcohol está por debajo de los 13 años; que uno de cada cuatro niños entre 12 y 18 años ha bebido alcohol fuera de su casa; que en la misma franja un 70 por ciento de los preguntados en una encuesta han tenido contacto con el alcohol y que uno de cada tres ha bebido 20 veces en el último año. Resulta espeluznante.
Más allá de los voluntariosos convenios como el que se renovó hace un mes entre Alcohólicos rehabilitados, hosteleros, comerciantes, empresarios y ayuntamiento —no sé yo si el grupo está formado por los interlocutores más adecuados para afrontar el fenómeno del botellón— en los que todas las partes ponen cara seria, repasan la estadística y se dicen muy preocupados, parece llegado el momento de tomar medidas serias.
El botellón es ilegal, con agravantes si hay menores, constituye una peligrosa base de partida para graves problemas de salud y sociales para los niños que lo practican y ahora, los hechos de San Martín de la Vega nos recuerdan que también puede matar en el acto… Parece más que suficiente para que se deje de mirar hacia otro lado.
Segovia (1967). Periodista.
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